Paul Neil Herrera Guerra

Proceso de elaboración implica el desarrollo de cinco etapas. Con ello, cada gobierno regional podrá diseñar sus estrategias de seguridad vial en sus respectivas jurisdicciones, bajo la asistencia del MTC.

Los planes de acción regional para la seguridad vial aplicables hasta el 2021 deberán formularse mediante un proceso participativo y concertado que asegure su articulación con el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, garantizando su adecuado diseño, implementación, seguimiento y evaluación.

Esto en aplicación del Manual para la formulación del Plan de acción regional para la seguridad vial 2020-2021, aprobado por medio de la Resolución Directoral Nº 020-2020-MTC/18.

El documento, de este modo, contiene los lineamientos para que cada gobierno regional diseñe sus estrategias de seguridad vial en sus respectivas circunscripciones.

Así, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) brinda asistencia técnica para que las regiones desarrollen un proceso estandarizado que permita la elaboración de planes regionales de seguridad a tono con el plan estratégico nacional.

Directrices

Conforme al manual, cada plan de acción regional tendría que formularse en el marco de un proceso de cinco etapas.

La primera, consistente en el inicio del proceso de formulación del plan de acción regional, empezaría con la instalación de un grupo de trabajo encargado de su formulación que podría estar integrado por miembros del Consejo Regional de Seguridad Vial o por los funcionarios y/o servidores que tienen a su cargo la seguridad vial en la región.

En todos los casos, el proceso de formulación del plan regional se iniciaría formalmente con la suscripción del acta correspondiente.

En la segunda etapa se consolidaría la información solicitada en la ficha de diagnóstico correspondiente, mediante los formatos brindados con información disponible a la fecha y de ser necesario se solicitaría información a las municipalidades de su jurisdicción.

Para ejecutarla, la Dirección de Seguridad Vial tendría que poner a disposición una plantilla en la cual se consolide la información necesaria para obtener un diagnóstico integral de la seguridad vial en el territorio de la región.

En tanto que en la tercera etapa se elaboraría la propuesta del plan de acción regional mediante la formulación y costeo de las actividades regionales y tareas.

Para tal efecto, se contaría con el apoyo y asistencia técnica permanente de la Dirección de Seguridad Vial.

Así, tras la obtención del proyecto del plan de acción regional en la cuarta fase se socializaría y revisaría la propuesta.

Por ende, se convocaría a los actores regionales estratégicos en materia de seguridad vial con el fin de consensuar una propuesta final de Plan de acción regional para la seguridad vial.

De esa manera, se fomentaría la participación de instituciones clave en materia de seguridad vial como los gobiernos locales, la Policía Nacional del Perú, entre otras.

Por último, en la etapa cinco se aprobaría la propuesta consensuada mediante una ordenanza regional o instrumento similar y se difundiría ya el documento como plan de acción regional.

Intervención pública

En el Perú, solo durante el 2019 tuvieron lugar 95,800 accidentes de tránsito en el territorio nacional, mientras que en los últimos diez años, a consecuencia de lesiones sufridas por accidentes, se lamentó la muerte de aproximadamente 30,000 personas y 561,000 resultaron heridas, informó la Dirección de Seguridad Vial del MTC. A criterio de la autoridad la principal causa de estos accidentes se debe a la imprudencia de los conductores, especialmente la asociada a excesos de velocidad y consumo de sustancias alcohólicas. Precisamente, es a partir del punto de vista de que la mayor parte del número de accidentes de tránsito en el país se explican por factores de comportamiento que se requiere la intervención del sector público, de manera multisectorial e intergubernamental, para reducir los índices de siniestralidad, indicó la citada dirección.