Paul NeilHerrera Guerra
Criterios relativos a eximentes y atenuantes en el marco de los procedimientos disciplinarios deben ser acatados por los órganos de gestión de recursos humanos

El Tribunal del Servicio Civil (TSC) de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) estableció los criterios para la aplicación de los eximentes y atenuantes de responsabilidad administrativa disciplinaria recogidos en la Ley del Servicio Civil.

Tales lineamientos, que tienen carácter de precedentes administrativos de observancia obligatoria, deben ser cumplidos por los órganos competentes del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, detalla la Resolución de Sala Plena Nº 002-2021-Servir/TSC.

Así, conforme al acuerdo plenario, en tanto que la subsanación voluntaria ha sido prevista en el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 como un atenuante y no como un eximente de responsabilidad de acuerdo con el TUO de la Ley Nº 27444, no podrá alterarse la condición de atenuante establecida en la ley especial.

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Eximentes

Además, el TSC señala que la acreditación del eximente de incapacidad mental, debidamente comprobada por la autoridad competente, exige que el servidor acredite que al momento de realizarse el hecho infractor no estaba en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, excluyéndose las alteraciones al estado de conciencia inducidas por el propio trabajador.

Para la aplicación del eximente de responsabilidad por caso fortuito y fuerza mayor, colige que esta implica la acreditación de la concurrencia de un hecho de carácter extraordinario, imprevisible e irresistible. Por lo tanto, la entidad evaluará que el hecho infractor se produjo por una circunstancia ajena a la voluntad del servidor o sin mediar una actuación imprudente de este. Asimismo, deberá analizar si existían otras medidas al alcance del servidor para evitar la ocurrencia del hecho infractor, de ser el caso.

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Mientras que para la aplicación del eximente por ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada, se fija que corresponderá al servidor acreditar la presencia de una disposición o mandato judicial de carácter vinculante, que lo obligue a realizar cierta actuación.

De igual forma, deberá constatarse la existencia de una orden de la autoridad competente, incluyendo personal jerárquico, que exija ejecutar una acción u omisión que genere el hecho infractor.

En ambos casos, la disposición normativa o mandato judicial deberá tener un carácter imperativo dirigido al servidor y no ser contraria al ordenamiento jurídico.

A la par, el TSC considera que el eximente por error inducido por la administración, mediante un acto o disposición confusa o ilegal, exige que el servidor acredite la existencia de una actuación material o cuerpo normativo emitido por la entidad, que genere confusión sobre la licitud de determinada actuación que a la postre genere el hecho infractor. En ambos actos de la administración resultará importante sustentar que estos resultaron suficientes para generar en el servidor la convicción de que se encontraba actuando con licitud, añade.

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El TSC precisa, a su vez, que no se considerará dentro de este eximente la falta de respuesta a algún pedido por parte de la entidad.

También determina que no será sancionable la actuación funcional que se realice en desmedro de determinada obligación para evitar o superar la inminente afectación a intereses generales como la vida, la salud, el orden público, entre otros, siempre que concurran los elementos indicados en el literal e) del artículo 104 del reglamento general de la Ley Nº 30057.

Respecto a la hipótesis normativa de la eximente regulado en el literal f) del artículo 104 del reglamento general de la Ley Nº 30057 el TSC señala que para su configuración se requerirá un elemento objetivo compuesto por el accionar del servidor, la finalidad de privilegiar los intereses superiores de carácter social o relacionados con la salud u orden público y la condición necesaria que limite el accionar del servidor solo a aquellos casos en que hubiera requerido la adopción de acciones inmediatas para superar o evitar la inminente afectación de los intereses superiores, relacionados con la salud o con el orden público.

Atenuantes

Respecto a la aplicación del atenuante de subsanación voluntaria, el TSC determina que no constituye mandato imperativo la atenuación de la responsabilidad administrativa disciplinaria por esta acción y, por lo tanto, no constituye una obligación ineludible que deba cumplirse en todos los casos, siempre que la sanción impuesta guarde coherencia con los principios de razonabilidad y proporcionalidad fijados en la Constitución.

Adicionalmente, considera que la comisión de conductas sumamente graves no pueden ser materia de subsanación bajo ninguna condición.

Para la configuración de la atenuante recogida en el último párrafo del artículo 103 del reglamento general de la Ley Nº 30057, advierte la importancia que la entidad constate la concurrencia de dos elementos. Esto es, que la subsanación del acto imputado se realice antes de la notificación del acto de instauración del procedimiento disciplinario y que ella sea espontánea, sin mediar mandato alguno.

Normativa

Conforme el artículo 104 del reglamento general de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y modificatorias, constituyen supuestos eximentes de responsabilidad en el servicio civil: la incapacidad mental, debidamente comprobada por la autoridad competente; el caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado, y el ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada.

Asimismo, el error inducido por la administración, mediante un acto o disposición confusa o ilegal; y la actuación funcional en caso de catástrofe o desastres, naturales o inducidos, que hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones inmediatas e indispensables para evitar o superar la inminente afectación de intereses generales, como la vida, la salud, el orden público, etcétera.

También la actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social, o relacionados con la salud u orden público, cuando, en casos diferentes a catástrofes o desastres naturales o inducidos, se hubiera requerido la adopción de acciones inmediatas para superar o evitar su inminente afectación.