Fernando Vivas

El tuit de la Universidad Central, de Bogotá, fechado el 31 de julio, empieza bien y termina muy mal: “Como un aporte a la búsqueda de la paz, te invitamos al lanzamiento del libro La base, de Peter Cárdenas Schulte, quien fue preso político por más de 25 años”.

La presentación se llevó cabo el jueves 1 en un auditorio de la universidad a través de una teleconferencia, pues Cárdenas vive en Suecia.

Podría haber pasado por uno de los tantos actos extra académicos que ocurren en claustros donde conviven la libertad de expresión y el despiste de profesores y alumnos, pero lo llamativo y ofensivo es que la cuenta de Twitter oficial de la universidad defina a Cárdenas como ‘preso político’.

El solo uso de ese concepto implica decir que en Perú no hay un Estado de derecho y que Cárdenas fue apresado por sus ideas y no por los crímenes que probó el Poder Judicial y que también están reseñados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad.

Cárdenas Shulte, como bien se sabe, fue uno de los principales dirigentes del MRTA, el movimiento terrorista, de actuación paralela a Sendero Luminoso, que perpetró robos, secuestros, extorsiones y atentados homicidas.

Estuvo directamente implicado en el asesinato del general Enrique López Albújar, del secuestro de Héctor Delgado Parker y del rescate a balazos de su correligionaria Lucero Cumpa, en el que murieron dos policías. Fue detenido en 1988, pero escapó, con parte de la cúpula emerretista, por un túnel construido bajo el penal.

En abril de 1992 fue nuevamente capturado, juzgado y condenado a 25 de prisión, que se cumplieron el 22 de setiembre del 2015. Ese mismo día fue liberado, dio algunas entrevistas donde pidió perdón por el pasado y aseguró que estaba arrepentido y distante del movimiento terrorista que ayudó a fundar.

Llamamos a la cancillería y nos dijeron que el embajador de Perú en Colombia, Ignacio Higueras, ha sido instruido para enviar una carta de protesta, el lunes 5, al rector de la Universidad Central, Rafael Santos Calderón.

Al tratarse de una universidad privada, no corresponde protestar ante la cancillería colombiana, pero sí vigilar que se corrija tan grave desinformación en un país vecino.