De acuerdo con el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, es una práctica habitual que cabecillas de organizaciones criminales no tengan bienes. Además, cuestionó que esto sea así a pesar de su actividad política y sus ingresos y los de su familia.

El fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, calificó como sospechoso que el peritaje que se está realizando a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, encuentre que “no tiene bienes”, a pesar de su actividad política y sus ingresos y los de su familia, así como por las prácticas que suelen encontrarse dentro de las organizaciones criminales.

Una línea de investigación que sigue el Ministerio Público en el proceso contra la excandidata presidencial es la posibilidad de que haya ingresado los aportes que recibió en las campañas del 2011 y 2016 a su patrimonio personal, de acuerdo con el fiscal superior.

“(Hemos pedido peritaje contra Keiko Fujimori.) Evidentemente nos vamos a encontrar con la sorpresa de que no tiene nada”, manifestó Vela Barba en entrevista con Radio Santa Rosa.

En ese sentido, Vela Barba cuestionó que no haya propiedades a nombre de Keiko Fujimori a pesar de que tiene actividad social, aspiraciones presidenciales y el cargo de lideresa de un partido político de alcance nacional como Fuerza Popular.

“(Keiko Fujimori) tiene actividad política permanente y un sueldo bastante decoroso como congresista de la República y una sumatoria de lo que manifiestan públicamente, que su esposo (Mark Vito Villanella) tiene una actividad empresarial solvente. Esto nos lleva a algo que se llevó en la deliberación del pedido de prisión preventiva”, indicó Rafael Vela.

“Va a ser una pericia que no reviste mucha complejidad porque no hay bienes, pero revela que una persona es muy sospechosa que no tenga bienes, porque es una práctica habitual de organizaciones criminales que sus cabecillas nunca tengan bienes”, añadió el fiscal.

Desde el 28 de enero último, Keiko Fujimori viene cumpliendo, por segunda vez, una orden de prisión preventiva. El juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday dictó esta medida por un plazo de 15 meses, pues, según estimó, había sospecha grave de los delitos de lavado de activos, organización criminal y obstaculización de la justicia, además de peligro procesal y de fuga.