Artículo de información
José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez
19 de junio del 2026
La Guerra del Pacífico dejó al Perú sumido en una de las crisis más profundas de toda su historia republicana. La derrota frente a Chile no solamente significó la pérdida de importantes recursos materiales y la destrucción de gran parte de la infraestructura nacional, sino también el debilitamiento de las instituciones políticas, el deterioro de la economía y la fractura de una sociedad que debía enfrentarse a la difícil tarea de reconstruir su futuro. El Estado había perdido buena parte de su capacidad administrativa, la deuda externa era prácticamente impagable y la incertidumbre dominaba la vida cotidiana de la población. En medio de ese escenario surgió una etapa conocida como el Segundo Militarismo, un periodo que la historiografía peruana suele situar entre 1883 y 1895 y que estuvo marcado por la participación predominante de los jefes militares en la conducción del país. Más que un tiempo de predominio castrense, representó el esfuerzo de una nación que intentaba restablecer el funcionamiento de sus instituciones después de una de las mayores derrotas de su historia. (Basadre, 2014).
Los historiadores utilizan la denominación Segundo Militarismo porque el Perú ya había atravesado una primera etapa de predominio militar durante las décadas iniciales de la República, cuando los caudillos surgidos de las guerras de independencia ocuparon los principales espacios de poder. Sin embargo, a diferencia de aquel primer periodo, esta nueva presencia militar fue consecuencia directa de la devastación provocada por la Guerra del Pacífico. No surgió como una disputa entre líderes armados ni como una competencia por el control político, sino como una respuesta excepcional frente a un país profundamente debilitado y necesitado de dirigentes capaces de restaurar sus instituciones. Dentro de ese contexto, Andrés Avelino Cáceres se convirtió en la figura central de una etapa que terminaría definiendo buena parte del rumbo del Perú moderno. (Contreras y Cueto, 2018).
Una República gravemente debilitada
Tras la firma del Tratado de Ancón en octubre de 1883, el panorama nacional era desolador. La administración pública funcionaba de manera precaria, los ingresos fiscales eran insuficientes y numerosos servicios estatales permanecían paralizados. El país debía rehabilitar caminos, recuperar las comunicaciones, reactivar los puertos y devolver operatividad a las instituciones públicas. La magnitud del desafío era tan grande que numerosos intelectuales y dirigentes de la época consideraban indispensable una rápida reorganización del Estado para evitar un mayor deterioro institucional. (Klarén, 2004).
La dirigencia civil atravesaba un momento particularmente débil y carecía de la capacidad suficiente para asumir de inmediato la conducción nacional. En consecuencia, una parte importante de la población depositó sus expectativas en los militares que habían participado en la defensa del territorio. Muchos de ellos eran percibidos como figuras capaces de restablecer el orden y ofrecer una perspectiva de futuro a una sociedad que intentaba recuperarse después de años de incertidumbre. (Basadre, 2014).
El Segundo Militarismo nació precisamente en medio de esa urgencia nacional. Los militares asumieron responsabilidades políticas porque el Perú necesitaba dirigentes capaces de restaurar la autoridad del Estado y afrontar los enormes problemas heredados de la guerra. No fue un proyecto ideológico cuidadosamente diseñado, sino una respuesta práctica a una situación extraordinaria que exigía decisiones rápidas y una conducción firme. Su principal objetivo consistía en evitar un mayor debilitamiento institucional y devolver funcionamiento a unas estructuras estatales que apenas podían sostenerse. (McEvoy, 2017).
Para la generación que sobrevivió al conflicto, la recuperación nacional no era una idea abstracta. Significaba volver a abrir las escuelas, reparar los caminos, reorganizar la recaudación fiscal, recuperar los servicios públicos y devolver cierta normalidad a una sociedad profundamente afectada. Sin embargo, aquella solución también abrió un debate que acompañaría toda la etapa: hasta qué punto era conveniente que los militares permanecieran durante tanto tiempo en la conducción política del país. (Contreras y Cueto, 2018).
Andrés Avelino Cáceres y la conducción del Estado
La imagen pública de Andrés Avelino Cáceres se había consolidado durante la Campaña de la Breña, desarrollada entre 1881 y 1883. En la sierra central organizó una resistencia sostenida junto a comunidades campesinas que participaron activamente en la defensa del territorio peruano. Esa cercanía con la población andina fortaleció su prestigio y permitió construir una figura que trascendería el ámbito estrictamente militar para convertirse en un símbolo nacional de perseverancia y resistencia. Su liderazgo también destacó por la participación activa de comunidades campesinas andinas, cuya colaboración durante la Campaña de la Breña fortaleció los vínculos entre la población rural y la figura del futuro presidente. (Basadre, 2014).
El apelativo de Brujo de los Andes surgió a partir de la capacidad estratégica que demostró durante aquellas campañas. Sus desplazamientos resultaban difíciles de anticipar y su habilidad para reorganizar a sus tropas en condiciones extremadamente adversas alimentó una imagen que con el paso de los años se incorporó a la memoria histórica del país. Más que una leyenda, el sobrenombre expresaba el respeto que despertaba entre sus seguidores y la preocupación que generaba entre sus adversarios. (Klarén, 2004).
Tras la firma del Tratado de Ancón, Cáceres encabezó una oposición política al gobierno de Miguel Iglesias. Las diferencias desembocaron en una guerra civil que culminó con su llegada a la presidencia en 1886. A partir de ese momento, su principal tarea consistió en reconstruir el funcionamiento del Estado y establecer las bases de una recuperación sostenida que permitiera devolver gobernabilidad a la República. (Contreras y Cueto, 2018).
