Las disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público que se establecieron mediante el Decreto Urgencia N° 014-2020 fueron constitucionales.


Paul Herrera Guerra

Esto se desprende de la sentencia recaída en el Expediente N° 00003-2020-PI/TC, emitido por el Tribunal Constitucional (TC), con el que se declara infundada la demanda de inconstitucionalidad contra dicho decreto de urgencia tras no alcanzarse los cinco votos conformes para declarar la inconstitucionalidad de esa norma, en aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica del TC.

Fundamento

A criterio de los tribunos Augusto Ferrero Costa, José Luis Sardón de Taboada y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, la demanda resulta improcedente por sustracción de la materia, debido a que aquel decreto de urgencia, materia del proceso de inconstitucionalidad, fue derogado expresamente por la Ley N° 31114.

En tanto que para los magistrados Marianella Ledesma Narváez y Carlos Ramos Núñez, la demanda de inconstitucionalidad resulta infundada respecto a la competencia del Poder Ejecutivo para regular mediante decreto de urgencia la negociación colectiva en el sector público.

Ambos tribunos consideran que durante el período de disolución del Congreso, el Poder Ejecutivo tenía habilitada la competencia para legislar por medio de decretos de urgencia.

En consecuencia, advierten que la negociación colectiva no constituye una materia manifiestamente vedada a la regulación, que mediante este tipo de norma legal se pudiera haber expedido durante dicho interregno.

Ambos también advierten que el rol desempeñado por el Informe Económico Financiero (IEF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el proceso de negociación colectiva de acuerdo con lo estipulado en el citado decreto urgencia es básicamente de índole técnico, al presentar la información necesaria para las partes respecto a la disponibilidad presupuestaria con la que el Estado cuenta al momento de dicha negociación.

Argumentos

Desde esa perspectiva, Ledesma y Ramos no advierten que la expedición de un informe económico a cargo del MEF y su consideración por las partes durante el proceso de negociación colectiva sea per se inconstitucional, por lo que en este extremo concluyen también que la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Urgencia N° 014-2020 resulta infundada.

En ese contexto, ambos magistrados consideran, asimismo, que los incisos 1 y 2 del artículo 6 y el numeral 3 del inciso 2 del artículo 7 del decreto de urgencia impugnado no vulneraban la Constitución siempre que se considere que el árbitro en la negociación colectiva tenga en cuenta el IEF del MEF cuando este sea expresión clara, cierta y directa de los principios constitucionales presupuestales, sin menoscabar por ello los demás principios, reglas y valores que también protege la Constitución.

Además, Ledesma y Ramos advierten que la interpretación conforme a la Constitución de la primera disposición complementaria transitoria del citado decreto de urgencia es aquella que permite concluir que la aludida norma se debe aplicar excepcionalmente, esto es, como última ratio, siempre que dicha aplicación esté escrupulosamente justificada por la configuración de auténticas imposibilidades jurídicas y fácticas sobrevivientes que impliquen la inaplicación temporal de los convenios colectivos o laudos arbitrales firmes o judicializados, esto es, lo que, por lo demás, no puede ser indefinido en el tiempo.

Por estas consideraciones, ambos letrados en ese extremo de igual manera desestiman la demanda de inconstitucionalidad siempre que la mencionada disposición complementaria sea interpretada en el referido sentido.

Vigencia

De acuerdo con aquella disposición impugnada, los acuerdos por convenios colectivos o laudos arbitrales anteriores a la entrada en vigencia del mencionado decreto de urgencia se deberían registrar en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) en caso hayan quedado firmes o cuenten con calidad de cosa juzgada, al haber sido judicializados, para lo cual se requería contar con disponibilidad presupuestaria.

En caso contrario, correspondía que el titular de la entidad pertinente solicite al MEF un IEF para revisar el convenio colectivo o laudo, con miras a su inaplicación total o parcial temporalmente, según lo que se establezca en el respectivo reglamento.

Normativa

Conforme con el artículo 28 de la Constitución, el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. En ese sentido, garantiza la libertad sindical, fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales, teniendo en cuenta que la convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Además, regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social, y señala sus excepciones y limitaciones.