El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, conversó con El Comercio en víspera de la audiencia donde el Poder Judicial revisará el recurso de casación de Keiko Fujimori. Vela cuestiona el requerimiento del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, a favor de que se anule la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular por emitirse a menos de 48 horas de la audiencia y el día del partido Perú-Chile. Subraya que es un modus operandi similar a su cese en diciembre pasado, por parte del entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry, y parte de una “planificación estratégica para favorecer” a la lideresa de Fuerza Popular.

– ¿Qué significa para usted que el fiscal supremo Rodríguez Monteza haya pedido al Poder Judicial que declare fundada la casación presentada por la defensa de Keiko Fujimori para anular su prisión preventiva? –
Lo interpretamos desde la perspectiva de la obstrucción de la justicia. Desde que conocimos que él iba a representar los intereses del Ministerio Público nos manifestamos públicamente, y a través de los foros internos [para que no sea así], por su involucramiento en el caso Cuellos Blancos, y por un evidente conflicto de interés, pues tuvo una denuncia constitucional que fue archivada fundamentalmente con votos de Fuerza Popular. Por una cuestión de legitimidad y transparencia debería haberse apartado.

– Él no ha tenido la voluntad de apartarse, ¿pero a través de los canales internos hubo respuesta al pedido que presentaron para que se inhiba? –
Tampoco porque cuando a la Junta de Fiscales Supremos le tocó resolver el tema, según hemos sido informados, él único voto que se pronunció a favor de su exclusión fue el de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Hubo un bloque que rechazó todas las argumentaciones que habíamos manifestado y que fueron compartidas por el procurador de lavado de activos.

– ¿Ustedes han podido conocer los fundamentos de Rodríguez Monteza a favor de la casación? –
No y eso es relevante porque abona a la especulación y ausencia absoluta de transparencia. Él ha emitido su dictamen menos de 48 horas antes de la audiencia y el mismo día que había un partido de fútbol, en condiciones análogas al cese de nuestras funciones el 31 de diciembre del 2018. Se trata aparentemente de un modus operandi. Si habría querido ser transparente podría haberlo hecho antes para que la opinión pública conozca sus argumentaciones. En su caso todo resulta sospechoso y es un procedimiento que deliberadamente resulta subrepticio, parte de una planificación estratégica para favorecer a la señora Fujimori.

– El día de la audiencia este supremo va a representar al equipo especial, pero ya se pronunció en contra de la prisión preventiva. ¿Esa situación es válida? –
A nosotros no nos representa Rodríguez Monteza. Y sin ánimo que esto suene discriminatorio, es un supremo que no tiene experiencia en temas penales, siempre ha sido un fiscal vinculado a temas constitucionales, civiles, no tiene experiencia para conocer un caso de tan alta complejidad como es el de la señora Fujimori. Lo que está en objeto de casación no son los requerimientos de los fiscales sino las resoluciones judiciales, que a partir de los requerimientos de la fiscalía declararon fundado estos requerimientos y ordenaron la prisión preventiva.

–¿Por qué recayó en este fiscal supremo el pronunciamiento sobre esta casación?–
Tenemos entendido que es una cuestión aleatoria. Habían solo dos posibilidades, la otra era el doctor Pablo Sánchez. Lo que postulábamos era que si en esa fiscalía hay graves cuestionaminentos, que sea la otra fiscalía la que tome conocimiento, que incluso desde su análisis podría estimar un resultado diferente, pero ahora todo lo que Rodríguez Monteza haga está bajo sospecha y ausente de cualquier legitimidad y transparencia.

– ¿Y cómo se pronunció el fiscal Pablo Sánchez cuando se discutió internamente su pedido para que Rodríguez Monteza se inhiba?
No tenemos la información precisa, pero creo que el doctor Pablo Sánchez se abstuvo de votar a favor del debate y de la naturaleza jurídica de lo solicitado, pero eso es algo que debe estar en las actas correspondientes en la Junta de Fiscales Supremos.

– ¿Cabe que ustedes presenten algún recurso más o ya la suerte está echada para el viernes?–
Hemos hecho todo lo posible legalmente para determinar de que el señor Rodríguez Monteza no sea el fiscal que conozca este caso. Siempre subsite la majestad del Poder Judicial para que pueda analizar exhaustivamente todos los argumentos, estadísticamente más del 90% de los recursos de casación son rechazados porque esta no es una tercera instancia sino un recurso excepcional. En esa medida el Poder Judicial sí ha tomado una determinación respecto a la inhibición del juez supremo Aldo Figueroa [presuntamente vinculado a los Cuellos Blancos], quien se apartó por transparencia.

–¿El pedido de Rodríguez Monteza es vinculante para la sala?–
Nosotros estimamos que no lo es porque lo que se está reexaminando son decisiones de carácter judicial y no los requerimientos fiscales, por tanto nos parece que sería un exceso tratar de vincular los requerimientos fiscales a partir de la opinión de un fiscal supremo que no participa directamente en la litigación. Eso es absolutamente referencial.

– ¿Qué cantidad de información ha entregado esta semana Odebrecht al equipo especial como parte de los 4 mil folios ofrecidos en el marco del acuerdo de colaboración?–
La empresa ha venido entregando una cantidad importante de información del sistema Drousys y My Web Day, que está siendo objeto de procesamiento y requiere ser decodificada por los partícipes de los actos delictivos. Lo que procede con esta cantidad importante de información, que no puedo revelar en términos exactos, pero supera los mil folios, es que tiene que ser objeto de una explicación sobre los seudónimos, operaciones bancarias, quiénes autorizaron esas operaciones, atribuyeron esos seudónimos y la vinculación que pueda existir a alguna obra pública.

– Tenían previsto interrogar a Jorge Barata y a su sucesor Ricardo Boleira entre el 16 y 19 de julio. ¿Se adelantará la fecha? –
No fue posible porque han existido dificultades en la agenda judicial de estas personas, que también están sometidas a acuerdos de delación premiada en el Brasil, y además de eso porque las defensas legales de estas personas en el Brasil tienen obligaciones que responder fuera del país. La fecha exacta en que se van a llevar a cabo estos interrogatorios es el 23 y 24 de julio, eso ya esta confirmado.

– ¿Sobre qué temas serán interrogados estos ex funcionarios de la empresa?–
En general por toda la información que ha sido recibida con posterioridad a la última declaración de Jorge Barata, y que tiene que ser objeto de un esclarecimiento dentro del acuerdo de colaboración eficaz. Son diligencias propias de esta colaboración, no de los actos de investigación donde asisten los abogados, por tanto toda esta decodificación de la información tiene que ser explicada por ellos mismos.

– ¿Ellos van a hablar también de los documentos [sobre pagos de la Caja 2] que se han revelado recientemente sobre el Gasoducto? 
Incluye todo.

— Porque Gasoducto no es uno de los cuatros proyectos del acuerdo…
Gasoducto es una investigación abierta, en donde no ha habido una declaratoria de culpabilidad. Hay que entender la dinámica del acuerdo, que funciona con la persona jurídica, que no son los mismos ejecutivos que delinquieron. Hay una nueva plana gerencial de Odebrecht con la que hemos suscrito el acuerdo y por eso ellos no tienen un conocimiento exacto de los hechos delictivos que cometieron sus ex ejecutivos. Entonces, el mecanismo del acuerdo es a partir del surgimiento de cualquier elemento nuevo que ellos deban aportar y a eso le sobreviene una explicación dentro de la que cabe una posible declaratoria de culpabilidad.