El Tribunal Constitucional (TC) exhortó a las autoridades competentes a cumplir con la atención médica pronta y de calidad para la población penal con problemas de salud mental en el país.

Fue mediante la STC Nº 04007-2015-PHC/TC, en la que se resalta la preocupante situación de las personas recluidas en los centros penitenciarios, que a pesar de que su situación las hace propensas a adquirir un problema de salud mental o a profundizarlo, no reciben una adecuada atención.

La decisión, además, fue relievada por la Defensoría del Pueblo, por atender las recomendaciones expuestas por esta entidad mediante sus informes defensoriales sobre el derecho a la salud mental y de los retos del sistema penitenciario peruano.

En ellos, la institución dio cuenta de que se mantiene el estado de inconstitucionalidad respecto a la situación de las personas con medida de internación en el país y puso en evidencia la falencia en el servicio de salud en este sistema.

Lineamientos

Así, luego de evidenciar el problema estructural, el máximo colegiado declara un estado de cosas inconstitucional respecto a la situación de la salud mental de las personas internadas en los establecimientos penitenciarios de nuestro país.

Ordena, de esta forma, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), así como al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), en coordinación con el Ministerio de Salud, diseñar, proponer y ejecutar un plan de acción que pueda asegurar, hasta enero del 2021, la disponibilidad y accesibilidad del servicio de salud mental de las personas privadas de su libertad en el país.

Ordena al Inpe que elabore, en coordinación con el Minsa, en un plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha de publicación de la presente sentencia, un protocolo para detectar y tratar a un interno que sufre de alguna enfermedad mental.

El documento deberá tener como objetivo detectar, diagnosticar y tratar a los internos que sufran algún tipo de trastorno mental (atención clínica); mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales (rehabilitación) y optimizar la reincorporación social y la derivación adecuada a un recurso sociosanitario comunitario.

Solicitar al Inpe que identifique, en coordinación con el Minsa, en un plazo máximo de 12 meses, contados desde la fecha de publicación de la norma, el total de la población penitenciaria que padece de algún tipo de trastorno mental.

Para este tribunal, la sentencia en análisis no busca de ningún modo reemplazar a las autoridades citadas en el ejercicio de sus funciones, sino más bien restablecer la capacidad funcional de estas en la protección de una masiva violación de derechos fundamentales.

Asegurar finalmente mayor coordinación para destinar el presupuesto que asegure la ejecución de estas medidas.