JUANJO BUENO

Un nuevo sector, renovado, de la Arquitectura es posible. Al menos, es lo deseable por todo el colectivo. Un reto que no ha caído en saco roto y ya tiene puesta su primera piedra con la reciente constitución de un Patronato Social, promovido por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (CSCAE), y en el que tendrán cabida desde empresas y fundaciones hasta los distintos agentes involucrados en el proceso constructivo.

Y es que este sector tiene bastantes asuntos pendientes que reclaman la atención de las diversas Administraciones Públicas. Tanto es así que, durante la presentación de este Patronato y ante un nutrido grupo de empresarios y políticos, desde el CSCAE se demandaron urgentes cambios legislativos. Fundamentalmente, tres: una nueva Ley de Contratos, actualmente en trámite parlamentario, que permita al sector competir por la calidad y no por el precio; una necesaria actualización del Código Técnico de la Edificación (CTE) de 2007, que según manifestó Antonio Aguilar, director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, estará lista en los próximos ocho meses; y una Ley Estatal de Arquitectura y Habitabilidad, similar a la ya existente en Cataluña, que desde el año 2011 presta la atención de los arquitectos y que tiene en su leitmotiv la puesta en valor de la profesión y la protección del patrimonio. Una futura ley que, no en vano, aclamó el propio representante del Gobierno.

A diferencia de países como Francia, España carece de una regulación general de la Arquitectura. Tal como el CSCAE pone de manifiesto en uno de sus informes, “las instituciones representativas de la profesión, los arquitectos y algunas administraciones públicas se han hecho eco de la perentoria necesidad de aprobar, al más alto nivel, instrumentos jurídicos que eleven la Arquitectura a una disciplina de interés general”. Igualmente, aboga por dignificar una profesión que en 2016 “censó” en aproximadamente 50.000 arquitectos colegiados en toda España, con un valor de mercado de 500 millones de euros, una relación que, sin embargo, la sitúa en las posiciones más bajas de Europa, por detrás de países como Holanda o Reino Unido.

El presidente del CSCAE, Jordi Ludevid, también defiende la oportunidad de contar con una Oficina de Exportación de arquitectura, que no sólo desplace a los arquitectos a otros países, “sino que aproveche el potencial de nuestra arquitectura en el mundo para exportar toda la cadena de valor”. Nuevamente, Francia o Países Bajos ya tienen en marcha este tipo de Oficina.

Con todo, los arquitectos se muestran conscientes de la necesidad de elaborar un mapa estratégico capaz de resolver las demandas anteriores y otras, de igual calado: más recursos para el Plan Estatal de Vivienda, mayor apoyo a la rehabilitación integral de edificios y barrios, una urgente regulación del nuevo planteamiento urbanístico, la implantación de la metodología y la tecnología BIM (Building Information Modeling), el impulso de la Agenda Urbana Europea, la transposición de las nuevas Directivas europeas de eficiencia energética, cambios normativos para la definición de los edificios de consumo casi nulo en España, analizar qué es vivienda digna o la profesionalización del sector con una vigilancia de mercado en apoyo de la calidad.

Queda mucho por hacer, pero, como se encargaron de decir los profesionales, la buena arquitectura no es un lujo, sino un derecho de la sociedad. Tomemos nota.


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