Un vacío legal enfrenta el Congreso de la República para inhabilitar del cargo a Humberto Acuña Peralta (Alianza para el Progreso), a quien la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Lambayeque le ratificó, en segunda instancia, una condena de tres años de prisión suspendida.

Según la resolución judicial, quedó acreditado que el legislador, cuando era gobernador regional en el 2014, sobornó con 750 soles al expolicía anticorrupción Joel Ugaz, a fin de que elabore una falsa declaración en una investigación que se le hacía.

NO ENCAJA. Por ello, Acuña fue condenado por delito culposo y con pena suspendida, variables que no están contempladas en el Reglamento del Legislativo.

El artículo 25 de dicha norma establece que el reemplazo de un congresista por su accesitario ocurre con una “sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso”.

Sobre el tema, César Aliaga, especialista en derecho parlamentario, aseguró que sí hay una “laguna normativa”, pero que esta no es óbice para que el Congreso actúe.

Recordó que existe el antecedente del excongresista Alejandro Yovera,quien tuvo una sentencia similar a Acuña. “El Consejo Directivo aprobó de forma directa su destitución”, detalló.

Agregó que en el caso del apepista se tiene que esperar que el Poder Judicial notifique la sentencia al Congreso.

“Luego se debe citar al Pleno y ahí aprobarse una Resolución Legislativa que lo destituya”, puntualizó.