Oficializan creación de la autoridad nacional de control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.

Para asegurar la firme y comprometida gestión de los más altos niveles políticos del Estado a favor de la reforma judicial, el Poder Ejecutivo publicó la Ley Nº 30942, que oficializa la creación del consejo para la reforma del sistema de justicia.

Se trata de un mecanismo institucional del más alto nivel político destinado a asegurar el impulso, la coordinación, el seguimiento y el reporte público de los resultados de las decisiones, políticas y acciones adoptadas, o por adoptarse, en el ámbito de la reforma el sistema de justicia.

De ahí que estará integrado por el presidente de la República; el presidente del Congreso de la República; el presidente del Poder Judicial; el fiscal de la Nación; el presidente del Tribunal Constitucional; el presidente de la Junta Nacional de Justicia; el contralor general de la República y el defensor del Pueblo.

De acuerdo con la norma, además, dentro de los 90 días de su instalación este consejo deberá presentar la propuesta de política pública en materia de reforma de la justicia.

El máximo consejo, asimismo, tendrá una presidencia que se alternará entre sus integrantes por un período de un año. Sesionará de manera ordinaria una vez al mes y de forma extraordinaria cuando sea convocada por su presidente. Sus decisiones y acuerdos se adoptarán por consenso; las sesiones y acuerdos serán de carácter público, refiere la Ley Nº 30942.

Leyes orgánicas

El Poder Ejecutivo también publicó la Ley Nº 30943, que crea la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, la cual tendrá a su cargo el control funcional de los jueces de todas las instancias y del personal auxiliar, salvo de jueces supremos, que serán competencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

De igual modo, se oficializó la Ley Nº 30944, que crea la Autoridad Nacional de Control de Ministerio Público. Esta tendrá a su cargo el control funcional de los fiscales de todos los niveles y del personal de función fiscal, salvo de fiscales supremos, que será competencia de la JNJ.

En ambos casos, este control comprenderá la prevención, supervisión, inspección, investigación, instauración de procedimiento disciplinario e imposición de sanción. Asimismo, el jefe de estas entidades será nombrado por la JNJ por un período de cinco años.

Así, se busca instituir un órgano de control profesional, con atribuciones suficientes para prevenir y combatir la corrupción al interior de la función jurisdiccional, tanto judicial como fiscal.

Audiencias de los sábados

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) facultó a los titulares de las cortes superiores del país, jueces y titulares de salas para disponer la realización de audiencias los sábados.

El objetivo es asegurar el funcionamiento de las dependencias judiciales con celeridad y eficiencia y, por tanto, cumplir con los plazos procesales, refiere la R.A. Nº 152-2019-CE-PJ, suscrito por su titular, José Luis Lecaros. Para la judicatura, está demostrado que el desarrollo de la labor jurisdiccional en día no laborable constituye una buena práctica y experiencia que ha traído beneficio en la mejora de la prestación del servicio. Ejemplos de ello, asegura, son las cortes de La Libertad y Tumbes, que han logrado grandes avances con la programación de audiencias los sábados.

Impacto

La Ley N° 30943 busca fortalecer la lucha contra la corrupción en el sistema judicial sustituyendo a los órganos internos de control disciplinario en el Poder Judicial (Ocma y Odecma) por la citada autoridad nacional.

Mientras que la Ley Nº 30944 está destinada a fortalecer la lucha contra la corrupción en el sistema judicial sustituyendo a los órganos internos de control disciplinarios por esta nueva autoridad.

La norma incidirá, además, en la protección de la autonomía con la que deben proceder los fiscales en todo el país.