El nuevo Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27806, de transparencia y acceso a la información pública, establece que las entidades de la administración pública están obligadas a brindar a la ciudadanía información que provenga de las diversas instituciones del Estado.

El objetivo es unificar todas las modificaciones a la Ley de transparencia en un solo cuerpo normativo. De esa manera, se garantizará una mayor claridad sobre el ordenamiento jurídico relativo al derecho de acceso a la información pública para que este sea ejercido plenamente por la población.

LineamientosDe acuerdo con el D. S. Nº 021-2019-JUS, toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley. Además, se remarca la obligación del Estado de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad.

La inobservancia de estas disposiciones se sancionará como una falta grave; incluso podrá ser denunciado penalmente por la comisión de delito de abuso de autoridad, tal como lo prevé el Código Penal.

El TUO reúne en un solo texto la norma original con los cambios incorporados en esta por la Ley Nº 29239, sobre control de sustancias para la fabricación de armas químicas; el D. Leg. N° 1106, referido a la minería ilegal; y la Ley Nº 29973, de personas con discapacidad.

También el D. Leg. N° 1353, sobre datos personales; el D. Leg. N° 1416, sobre Tribunal de Transparencia; y la Ley Nº 30934, sobre la transparencia en el sistema de justicia.

La administración pública contará con un plazo de 150 días para acondicionar su funcionamiento a las obligaciones de esta normativa.En ese plazo regirán las normas del D. S. N° 018-2001-PCM, del D.U N° 035-2001 y de las normas que regulan el acceso a la información. Sin embargo, los artículos referidos al deber de informar, al procedimiento y el costo de reproducción entran en vigencia a partir de la fecha.

Derecho fundamental

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada en el 2002, proponía desarrollar los alcances del derecho constitucional de acceso a la información pública y promover la transparencia en los actos del Estado.

En abril del 2019 se emitió la Ley N° 30934, que al modificar la norma estableció ciertas obligaciones de este tipo para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura.