Sandro Pozzi

Las investigaciones que rodean a Donald Trump no se acaban con la publicación del informe Mueller. Los abogados del presidente de Estados Unidos tratan ahora de cerrar los múltiples frentes derivados de la investigación y este lunes presentaron una demanda para impedir que los demócratas tengan acceso a los detalles de sus finanzas personales y de su empresa. Las investigaciones impulsadas por diversos comités parlamentarios se solapan con las de fiscales de distintas jurisdicciones que examinan sus prácticas de negocio, los pagos a mujeres antes de las elecciones para que no desvelaran escándalos sexuales y el origen del dinero que recaudó para celebrar la toma de posesión.

Nunca antes en la historia del país el jefe del Ejecutivo estuvo expuesto a tantos frentes legales a la vez, centrados en su conducta antes y desde de que asumiera el cargo. Los demócratas, que tiene mayoría en la Cámara de Representantes desde las elecciones legislativas de noviembre, van ahora a la búsqueda de evidencias para tratar de probar abusos e incluso corrupción. “El requerimiento de información del presidente [Elijah] Cummings —el demócrata al frente del Comité de Supervisión— es inválido e inaplicable porque carece de un propósito legislativo legítimo”, afirman los abogados de Trump y su empresa.

El daño que puede causar estas investigaciones a Trump y su todo entorno es una incógnita. El informe Mueller no determina que Trump violara la ley, pero sí contribuyó a activar 14 investigaciones separadas en una cascada que pone la lupa en su imperio empresarial y su presidencia. Los fiscales federales en Brooklyn y Manhattan, por ejemplo, investigan cada uno por su cuenta los 107 millones de dólares que recibió el comité inaugural. Tratan de determinar si los donantes recibieron algún favor a cambio de sus generosas contribuciones a la gran celebración.

Siempre en este frente, se examina si hubo nacionales extranjeros que hicieron contribuciones al comité, algo que está terminantemente prohibido. También en Nueva York, quien fuera su abogado personal, Michael Cohen, juró ante un juez federal que su antiguo jefe le ordenó sobornar a la actriz porno Stormy Daniels y a la modelo Karen McDougal. Se declaró culpable de haber violado la legislación electoral y está a la espera de ingresar en prisión en mayo.

Fraudes

Los fiscales neoyorquinos abrieron este expediente a petición de Mueller, con quien Cohen accedió a cooperar. También facilitó al Congreso copia de un cheque firmado por Trump para reembolsarle los pagos. Otros cheques llevaban la estampa de Donald Trump Jr. y Allen Weisselberg, el director financiero de la organización familiar. Así se buscaba ocultar el fraude electoral. El presidente respondió diciendo que no nunca pidió a su abogado que se saltara la ley.

El testimonio de Cohen llevó a las autoridades de Nueva York a investigar también hasta qué punto Trump exageró su fortuna para conseguir préstamos en condiciones favorables para sus proyectos inmobiliarios y la compra de los Buffalo Bills. La fiscal Letitia James acaba de hacer un requerimiento de información a Deutsche Bank. En paralelo, el Departamento de Finanzas examina como manipuló el valor de sus activos e investiga a su fundación.

Impuestos

El presidente también afronta varias investigaciones en el Congreso. Los demócratas, utilizando como base el testimonio de Cohen, empezaron a demandar información que arroje luz en sus finanzas personales. El demócrata Elijah Cummings reclama en concreto ocho años de documentos de Trump y varios de sus negocios. En paralelo se pidió a la agencia que se encarga de la recaudación de impuestos las declaraciones del presidente desde 2013 a 2018. Le da de plazo hasta el 23 de abril. Pero el Departamento de Tesoro se resiste a cumplir el requerimiento.

Para conocer mejor las finanzas del presidente, dos comités solicitaron documentos a Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y entre un total de nueve instituciones que trabajaban con la corporación del magnate. “El potecial uso del sistema financiero de EE UU con propósitos ilícitos es muy preocupante”, afirma la demócrata Maxine Waters, presidenta del comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

Influencia externa

En paralelo, se solicitó información a 81 personas y organizaciones vinculadas con los negocios de Trump o su gobierno, como la antigua directora de comunicación Hope Hicks o su primer jefe de gabinete, Reince Priebus. Se trata, según los demócratas, de “explorar” si los bancos o el círculo del presidente encubrieron relaciones ilícitas con negocios o individuos en Rusia. Las investigaciones, por tanto, tratan de determinar si hay una inflencia externa en el proceso político.

Trump se niega en rotundo a cooperar, en un claro desafío legal que está poniendo a prueba hasta donde llega el poder del legislativo. Está dispuesto a llevar la batalla al Tribunal Supremo. El presidente denuncia que estas investigaciones están políticamente motivadas y las califica de una “acoso a la presidencia”. De su lado tiene a los congresistas republicanos, que consideran que estás maniobras son un claro abuso de autoridad.