Artículo de información
José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez
18 de setiembre del 2026
El final de la Guerra del Pacífico dejó al Perú frente a una crisis de enormes proporciones. La firma del Tratado de Ancón, el 20 de octubre de 1883, puso término formal a la guerra con Chile, pero no significó el comienzo inmediato de una recuperación. El país había perdido Tarapacá, mientras Tacna y Arica permanecían bajo una situación todavía pendiente. Las finanzas públicas se encontraban deterioradas, buena parte de la infraestructura había sufrido los efectos del conflicto y el Estado tenía serias dificultades para ejercer autoridad en amplias zonas del territorio. La derrota también había demostrado que el problema peruano no podía explicarse únicamente por la superioridad militar chilena. Detrás de ella existían antiguas divisiones políticas, una administración débil y una sociedad profundamente desigual. El desafío de los años siguientes sería, entonces, reconstruir un país que había perdido recursos, estabilidad y confianza en sus propias instituciones. (Basadre Grohmann, 2005).
La situación económica era especialmente grave porque el Perú ya no contaba con la riqueza fiscal que durante décadas había proporcionado el guano. El Estado debía enfrentar una pesada deuda externa y, al mismo tiempo, necesitaba recuperar la producción, el comercio y la recaudación. Poco a poco comenzaron a adquirir mayor importancia nuevas actividades vinculadas a la exportación, entre ellas el azúcar, el algodón y la minería. La recuperación existió, pero fue desigual. Algunos sectores de la costa consiguieron reorganizarse con mayor rapidez, mientras extensas regiones del interior permanecieron alejadas de los beneficios de esa reactivación. El país empezaba a levantarse, aunque lo hacía sobre una estructura económica distinta y todavía muy frágil. (Contreras Carranza & Cueto, 2013).
El Segundo Militarismo y la lucha por reconstruir el Estado
Miguel Iglesias quedó ligado a una de las decisiones más difíciles de la posguerra: aceptar una paz que implicaba pérdidas territoriales importantes. Para quienes consideraban que el Perú ya no tenía posibilidades reales de continuar la guerra, la negociación era inevitable; para sus adversarios, significaba aceptar condiciones demasiado duras. Andrés Avelino Cáceres, cuya figura había ganado enorme prestigio durante la resistencia en la sierra, rechazó el gobierno de Iglesias y encabezó una oposición que pronto terminó en un nuevo enfrentamiento armado. De esta forma, la salida de las tropas chilenas no trajo consigo una verdadera paz interna. El país, agotado por una guerra internacional, volvió a enfrentarse consigo mismo. Iglesias abandonó el poder en 1885 y, después de un periodo provisional, Cáceres llegó a la presidencia en 1886. El predominio de los jefes militares en aquellos años respondió tanto a su peso político como al vacío institucional que había dejado la derrota. (Guerra Martinière, 1994).
Cáceres recibió un Estado con escasos recursos y con una deuda externa que cerraba prácticamente toda posibilidad de conseguir nuevos créditos. El problema no podía postergarse. Después de largas negociaciones se aprobó en 1889 el Contrato Grace, mediante el cual los acreedores extranjeros asumieron determinados derechos económicos y la administración de los principales ferrocarriles por un periodo prolongado, a cambio de aliviar una parte fundamental de las obligaciones financieras peruanas. La medida provocó resistencia y fuertes discusiones porque significaba entregar el manejo de bienes importantes a intereses foráneos. Sin embargo, el gobierno consideró que seguir acumulando una deuda imposible de pagar condenaba al país a permanecer fuera de los circuitos de crédito internacional. Fue una salida dura, nacida más de la necesidad que de una posición favorable. El Perú negociaba todavía desde las consecuencias de la derrota. (Basadre Grohmann, 2005).
Mientras el Estado trataba de ordenar sus cuentas, la economía comenzaba lentamente a encontrar nuevas bases. El azúcar y el algodón recuperaron importancia en la costa, mientras la minería volvió a ocupar un lugar central en determinadas regiones. Ya no existía la posibilidad de depender de una sola riqueza, como había ocurrido durante la época del guano, y por eso la economía empezó a apoyarse en varias actividades exportadoras. Este proceso fortaleció a propietarios, comerciantes y empresarios ligados al mercado internacional. Al mismo tiempo, hizo más visible la dependencia del país respecto de los precios externos y del capital extranjero. La recuperación permitió obtener nuevos ingresos, pero no modificó de inmediato las grandes diferencias sociales existentes dentro del Perú. (Contreras Carranza & Cueto, 2013).
