Paul Herrera Guerra
Ley N° 31370 establece pautas sobre la revisión del procedimiento de ejecución coactiva aplicables desde abril del próximo año.

A partir del 1° de abril del 2022, las demandas de revisión judicial de los procedimientos de ejecución coactiva deberán interponerse ante el juez especializado en lo contencioso administrativo o el órgano jurisdiccional que haga sus veces, y ya no ante una sala superior de esta especialidad, para que esta última asuma en apelación estos casos en segunda instancia definitiva y, con ello, evitar su ingreso ante la Corte Suprema mediante recurso de casación.

Esto, en aplicación de la Ley Nº 31370, que modifica los artículos 23 y 33-B de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, respecto a la revisión judicial de este procedimiento, y el artículo 24 de la Ley N° 27584, que regula el proceso contencioso administrativo.

El objetivo es racionalizar la distribución de la carga procesal que innecesariamente afronta la máxima instancia jurisdiccional para preservar su carácter uniformizador, a fin de prestar un servicio judicial más adecuado y oportuno a la ciudadanía.

Directrices

De acuerdo con estos cambios, el obligado, así como el tercero sobre el cual hubiera recaído la imputación de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 18 de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, estarán facultados para interponer demanda ante el juez especializado en lo contencioso administrativo o el órgano jurisdiccional que haga sus veces, con la finalidad de que se lleve a cabo la revisión de la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva, en cualquiera de los casos detallados en la norma.

Así, el proceso de revisión del procedimiento de ejecución coactiva se tramitará de acuerdo con las reglas del proceso urgente previsto en el artículo 24 de la Ley Nº 27584, que regula el proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en el referido artículo 23.

Además, la sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva únicamente en los casos de actos administrativos que contengan obligaciones de dar hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento del juez especializado en lo contencioso administrativo o el órgano jurisdiccional que haga sus veces.

Corresponderá a este magistrado o al órgano jurisdiccional que haga sus veces emitir pronunciamiento sobre la demanda de revisión por el solo mérito de los documentos presentados.

Carta fianza

En caso el juez especializado en lo contencioso administrativo o el órgano jurisdiccional que haga sus veces no emita resolución al término de los 60 días hábiles desde la presentación de la demanda, se mantendrá la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, inclusive durante el trámite del recurso de apelación ante la corte superior a que se refiere el numeral 8 del citado artículo 23.

Esto, siempre que el demandante a su elección presente en el proceso póliza de caución, carta fianza irrevocable, incondicional y de ejecución inmediata, emitida por un banco local de primer orden a nombre de la entidad acreedora por el importe de la obligación renovable cada seis meses; o efectúe la consignación del monto exigido ante el Banco de la Nación, a nombre del juzgado especializado en lo contencioso administrativo o el órgano jurisdiccional que haga sus veces.

La ley modificatoria señala a su vez que la ejecución de la póliza de caución, carta fianza o la entrega al ejecutor coactivo de los fondos consignados solo procederá cuando medie orden judicial expresa.

En ese contexto, para efectos de resolver sobre la demanda de revisión judicial, únicamente corresponderá al juez especializado en lo contencioso administrativo o al órgano jurisdiccional que haga sus veces resolver si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones legales pertinentes.

En los casos en que se advierta la presencia de evidente irregularidad o ilegalidad manifiesta en el trámite del procedimiento de ejecución coactiva, que hubiera conducido a la producción de daños económicos verificables y cuantificables, el juez especializado en lo contencioso administrativo o el órgano jurisdiccional que haga sus veces, además de ordenar el levantamiento de las medidas cautelares, podrá determinar la existencia de responsabilidad civil y administrativa del ejecutor y el auxiliar coactivo y el monto correspondiente por concepto de indemnización.

Solo con resolución judicial favorable de dicho juez o el órgano jurisdiccional que haga sus veces, sobre la legalidad del procedimiento y sobre la procedencia de la entrega de los bienes, valores, fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros intervenidos, recaudados y/o retenidos, el ejecutor coactivo o la propia entidad, si fuera el caso, podrá exigir la entrega de estos.

Competencia

Para efectos del proceso de revisión judicial será competente en primera instancia el juez especializado en lo contencioso administrativo o el órgano jurisdiccional que haga sus veces, de la corte superior respectiva, en el lugar donde se llevó a cabo el procedimiento de ejecución coactiva materia de revisión o el competente en el domicilio del obligado.

En los lugares donde no exista juez especializado en lo contencioso administrativo será competente el juez especializado en lo civil y, en defecto de este, el que haga sus veces.

La sala en lo contencioso administrativo de la corte superior correspondiente constituirá la segunda instancia y en los lugares donde no exista sala de esta especialidad será competente la sala civil respectiva, y en defecto de esta, la que haga sus veces.

Conforme también a la ley modificatoria en los procesos de revisión judicial, no procederá el recurso de casación a que se refiere el artículo 32, inciso 3), de la Ley Nº 27584, que regula el Proceso Contencioso Administrativo.

Fondos retenidos

Respecto a la entrega de fondos retenidos o recaudados mediante embargo, se establece que si la medida cautelar dictada es de intervención en recaudación, el tercero interventor deberá consignar directamente los fondos recaudados en un depósito administrativo a nombre de la entidad en el Banco de la Nación.

 Los fondos que se depositen en dicha cuenta quedarán retenidos y solo podrán ser entregados después de culminado el procedimiento de ejecución coactiva y, de ser el caso, después de que la sala en lo contencioso administrativa de la corte superior correspondiente o el órgano competente que haga sus veces se haya pronunciado sobre la legalidad del embargo, resolviendo el recurso de revisión judicial a que se refiere el artículo 23 de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, cuando este hubiera sido interpuesto.