En el Perú existe un déficit considerable en el acceso a la justicia de personas o comunidades de escasos recursos que, si se ven inmersas en un proceso judicial, no pueden costear los gastos que demandaría contratar una asesoría legal y tampoco reciben esta asistencia desde el Estado.

Para cubrir en alguna medida esa brecha, reconocidos estudios de abogados de Lima se organizaron con la finalidad de prestar servicios legales de calidad en forma gratuita a favor de estos grupos y de las asociaciones que las asisten. Es el llamado trabajo Pro Bono, una práctica común a escala mundial, que desde hace varios años se desarrolla en el país.

Diferencias

“El trabajo Pro Bono se debe diferenciar de la filantropía, pues no consiste en efectuar colectas o donar dinero a distintas causas, actividades estas que son en sí mismas también fundamentales. En el caso del trabajo Pro Bono, lo que se busca es ofrecer servicios legales de calidad de manera gratuita a los que lo necesiten y no puedan costearlo”, afirma el primer presidente de la Alianza Pro Bono en el período 2013-2016, Enrique Felices.

El también socio del estudio de abogados Miranda & Amado recuerda que en el país los bufetes realizaron durante mucho tiempo esta labor de manera inorgánica, pero se empezó a hacer de forma organizada con la firma de la Declaración Pro Bono para el Continente Americano hace más de 15 años, iniciativa que impulsó el Cyrus R. Vance Center para la Justicia Internacional del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York.

“El Centro Vance invitó a estudios de abogados de todo el continente a comprometerse a dedicar por lo menos 20 horas al año de sus abogados al trabajo Pro Bono. Miranda & Amado fue uno de los estudios que suscribió esa declaración y en el 2013, una de las firmas fundadoras de lo que hoy es la Alianza Pro Bono, que organiza este trabajo en el ámbito local y cuenta actualmente con la participación de 16 estudios de abogados”, detalla Felices.

Coordinación

La Alianza Pro Bono tiene su organización administrativa, con socios y coordinadores de cada bufete, que analiza las solicitudes de atención jurídica gratuita, las evalúan y las filtran en un sistema al que acceden todos los abogados para que puedan tomar los casos que correspondan a sus áreas de práctica.

“Los estudios toman los casos principalmente de acuerdo con sus habilidades y temas de interés. Por la propia naturaleza de nuestro trabajo, en Miranda & Amado nos orientamos hacia temas corporativos, tributarios, laborales”, señala María Teresa Serpa, coordinadora Pro Bono del bufete.

Concurso

Una iniciativa de la Alianza Pro Bono que tuvo éxito y repercusión en el continente es el Desafío Pro Bono, que se repitió en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela, destaca el bufete.

Se trata de un concurso anual dirigido a estudiantes de Derecho, que presentan proyectos de incidencia social que la Alianza toma y los ejecuta junto con ellos. El objetivo es que tomen conciencia e interés en el trabajo Pro Bono.

Así, por ejemplo, nació una clínica de derecho a la identidad en la Universidad Católica que, de la mano con la ONG Taller de los Niños en San Juan de Lurigancho, asiste, en su mayoría, a madres menores de edad en materias relativas a documentos de identidad que son fundamentales para el ejercicio de sus derechos.