Durante su gobierno impulsó reformas administrativas, reorganizó las Fuerzas Armadas, promovió su profesionalización y fortaleció los mecanismos de recaudación fiscal. Asimismo, buscó restablecer la capacidad operativa de las instituciones públicas y recuperar progresivamente algunos servicios esenciales que habían quedado paralizados después de la guerra. No obstante, sus críticos advertían que la prolongada presencia militar en la política podía dificultar la consolidación de un sistema democrático plenamente civil. Esa tensión acompañó toda su gestión y terminaría influyendo en el desenlace del Segundo Militarismo. (McEvoy, 2017).
La continuidad política y el gobierno de Remigio Morales Bermúdez
El Segundo Militarismo no estuvo compuesto únicamente por los gobiernos de Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Entre ambos periodos presidenciales se desarrolló el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, entre 1890 y 1894, quien mantuvo la línea política iniciada años antes y aseguró cierta continuidad administrativa en un momento particularmente delicado para el país. (Basadre, 2014).
Aunque su figura suele recibir menor atención en los estudios históricos, su gestión contribuyó a mantener los esfuerzos de recuperación económica y de consolidación institucional iniciados durante el primer gobierno de Cáceres. Su fallecimiento en 1894 abrió nuevamente una etapa de inestabilidad política que facilitaría el retorno de Cáceres a la presidencia y el posterior conflicto con los sectores opositores. (Contreras y Cueto, 2018).
El Contrato Grace y la reconstrucción económica
Uno de los mayores problemas que enfrentó el gobierno de Cáceres fue la deuda externa. El Perú arrastraba compromisos financieros adquiridos durante décadas y no contaba con los recursos suficientes para cumplir sus obligaciones internacionales. Sin una solución inmediata, cualquier intento de recuperación nacional corría el riesgo de fracasar y prolongar la crisis durante muchos años más. (Basadre, 2014).
En ese contexto se negoció el Contrato Grace en 1889. El acuerdo permitió reestructurar la deuda externa y normalizar las relaciones financieras con los acreedores británicos mediante la concesión de la administración de los ferrocarriles peruanos a una empresa británica durante sesenta y seis años, además del compromiso de realizar nuevas inversiones destinadas a mejorar la infraestructura ferroviaria. La medida buscaba recuperar la confianza internacional y evitar la quiebra financiera del Estado. (Contreras y Cueto, 2018).
Las interpretaciones sobre esta decisión continúan divididas. Algunos historiadores consideran que fue una medida inevitable para impedir el colapso económico y garantizar la supervivencia financiera del país. Otros sostienen que representó una cesión excesiva de recursos estratégicos a intereses extranjeros y una muestra de la dependencia económica que caracterizó a la etapa posterior a la guerra. Precisamente esa controversia explica por qué el Contrato Grace sigue siendo uno de los episodios más debatidos de la historia económica peruana. (Klarén, 2004).
Más allá de las posiciones enfrentadas, el acuerdo permitió estabilizar parcialmente las finanzas públicas y facilitó la reactivación de algunos proyectos de modernización. También puso en evidencia las enormes limitaciones de un Estado que intentaba reconstruirse sin disponer de los recursos necesarios para hacerlo de manera autónoma. (Basadre, 2014).
El final de una etapa decisiva
El segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, iniciado en 1894, estuvo marcado por un creciente desgaste político. Las denuncias sobre irregularidades electorales y el fortalecimiento de los movimientos civiles incrementaron el descontento social. La oposición, encabezada por Nicolás de Piérola, terminó desencadenando una nueva guerra civil que modificaría el rumbo político del país. (Contreras y Cueto, 2018).
La victoria de Piérola en 1895 puso fin al Segundo Militarismo y abrió una nueva etapa conocida como la República Aristocrática. A partir de entonces, las élites civiles asumieron la conducción del Estado y comenzó un proceso político que marcaría buena parte del inicio del siglo XX. El Segundo Militarismo constituyó, de este modo, un puente entre la República devastada por la guerra y una nueva etapa de predominio civil que buscó consolidar el funcionamiento institucional del país. (Basadre, 2014).
La figura de Andrés Avelino Cáceres permanece como una de las más complejas de la historia republicana peruana. Héroe militar para unos y gobernante controvertido para otros, su legado continúa siendo objeto de debate. Sin embargo, resulta imposible comprender la reconstrucción del Perú moderno sin estudiar el papel que desempeñó durante los años del Segundo Militarismo, una etapa en la que la República intentó levantarse nuevamente después de la derrota. Comprender ese periodo significa entender cómo el Perú consiguió sobrevivir a una de las mayores crisis de su historia y sentó las bases del restablecimiento institucional que marcaría las décadas posteriores. El Segundo Militarismo no fue únicamente un tiempo de gobiernos militares, sino el difícil proceso mediante el cual una República profundamente debilitada intentó recuperar la confianza en sí misma. (McEvoy, 2017).
Bibliografía
Basadre, J. (2014). Historia de la República del Perú (1822-1933). Lima: El Comercio.
Contreras, C., & Cueto, M. (2018). Historia del Perú contemporáneo. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
Klarén, P. F. (2004). Nación y sociedad en la historia del Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
McEvoy, C. (2017). La utopía republicana: Ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana (1871-1919). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
