“Más del 95% de las solicitudes acaban archivadas y denegadas en fase administrativa por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)” sostiene, Lorenzo Pérez, presidente de Grupo Fidelitis, despacho de abogados especializado en incapacidades laborales.

Recuerda este experto que “la Ley de la Seguridad Social regula las situaciones de invalidez provisional e invalidez permanente en el Régimen General de la Seguridad Social. Esta institución define la incapacidad laboral permanente como aquella situación en la que se encuentra una persona cuando, una vez agotado el tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan la capacidad laboral de esa persona”.

¿Cuándo tenemos derecho a la incapacidad permanente?

“Cuando un individuo está trabajando y ha de dejar de hacerlo por razones de salud, puede solicitar la baja médica o, hablando en términos legales, pedir una Incapacidad Temporal (IT). Sin embargo, este tipo de incapacidad tiene una fecha de caducidad en el tiempo y se da cuando se ha solucionado el motivo causante de la baja, por lo que se debe volver al puesto de trabajo.

El periodo máximo de una IT es de un año, aunque se puede llegar a alargar seis meses o incluso, en casos excepcionales, un año más. Sin embargo, lo más frecuente es que tras el primer año se acabe el periodo de incapacidad temporal mediante el alta médica. En ese punto, si las limitaciones persisten, se tiene derecho a una incapacidad permanente.

«Una teoría muy común es que hay que esperar a agotar el período de baja para solicitar la incapacidad laboral. ¡Craso ERROR! No es ni necesario ni conveniente. Una vez que tu médico te ha comunicado que tus lesiones/secuelas son definitivas y no van a tener mejoría ni mediante tratamiento ni a través de cirugía se puede instar una solicitud de incapacidad laboral permanente por parte del propio paciente. Es más, esperar a que sea el INSS o la Mutua quien inste el procedimiento es dejar en sus manos el control de la solicitud y, visto lo visto ¿estamos seguros de que estamos en las mejores manos?» Afirma Lorenzo Pérez.

Desde un principio, debemos destacar la importancia de comenzar el proceso con un estudio profundo de viabilidad para saber dónde se encuentra cada paciente y qué opciones tiene. Sea por accidente, por aparición o agravamiento de una enfermedad ya padecida, si las secuelas derivadas de las mismas impiden la actividad laboral actual del paciente o el desarrollo de cualquier actividad laboral, entonces se tiene derecho a una incapacidad laboral permanente. En ocasiones, estas secuelas pueden incluso derivar en la necesidad de la ayuda de una tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria”, explica Pérez.

¿Por qué se conceden con tanta dificultad?

La respuesta que ofrece este experto es la siguiente: “Es muy importante aclarar que la legislación española no se basa en el diagnóstico, sino en las secuelas, donde una misma enfermedad o accidente puede afectar de forma muy distinta a cada individuo.

Poseemos una cobertura legal que es reconocida internacionalmente como una de las más avanzadas y que suena muy justa sobre el papel, pero la realidad es muy diferente cuando deciden aplicarla y, a consecuencia de ello, un alto porcentaje de los afectados empiezan a sufrir un calvario que en muchas ocasiones no tiene salida.

Hay muchas razones para encontrarnos ahora en este punto. Primero, que en el pasado quizás se concedieron con mayor facilidad y ahora ocurre todo lo contrario. Si a eso le sumamos que durante los años de la crisis la gente empezó a solicitar incapacidades laborales como una salida desesperada al desempleo, nos podemos imaginar cuánto le cuesta a la Administración aplicar la legislación vigente y proteger los derechos de los ciudadanos”.

La situación se agrava con la pandemia

Pero si ya era complicado obtener el reconocimiento de una incapacidad laboral, la situación actual derivada de la pandemia agrava el problema todavía más.

Muchos trabajadores están sufriendo secuelas como consecuencia de haber padecido el Covid. El tipo de secuelas asociadas son numerosas, desde la fibrosis pulmonar hasta problemas neurológicos, entre muchas otras. Si alguna o varias de las secuelas se generan de forma permanente pueden ser susceptibles de obtener una prestación por incapacidad laboral permanente.

Dependiendo de cómo afecten dichas patologías a cada individuo y de las condiciones y tareas principales que desempeñe en su puesto de trabajo, se podrá solicitar la incapacidad laboral en alguno de los grados establecidos.

Sin embargo, el problema con el que nos encontramos en la actualidad es doble. Por un lado, está la demora en la atención médica y el acceso a las pruebas diagnósticas necesarias. Por otro lado, nos encontramos con un atasco judicial que ya padeciamos pero acentuado tras el confinamiento. “Es inadmisible e incluso obsceno que se señalen juicios por incapacidad laboral para 2024. ¿Podemos en serio normalizar que una persona que no puede trabajar y por eso está pleiteando para reclamar sus derechos, tenga que resignarse a esperar más de 3 años a que se celebre su juicio?”, lamenta el presidente del Grupo Fidelitis quien prevé un incremento notable de este tipo de solicitudes en los próximos meses colapsando aún más tanto el sistema administrativo como la vía judicial.

¿Por qué debemos cuidar los detalles?

A causa del desconocimiento de los afectados se deniegan la mayoría de casos, al detectar en sus solicitudes informes que les pueden perjudicar, en ocasiones incluso por una simple frase o una única palabra.

En la actualidad, resulta imprescindible cuidar al máximo los detalles para conseguir que los derechos que la Ley ampara, pero la realidad nos muestra cómo un porcentaje elevadísimo no reclama y, lamentablemente, pueden llegar a perder sus derechos de forma definitiva.

Lo que desconocen los afectados y sus familiares es que muchas veces estos derechos, una vez estudiados y elegida la mejor estrategia para su defensa, pueden recuperarse en los tribunales de justicia, si se ha construido el caso con una base sólida desde el inicio.

Dejemos que sea el proceso el que decida en función de cómo afectan las secuelas al paciente, si puede tener derecho a una pensión por incapacidad laboral permanente parcial, permanente total, permanente absoluta o permanente en grado de gran invalidez. Nosotros, como juristas, debemos de analizar qué opciones tienen los afectados, cuál o cuáles de ellas son las más interesantes y los pasos que se han de dar para obtenerlas.