El equipo especial para el caso Lava Jato ha pedido cambiar por prisión preventiva el mandato de arresto domiciliario que, desde abril, cumple Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en su casa de San Isidro. El fiscal José Domingo Pérez ha sustentado su solicitud en que las visitas de congresistas y exministros que recibe el exmandatario violan tres puntos del código de conducta que se le impuso hace cuatro meses.

Según Pérez, las reglas transgredidas serían la prohibición de comunicarse con testigos de cualquiera de los casos que lleva el equipo especial, la de realizar reuniones sociales en su casa y la de realizar actividad política directa o indirectamente.

Sin embargo, los abogados penalistas Vanessa Valverde, Carlos Caro, Héctor Rojas y Cynthia Silva, consultados por este Diario, coinciden en que estas cláusulas son excesivamente vagas y en que tendría que demostrarse que las visitas constituyen un incremento en el riesgo de obstaculización de la justicia.

Y, de ser ese el caso, nuevamente tendría que ponderarse este riesgo con la condición de salud y la edad del expresidente para determinar que siga su proceso en prisión. El abogado de PPK, César Nakazaki, ya ha sido notificado por la fiscalía de que la audiencia sobre este caso se realizará el viernes.

-Sobre la reunión con testigos-
El código de conducta impuesto a PPK estipula que no puede tener “comunicación con testigos y peritos en las demás investigaciones que lleva a cabo el representante del Ministerio Público”. Aquí, Pérez detalla nueve visitas de la vicepresidenta Mercedes Araoz, quien es testigo en el proceso que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el caso Odebrecht.

La Fiscalía, además, detalla las reuniones declaradas por la propia Araoz con Vicente Silva Checa (quien es investigado junto a Fujimori por presunto lavado de activos).

Al respecto, la penalista Vanessa Valverde no ve una justificación en prohibir las reuniones con testigos de procesos distintos al suyo.

“Esta directriz suele enfocarse a [testigos de] tu caso por el tema de la obstaculización, eso sí es razonable, pero no de alguno distinto a él. La verdad que no encuentro aquí una lógica de obstaculizar”, dice.

El penalista Carlos Caro añade que, para que una prohibición de esta naturaleza pueda ser cumplida con eficacia, tendría que haber un conocimiento explícito sobre todos los testigos de todos los demás casos por parte de PPK, y un mandato expreso a todos los testigos de los demás casos de no reunirse con él.

A ello se suma que, para cambiar el mandato de arresto domiciliario, no basta con demostrar el incumplimiento de una de las condiciones. Además, se necesita argumentar el aumento en el riesgo de obstaculización. “Aunque sea de manera hipotética, el juez tendría que expresar que existe la posibilidad de obstaculizar su proceso [a raíz de las visitas]”, dice el penalista Héctor Rojas.

Este criterio aplicaría también para las otras dos reglas presuntamente violadas.

Documento del fiscal José Domingo Pérez

-Sobre actividades políticas-
La segunda norma que habría sido violada por PPK, según la fiscalía, es la prohibición de “realizar actividad política directa o indirectamente”. Sin embargo, los penalistas coinciden en que este acápite es vago y no necesariamente calza con un mayor riesgo de obstaculización de la investigación.

Aquí, además de las de Araoz, la fiscalía detalla las visitas de los congresistas Gilbert Violeta y Carlos Bruce, así como de exministros, como Cayetana Aljovín, Claudia Cooper, Bruno Giuffra, Abel Salinas, Alfonso Grados y Alfredo Thorne.

También detalla que una de las reuniones con Araoz se dio tres días antes de que ella, Bruce y Ana María Choquehuanca renunciaran a la bancada oficialista.

“Las reglas de conducta sobre actividad política se tienen que justificar en que no se obstaculice la investigación. No se puede limitar la actividad política de manera genérica. Él [PPK] podría discutir que su actividad política no ha tenido nada que ver con el proceso que se le sigue”, dice la penalista Cynthia Silva.

La necesidad de fundamentar la prohibición cobra más importancia porque lo normal es que a ciudadanos sin sentencia no se les pueda limitar la actividad política. “Puede que la prohibición esté en el código de conducta, pero es de dudosa constitucionalidad. Si fuera Antauro Humala, que está preso, no podría hacer política porque un condenado sí pierde este derecho. Pero una persona con prisión preventiva puede hacer política”, dice Caro.

