Paul Herrera Guerra
El Estado es el llamado a defender los intereses de las personas jurídicas como usuarias de productos y servicios por las situaciones que puedan producirse.

La normatividad vigente garantiza el derecho a la información de las personas jurídicas por adquirir, utilizar o disfrutar de productos en su calidad de consumidores o servicios como usuarios.

Al respecto, el Estado es el llamado a defender los intereses de aquellas personas jurídicas como consumidores por las diversas situaciones que puedan producirse; destacándose la importancia del derecho a la información sobre los bienes y servicios que estén a su disposición en el mercado.

Este constituye el principal lineamiento jurisprudencial que se desprende de la sentencia correspondiente a la Casación N° 11889-2015 Lima, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declara fundado este recurso interpuesto por un estudio de abogados en un proceso contencioso administrativo.

Antecedentes

En el caso materia de la casación una firma legal interpone una demanda para que se declare la nulidad de una resolución administrativa, con la cual se declaró infundado un recurso de apelación contra una decisión previa que desestimó la reclamación contra una facturación de roaming internacional (servicio de datos) incluida en un recibo emitido por una empresa de telecomunicaciones.

Alega que manifestó su disconformidad con esta facturación, indicando que no realizó consumo de datos para conexiones a internet, sino que solo efectuó comunicaciones desde la línea correspondiente para llamadas y, que le informaron que no tenía consumo mayor al facturado y al que figura en los mensajes de texto recibidos.

Los órganos jurisdiccionales en sede de instancia determinaron que la empresa de telecomunicaciones cumplió con informar a la consultora legal demandante del consumo que “aproximadamente” venía generando al encontrarse activo el servicio de roaming internacional, recomendándosele incluso revisar las tarifas, cosa que no hizo.

Por ende, concluyeron que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) determinó correctamente que la empresa operadora cumplió con informar en forma debida al estudio de abogados, teniendo en cuenta que quien actúa con la diligencia ordinaria requerida no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

No obstante,, los órganos jurisdiccionales en sede de instancia advirtieron la falta de diligencia de la firma legal como usuaria al mostrar desinterés en el uso del servicio de roaming de manera tan deliberada; razón por la cual no declararon fundada la demanda.

Ante esto, el estudio de abogados interpuso recurso de casación.

Decisión

Al tomar conocimiento del caso, la sala suprema precisa que la controversia consiste en determinar si se vulneró o no el derecho a la información del estudio de abogados como consumidor.

En ese contexto, determina que conforme al artículo 65° de la Constitución Política y al Código de Protección y Defensa del Consumidor se garantiza el derecho a la información de los consumidores sean personas naturales o jurídicas por adquirir, utilizar o disfrutar de productos en su calidad de consumidores o servicios como usuarios.

Así, colige que el Estado es el llamado a defender los intereses de aquellos por las diversas situaciones que puedan producirse; destacándose la importancia del derecho a la información sobre los bienes y servicios que se hallan a disposición de los consumidores en el mercado.

 

Al respecto, no cabe duda de que uno de los derechos inherentes del consumidor es que cuente con información clara, veraz y precisa, de manera que tal información le permita decidir y actuar adecuadamente respecto a la contratación de un servicio o la adquisición de un bien, así como de su uso y consumo, precisa el máximo tribunal.

De esta manera, considera que el reconocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios se sustenta en los principios pro consumidor, de proscripción del abuso del derecho, de isonomía real, restitutio in integrum, de transparencia, ampliamente desarrollados por el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia recaída en el Expediente N° 00013-2012-PI/TC.

De ahí que no puede considerarse que el derecho a la información se agote en su accesibilidad o en la cantidad de información proporcionada, ya que esta interpretación es restrictiva, ilegal e inconstitucional, pues el derecho a la información también comprende el derecho a una información veraz y suficiente, detalla el supremo tribunal.

Con base en esto, la máxima instancia judicial advierte que en el presente caso la empresa de telecomunicaciones demandada no proporcionó a la firma de abogados demandante información clara, veraz y precisa, a fin de que la consultora legal haya podido tomar una decisión repecto al uso y el consumo del servicio roaming internacional.

Todo lo contrario, la empresa operadora emplazada se limitó a brindar una información inexacta e imprecisa; evidenciándose la vulneración del derecho a la información del estudio de abogados, como consumidor, reconocido a nivel constitucional y legal, en flagrante vulneración de las normas denunciadas por la parte demandante.

Por todo esto, la sala suprema declara fundado el citado recurso de casación interpuesto por el estudio de abogados.

Principios

De acuerdo con la STC N° 01865-2010-PA/TC, el principio pro consumidor plantea la acción tuitiva del Estado a favor de los consumidores y usuarios en razón de las objetivables desventajas y asimetrías fácticas que surgen en sus relaciones jurídicas con los proveedores de productos y servicios. En tanto que por el principio de isonomía real, las relaciones comerciales entre los proveedores y los consumidores y usuarios deben establecerse en función de trato igual a los iguales y trato desigual a los desiguales, refiere la sentencia. Añade que por el principio restitutio in íntegrum, se plantea que el Estado resguarde el resarcimiento por los daños causados por el proveedor a los consumidores o usuarios en el marco de una relación comercial. Además, el fallo precisa que por el principio pro asociativo se plantea que se facilite la creación y actuación de asociaciones de consumidores o usuarios, a efectos de que estos puedan defender corporativamente sus intereses.