Paul Herrera

El Tribunal Constitucional (TC) reconoció el derecho fundamental a la protesta y determinó su contenido constitucionalmente protegido.

Fue al declararse infundada una demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo único del Decreto Legislativo Nº 1237 que modifica el artículo 200 del Código Penal relativo al delito de extorsión, por no alcanzarse los cinco votos conformes para dictar sentencia que declare la inconstitucionalidad de esta norma.

Se trata de la demanda correspondiente al Expediente Nº 00009-2018-PI/TC, sometido a votación en sesión del pleno administrativo y jurisdiccional no presencial del TC.

Lineamientos

A criterio de este colegiado, la democracia representativa rige nuestro sistema constitucional y está prevista en el artículo 45 de la Constitución, según el cual el poder del Estado emana del pueblo y quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades constitucionales y legales.

Sin embargo, el TC también considera cierto que la democracia representativa puede atravesar por crisis donde se ponga en cuestionamiento la capacidad de los representantes para expresar la voluntad real y auténtica de los representados.

En esos contextos de crisis, adquiere mayor relevancia el reconocimiento y garantía de la protesta con fines legítimos y en el marco de la legalidad imperante, siempre que esta última sea conforme a la Constitución, por cuanto en tal entendido tal protesta, con tales características, constituirá una genuina expresión de la soberanía popular, precisa el colegiado.

Además, advierte que la protesta se erige también como un auténtico mecanismo de expresión y eventual reivindicación de las minorías que no logran ser representadas en los ámbitos institucionales a los que solo acceden legítima y legalmente las mayorías.

De forma tal que la omisión, en cuanto a su reconocimiento y garantía desde el Estado, no solo menoscabaría profundamente las posibilidades reales de presentar sus demandas a quien corresponda, siempre que estas sean legítimas y legales de acuerdo con el orden público constitucional, sino también que tal omisión contravendría un principio basilar del Estado peruano, de acuerdo con la Constitución, como es el pluralismo, en sus manifestaciones política, ideológica, de pensamiento y creencias, detalla el TC.

Así, este tribunal considera que resulta una exigencia del orden público constitucional el reconocimiento del derecho a la protesta como derecho fundamental, a la luz de las opciones valorativas reconocidas por nuestro ordenamiento constitucional, entre las que destaca como prisma fundamental el principio democrático y su plasmación jurídica en la Constitución como marco garantista, lo que debe extenderse también a contextos de cambio y crisis de la representación.

A su vez, determina que este derecho asiste a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder, sea este último público o privado, sobre la base de aspiraciones legítimas de quienes protestan y siempre que se respete la legalidad conforme al orden fundamental. Y es que la expresión de la crítica pública en democracia, así como el proceso de su elaboración y la construcción del pensamiento crítico son fundamentales para la comunidad política, añade el tribunal.

Con ello, su reconocimiento se encontraría ligado directamente al principio democrático, en consonancia con otro principio igualmente fundamental, como es el de supremacía constitucional, que le sirve de marco de actuación, pero, especialmente, como fuente de legitimidad, explica el TC.

Por lo tanto, concluye que tras la eventual vulneración o amenaza de vulneración del derecho fundamental a la protesta le asiste la protección constitucional institucional y procesal (de conformidad con el artículo 37 del Código Procesal Constitucional) que la Norma Fundamental otorga al resto de atributos y libertades expresamente reconocidas por ella.

En relación con su contenido constitucionalmente protegido, el TC determina que este derecho comprende la facultad de cuestionar, de manera temporal o periódica, esporádica o continúa, por medio del espacio público o mediante medios de difusión (materiales, eléctricos, electrónicos, virtuales y/o tecnológicos), de manera individual o colectiva, los hechos, situaciones, disposiciones o medidas (incluso normativas) por razones de tipo político, económico, social, laboral, ambiental, cultural, ideológico o de cualquier otra índole, que establezcan los poderes públicos o privados.

Esto con el objeto de obtener un cambio del status quo en los ámbitos local, regional, nacional, internacional o global, siempre que ello se realice sobre la base de un fin legítimo según el orden público constitucional, y que en el ejercicio de la protesta se respete la legalidad que sea conforme con la Constitución, precisa el colegiado.

Naturaleza y titularidad

En cuanto a la naturaleza del derecho fundamental a la protesta, el TC considera que se trata de un derecho relacional de libertad y que, como tal, implica la no injerencia del Estado en su ejercicio o realización. No obstante, los derechos fundamentales demandan del Estado distintos deberes, más allá de la sola no injerencia o interferencia, lo que también se aprecia en el caso del derecho fundamental a la protesta.

Como es el caso del deber de protección del derecho ante la obstaculización proveniente de terceros, entre otros, refiere el colegiado. Respecto a su titularidad, el TC señala que este derecho asiste, en principio, a toda persona, sin que quepa condicionar el reconocimiento de este por los motivos prohibidos establecidos acorde al inciso 2 del artículo 2 de Constitución, esto es, de origen, opinión, etcétera.

No obstante, en lo que respecta a la titularidad del derecho fundamental a la protesta que asiste a los servidores públicos, no se encuentran comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los jueces y fiscales, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por el carácter esencial de los servicios que prestan, detalla.