La sociedad rural mostraba con especial claridad esas diferencias. Muchas comunidades indígenas habían participado en la resistencia durante la guerra, sobre todo en las campañas de la sierra, pero su sacrificio no significó una incorporación real a la vida política después de 1883. En numerosas regiones seguían dominando los grandes propietarios, las autoridades locales y redes de poder que tenían más presencia concreta que el propio gobierno central. Para buena parte de la población, la República continuaba siendo una institución distante. Las leyes hablaban de ciudadanía, pero las condiciones sociales impedían que ese principio se ejerciera de la misma forma en todo el territorio. La guerra había mostrado que el Perú existía como Estado, pero todavía tenía serias dificultades para reconocerse como una comunidad verdaderamente integrada. (Klarén, 2004).
Crisis política y regreso del poder civil
El gobierno de Remigio Morales Bermúdez, iniciado en 1890, no consiguió eliminar las tensiones que habían quedado después del primer gobierno de Cáceres. Su muerte en 1894 volvió a alterar el equilibrio político. Cáceres regresó a la presidencia en medio de fuertes cuestionamientos y una oposición que ya no estaba dispuesta a aceptar la continuidad de su predominio. Nicolás de Piérola consiguió reunir a diversos sectores contrarios al régimen y el conflicto terminó nuevamente en una guerra civil. Los combates de 1894 y 1895 demostraron que, más de diez años después de la firma de Ancón, la política peruana todavía recurría a las armas cuando los mecanismos institucionales no conseguían resolver la disputa por el poder. La lucha llegó hasta Lima y terminó con la salida de Cáceres. Después de una junta provisional, Piérola asumió constitucionalmente la presidencia en septiembre de 1895, iniciando un periodo en el que los sectores civiles ganarían mayor presencia. (Guerra Martinière, 1994).
El segundo gobierno de Nicolás de Piérola estuvo marcado por una búsqueda más decidida de orden administrativo. Se reorganizaron aspectos de la recaudación fiscal, se impulsaron cambios monetarios y se procuró fortalecer las instituciones públicas. También hubo interés por modernizar las fuerzas armadas, algo comprensible en un país donde la memoria de la derrota frente a Chile seguía presente. Pero el cambio más importante se encontraba en el terreno político. Las élites civiles buscaban dejar atrás una etapa dominada por continuas rebeliones y gobiernos militares, y empezaban a presentar la estabilidad como condición indispensable para el progreso. Esa idea tendría un peso considerable en la vida pública de los siguientes años. Sin embargo, el nuevo orden no significó una ampliación inmediata de la participación política. Era un régimen más estable, pero todavía restringido en su base social. (Mc Evoy, 1997).
La recuperación económica favoreció a grupos relacionados con la agricultura de exportación, el comercio, las finanzas y las nuevas inversiones. Esos sectores comenzaron a tener una influencia cada vez mayor sobre las decisiones del Estado. Cuando Eduardo López de Romaña sucedió a Piérola en 1899, el cambio presidencial ocurrió en un ambiente considerablemente más ordenado que el existente al terminar la guerra. La política ya no estaba dominada de la misma manera por los caudillos militares y se abría paso una etapa caracterizada por la presencia de dirigentes civiles vinculados a los principales intereses económicos del país. Ese periodo sería conocido posteriormente como la República Aristocrática. La estabilidad obtenida, sin embargo, tenía límites claros: la mayoría de la población seguía alejada de los principales espacios de decisión. (Contreras Carranza & Cueto, 2013).
Hacia 1900, el Perú había conseguido superar parte del desorden inmediato de la posguerra. El Estado mostraba una mayor capacidad administrativa, las exportaciones volvían a generar ingresos importantes y la sucesión presidencial tenía un carácter más civil que militar. Pero debajo de esa recuperación permanecían problemas que no podían ocultarse. Las diferencias entre la costa y la sierra seguían siendo profundas; la participación política continuaba concentrada en grupos reducidos y numerosas comunidades del interior mantenían una relación débil con el poder central. El país había reconstruido buena parte de sus instituciones, pero todavía no había conseguido integrar plenamente a su sociedad. Esa contradicción marcaría los primeros años del siglo XX: un Estado más ordenado y una economía en recuperación, junto a una nación que seguía arrastrando antiguas diferencias sociales y regionales. (Klarén, 2004).
Bibliografía
Basadre Grohmann, Jorge. (2005). Historia de la República del Perú (1822-1933). Empresa Editora El Comercio.
Contreras Carranza, Carlos, & Cueto, Marcos. (2013). Historia del Perú contemporáneo: Desde las luchas por la independencia hasta el presente (5.ª ed.). Instituto de Estudios Peruanos, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad del Pacífico.
Guerra Martinière, Margarita. (1994). La República (1827-1899). Brasa.
Klarén, Peter F. (2004). Nación y sociedad en la historia del Perú. Instituto de Estudios Peruanos.
Mc Evoy, Carmen. (1997). La utopía republicana: Ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana (1871-1919). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
