El enfoque de género o “perspectiva de igualdad de género” es una forma de análisis que evidencia cómo es que determinados hechos o situaciones afectan de manera distinta a los hombres y a las mujeres. Así, implica un análisis con sensibilidad de género motivado por lograr la equidad entre hombres y mujeres.

Por ello, la adopción de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito institucional supone un proceso de cambio en la acostumbrada forma de ejercer la función y el servicio públicos, que propicia, a su vez, ajustes en las estructuras institucionales, así como la flexibilización en los procedimientos y prácticas rígidas diseñados para el funcionamiento estatal.

En ese sentido, al ser el sistema de administración de justicia el actor más importante en la ejecución de la política pública de lucha contra la violencia de género, el enfoque o perspectiva de género debe ser incorporado y practicado en el ejercicio de la función judicial y fiscal.

Así se pronunció el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia recaída en el Exp. N° 01479-2018-PA/TC, publicada en su portal web hoy 08 de marzo de 2019.

En dicha sentencia, el TC resolvió un proceso de amparo promovido por una mujer, cuya identidad se mantuvo en reserva, que sostuvo haber sido dopada y violada en estado de inconsciencia por un médico de la Fuerza Área del Perú y que, pese a haber formulado las denuncias respectivas contra las autoridades del Ministerio Público, no logró que se formulara la denuncia respectiva contra el médico agresor. Esto vulneró, de acuerdo al TC, el derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Al fundamentar su decisión, el Colegiado Constitucional estimó que, de manera histórica, las mujeres han sido excluidas del espacio público, en tanto que su presencia en distintos contextos sociales ha sido obligada a manifestarse como subordinada. Así, consideró que todavía existen rezagos de las diferencias culturalmente creadas entre hombres y mujeres en muchas sociedades y que el Perú no escapa de esta realidad.

De esta manera, ante las desigualdades culturalmente concebidas que contribuyen a la creación de problemas estructurales, como la violencia contra la mujer, el TC estimó que no es suficiente propiciar normativa que se proponga tutelar los derechos de las mujeres y el respeto que como personas iguales en dignidad, sino que consideró necesario aplicar la perspectiva de la igualdad de género.

La obligación de incorporar la perspectiva de igualdad de género

En este sentido, el Colegiado sostuvo que “la perspectiva de igualdad de género, entendido como una nueva mirada a la desigualdad y a la situación de vulnerabilidad de las mujeres, se presenta como una herramienta metodológica que necesariamente debe ser empleada en el ámbito institucional (y también en el ámbito privado), ya que ayuda a la materialización de las medidas públicas adoptadas para lograr una real igualdad en derechos entre hombres y mujeres, y porque también constituye un instrumento instrumento ético que dota de legitimidad a las decisiones institucionales que se tornen en aras de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria”.

Igualmentre, el TC refirió que “[L]a adopción de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito institucional supone un proceso de cambio en la acostumbrada forma de ejercer la función y el servicio públicos, que propicia, a su vez, ajustes en las estructuras institucionales, así como la flexibilización en los procedimientos y prácticas rígidas diseñados para el funcionamiento estatal”.

¿Cuál debe ser la actuación del sistema de Justicia?

Siguiendo esta línea, el Colegiado sostuvo que “cuando un juzgado o una fiscalía manifiesta una conducta insensible ante la discriminación en contra de las mujeres y ante los distintos tipos de violencia de la que estas pueden ser objeto (…) también impide el acceso a la justicia y la reparación del daño a la víctima, genera impunidad, y convierte a la autoridad y a la sociedad en cómplices de la violencia”.

Finalmente, el TC estimó que eliminar la desigualdad y promover la defensa de la mujer es un fin constitucional que involucra principalmente al Estado. Por ello, afirmó que” el sistema de administración de justicia se encuentra especialmente comprometido con ese fin constitucional (…) en particular, en lo que a la violencia de género respecta, toda vez que la labor técnica que pueda desplegar el sistema de justicia incide directamente en la tarea de su erradicación de nuestra sociedad”.

Así, sostuvo que, en un Estado Constitucional, los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), tienen que actuar de manera interrelacionada y coordinada para combatir la discriminación contra las mujeres y la violencia de género. No obstante ello, reconoció al sistema de administración de justicia como el “actor –probablemente el más importante– en la ejecución de la política pública de lucha contra la violencia de género y, por ello, el enfoque o perspectiva de género debe ser incorporado y practicado en el ejercicio de la función judicial y fiscal”.

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