Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recomendó derogar la Ley de Protección Policial, Ley No. 31012, y garantizar que la legislación nacional incluya el principio de uso proporcional de la fuerza.

Como se recuerda, en marzo de 2020 se promulgo la Ley de Protección Policial que estableció la prohibición de dictar mandatos de detención preliminar judicial o prisión preventiva contra policías investigados por las lesiones o muertes causadas por estos. La mencionada ley derogó expresamente el articulado del Decreto Legislativo N° 1186 que establecía el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de personal de la Policía. Para la ACNUDH esta norma platea obstáculos para la lucha contra la impunidad y el abuso policial.

Así lo dio a conocer la ACNUDH en su informe sobre las protestas ocurridas entre el 9 y el 15 de noviembre.

La ACNUDH realizó una misión de observación entre el 17 y 22 de noviembre de 2020 sobre lo acontecidos en las protestas de noviembre. Se recabo información sobre la situación de los derechos humanos durante esos días. Sostuvieron reuniones con las victimas y las autoridades del país, entre los que se encontraron: el presidente Sagasti y varios de sus ministros, la Fiscal de la Nación, la presidenta del Congreso Mirtha Vásquez, representantes del Poder Judicial y los altos mandos de la Policía Nacional del Perú. En global, el Alto Comisionado llevó a cabo 113 entrevistas.

Asimismo, la misión indicó que la Policía hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza que resultó en dos muertes, mientras que al menos 200 personas resultaron heridas. También identificaron un patrón de detenciones arbitrarias en conexión con las protestas, algunas de ellas fueron realizadas por parte de policías vestidos de civil que no se identificaron.

Así también, la ACNUDH determinó que los dos fallecidos en las manifestaciones, Jack Bryan Pintado Sánchez (22) e Inti Sotelo Camargo (24), fueron a causa de proyectiles de arma de fuego. Y ambos manifestantes dejaron de existir camino al hospital.

Finalmente, la misión recomendó reparar de forma integral e inmediata a las víctimas y sus familiares de las violaciones sufridas, incorporando enfoques diferenciados y medidas afirmativas en los esquemas de reparaciones, según corresponda.

La misión observo igualmente irregularidades en las investigaciones preliminares hechas por el Ministerio Público, señalando las siguientes:

a) Las investigaciones no se habían enfocado en todas las violaciones de los derechos humanos que habrían ocurrido en el contexto de las protestas, incluyendo violaciones a los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión, omisión de auxilios por funcionarios policiales, agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, entre otros.

b) Solo algunas de las víctimas o sus familiares contaban con patrocinio legal y, por tanto, solo estas habían podido apersonarse a las investigaciones en curso, lo que podía derivar en limitaciones al acceso a la justicia. Además, se observó un riesgo de revictimización al llevarse investigaciones en dos niveles de fiscalías.

c) Se notó la necesidad de establecer criterios para analizar patrones de conductas de agentes estatales, así como protocolos de investigación con enfoques de derechos humanos y de macrocriminalidad, lo que podría permitir eventualmente esclarecer responsabilidades de mando y de autoridades civiles.

d) Se ha denunciado la falta de funcionamiento o inoperatividad de cámaras de video de la Municipalidad Metropolitana de Lima en zonas clave, como el cruce de las avenidas Piérola y Abancay.

e) Existirían investigaciones en curso en contra de personas detenidas presumiblemente de manera arbitraria, incluyendo aquella abierta en contra del defensor de derechos humanos Carlos Rodríguez.

f) Varias víctimas indicaron que no han recibido apoyo del Programa de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, ni tampoco protección por parte de otro órgano.


Revise el informe completo de la ACNUDH AQUÍ.