Michael Weintraub*

Hay pocos crímenes tan aborrecibles como la violación de un menor de edad. Sin embargo, hay profundas razones de dudar sobre la necesidad y conveniencia del proyecto de ley que busca imponerla.

El martes 20 de agosto fue radicado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo que busca imponer la cadena perpetua para violadores de menores. Hay pocos crímenes tan aborrecibles como la violación de un menor de edad. Sin embargo, hay profundas razones de dudar sobre la necesidad y conveniencia de este proyecto. A la hora de determinar si deberíamos ampliar penas de cárcel es importante considerar los beneficios y costos esperados.

El supuesto de este proyecto es que ayudará a disuadir a posibles violadores. Pero ¿qué tan factible es que el incremento de algunos años a la pena por este delito cambie el comportamiento de potenciales violadores de menores? Como se ha mostrado en la criminología, la severidad de la pena no es el factor determinante para que la disuasión funcione. El recientemente fallecido criminólogo Mark Kleiman demostró que la certeza del castigo y la rapidez de su aplicación son factores más poderosos en la disuasión del delito. Esto se debe en parte al hecho de que los criminales suelen ser miopes: la idea de pasar algunos años adicionales en la cárcel en el futuro lejano no es suficiente para cambiar su comportamiento en el presente.

Es por esta razón que la pena de muerte en Estados Unidos, por ejemplo, no ha sido un factor disuasivo para la comisión de crímenes de alto impacto. Más bien deberíamos en enfocarnos en reducir las altas tasas de impunidad para estos crímenes, especialmente en aumentar la probabilidad de captura de los culpables (mejorando la investigación criminal e introducir el uso de bases de datos confiables de ADN, por ejemplo), mejorando el proceso de denuncia y trato hacia las víctimas y reduciendo el tiempo de judicialización de los acusados. Igual, a la hora de pensar en mantener a una persona presa por toda su vida, hay que considerar no solamente la posibilidad de su reincidencia después de su salida de la prisión, sino el costo social de mantenerlo preso.

En muchas dimensiones el crimen es demasiado costoso: un estimado en El Espectador, por ejemplo, revela que en Colombia más o menos cuesta $11 millones mantener preso a un individuo por un año. Más allá del costo directo (que el Estado paga con los impuestos de los colombianos), hay otros costos escondidos asociados a la imposibilidad de las personas encarceladas de ganar un sueldo, negando las familias de los convictos un apoyo económico, etc. Es decir, debemos ser honestos sobre los costos de aumentar las penas.

Este proyecto de acto legislativo está muy en línea con una tendencia en toda América Latina hacia el populismo punitivo. En Brasil, México y Colombia, encuestas muestran claramente que la gran mayoría de los ciudadanos creen que para reducir el crimen hay que aumentar penas. Es mucho más fácil tramitar leyes como el proyecto discutido aquí que son populares y que esconden sus costos en vez de buscar reformas institucionales que si bien podrían demorarse en su implementación y resultados podrían tener el impacto esperado: reducir la violación sexual de menores. La pregunta es si estamos realmente comprometidos con la prevención de estos crímenes abominables o si preferimos tapar el sol con un dedo.

*Profesor asociado de la Escuela de Gobierno; Director del Área de Seguridad y Violencia del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), Universidad de los Andes