Es el caso, por ejemplo, de Gregorio Santos que fue candidato a gobernador regional de Cajamarca en el 2014 —elección que ganó— y candidato presidencial en el 2016. De otro lado, Keiko Fujimori recibe constantes visitas de congresistas de su bancada, que además se realizan antes de días políticos clave, como reportó este diario.

“En principio, el derecho que tienen a la actividad política está por encima de la libertad de tránsito. En ese marco, sólo hay un espacio para limitar el derecho a la actividad política ante un riesgo de que se obstaculice la investigación”, agrega Silva.

“Ten en cuenta que el derecho de participar en política es un derecho fundamental y tiene una especial protección dentro del sistema universal de derechos fundamentales. Así, tal cual, para prohibirla tendría que haber un sustento. Yo no le puedo decir ‘usted absténgase de consumir bebidas alcohólicas, de ver televisión’. Tiene que haber una finalidad, que es evitar el riesgo procesal”, concluye Rojas.

-Sobre reuniones y precisiones-
La última de las reglas presuntamente violadas es la que prohíbe “realizar reuniones sociales en el inmueble donde se llevará a cabo la detención domiciliaria”. Sin embargo, este constituye el más vago de los argumentos presentados por la fiscalía, según los penalistas. “Creo que hay un límite. No puedes prohibir de manera irrestricta que unas personas puedan conversar. Por eso, justamente encuentro vaga esta prohibición”, dice Valverde.

“¿Qué implica no realizar actividad política? ¿Que no pueda tuitear? ¿Que no pueda emitir un mensaje de apoyo al presidente o a la oposición?”, se pregunta Rojas.

Diversos allegados a PPK han explicado que el expresidente ya no vive con ningún miembro de su familia y que su círculo íntimo está compuesto en su mayoría por personajes políticos, quienes lo visitan como amigos.

 Valverde cuestiona que la defensa de PPK no haya pedido precisiones respecto a estos puntos cuando se cambió la medida previa de prisión preventiva por la de arresto domiciliario, el 27 de abril pasado.

“No pedimos ninguna precisión porque, para nosotros, estaba claro. La prohibición de reuniones sociales no alcanza a visitas. Lo de realizar actividad política era para no ejercer derechos políticos: integrar organizaciones, participar en campaña. Y lo de no tener contacto con testigos, se refiere a los de su proceso”, defiende Nakazaki.

Finalmente, aun cuando existiera mayor riesgo de obstaculización de su proceso, Silva indica que igual tendría que ponderarse nuevamente esto frente al estado de salud del expresidente. Esto porque, según el Código Procesal Penal, el arresto domiciliario se dicta —entre otros motivos— por la avanzada edad de los detenidos y por tener una enfermedad grave.

“No se puede analizar esto de manera aislada. Si lo que se genera es una sospecha más fuerte de obstaculización, tiene que tomarse en cuenta que anteriormente se ha definido la detención domiciliaria por su salud. Pienso que no se le va a cambiar, salvo que se pueda demostrar que su situación de salud ha cambiado”, explica.

-Congresistas cuestionan pedido-
“¿Yo no puedo visitar a un amigo?”, se ha preguntado la vicepresidenta Mercedes Araoz públicamente. Mientras que Carlos Bruce ha inferido que habrían motivaciones políticas detrás del pedido de José Domingo Pérez. “Lo extraño es que surja esto a pocos días de que hemos renunciado a la bancada de gobierno. Han ocurrido más cosas, como que cesan al personal del despacho de la vicepresidenta”, dijo.

Para Araoz, se trata de un “ensañamiento político” contra PPK. “Varias veces el caso PPK ha sido utilizado en medio de conflictos políticos. Ahora, hay una guerra de fiscales”, dice Nakazaki. El abogado adelantó a este diario que el viernes llevaría a los congresistas citados a la audiencia para que declaren que no realizaron coordinaciones políticas en sus visitas al expresidente.

-¿Qué es el arresto domiciliario?-
En la resolución del 27 de abril —en la que la primera sala de apelaciones especializada en corrupción de funcionarios cambia a PPK la prisión preventiva por arresto domiciliario— se explica que se trata de dos medidas con distinto grado de afectación a la libertad personal del individuo.

Así, la sala dice que “no cabe duda de que la detención domiciliaria supone una intromisión menos gravosa a la libertad, pues resulta una menor carga psicológica y física que soporta el afectado”.

Agrega que esta se estipula en base a cuatro supuestos: que el imputado tenga más de 65 años, una enfermedad grave o incurable e una incapacidad física permanente.