Reglamentan ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.

El Gobierno aprobó el reglamentó la Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas de derecho privado por la comisión de los delitos de cohecho activo transaccional, colusión simple y agravada, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Se trata del DS Nº 002-2019- JUS, que fija los componentes y requisitos mínimos de los modelos de prevención que las personas jurídicas, de modo voluntario, podrán ejecutar en su organización para prevenir, identificar y mitigar los riesgos de la comisión de delitos mediante sus estructuras, así como promover la integridad y la transparencia en la gestión corporativa.

“La norma comprende a toda persona jurídica de derecho privado, así como a las asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado o sociedades de economía mixta”, explicó el gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Víctor Zavala Lozano.

Desarrolla además los elementos mínimos del modelo de prevención. Entre otros, la identificación, evaluación y mitigación de riesgos; designación de encargado; implementación de procedimiento de denuncia; política para áreas específicas; registro de actividades y controles internos; integración del modelo de prevención en los procesos comerciales; y la designación de auditor interno.

En el caso de la micro, pequeña y mediana empresa, señala que Produce fijará los lineamientos para la aplicación y desarrollo de los mecanismos que faciliten la capacitación, evaluación y monitoreo de las mipyme.

Se fija el procedimiento que debe adoptar la Superintendencia del Mercado de Valores en los casos que a requerimiento del fiscal, deba emitir informe sobre la implementación y el funcionamiento del modelo de prevención adoptado por las personas jurídicas, a efecto de determinar que la persona jurídica imputada pueda acogerse a los beneficios de atenuación o exención de sanciones.

Las sanciones

Según la Ley Nº 30424, la responsabilidad administrativa de la persona jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural que cometió el delito. Además, las medidas administrativas que pueden aplicarse en estos casos son la suspensión de actividades no mayor a dos años, prohibición de realizar a futuro actividades de la misma naturaleza, suspensión para contratar con el Estado hasta por cinco años, cancelación de licencias, clausura, y hasta la disolución de la empresa.