También determinaron un pago de S/850.000 como reparación civil y se dio orden de captura para su internamiento.
La fiscalía acusó a la gestión de Vladimir Cerrón de entregar S/800.000 a la empresa La Oroya cuando no le correspondía. Los funcionarios argumentaron que se trató de una conciliación ejecutada por el procurador del gobierno regional y está de acuerdo a ley.
