A raíz de la aprobación, por insistencia, de la ley que elimina progresivamente el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), la autoridad del servicio civil se pronunció calificando a la norma como inconstitucional. Así también sostuvo que esta ley perjudica las finanzas de las entidades públicas, ya que desembolsarán dinero no presupuestado.

El Congreso de la República aprobó, este 4 de marzo de 2021, por insistencia, con 105 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones, el pase progresivo de los servidores del régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a los regímenes de los Decretos Legislativos 728 o 276, según corresponda.

Ante dicha situación, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), ha indicado que la decisión del Congreso es inconstitucional, “pues el dictamen aprobado vulneraría los artículos 79 y 43 de la Constitución, toda vez que el Congreso no tiene iniciativa de gasto ni competencia sobre la gestión de los recursos humanos en el Estado, siendo esta de competencia exclusiva del Ejecutivo”.

Así también, SERVIR menciona que la decisión no afronta el problema de la discriminación en los regímenes públicos, sino que lo agrava, pues la incorporación automática de los trabajadores CAS sin concurso público de méritos afectaría la meritocracia.

Del mismo modo, la autoridad del servicio civil mostró su preocupación en relación al presupuesto público que se vería comprometido negativamente con la entrada en vigencia de esta ley.

“La decisión tendrá un impacto negativo en las finanzas de las entidades públicas, las cuales deberán desembolsar un 25% más de recursos no presupuestados (S/ 3637 millones anuales), lo que repercutiría en las prestación de servicios públicos”, afirmó SERVIR.

Por otro lado, también se advierte que los regímenes de los Decretos Legislativos 728 y 276 no garantizarían lo que requiere la reforma del Servicio Civil, “lo cual sería: un régimen más ordenado, fiscalmente responsable y planificado, con estabilidad, concursos públicos, meritocracia, mejores condiciones laborales, capacitación y evaluaciones periódicas”.

Finalmente, el comunicado institucional de SERVIR reafirma la constitucionalidad del régimen temporal del CAS mientras se continúa impulsando la reforma del Servicio Civil para acabar con la inequidad y discriminación en la contratación de los servidores públicos.

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