Un duro golpe contra la lucha anticorrupción. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, MINJUS, cortó todo vínculo laboral con 120 profesionales de la Procuraduría Anticorrupción, la única institución que se encarga de defender los intereses del Estado peruano en los casos de corrupción a nivel nacional..

Son abogados y especialistas que atienden a nivel nacional miles de casos de corrupción de funcionarios a nivel de Gobierno Nacional, Regional y Local, y que conforman los equipos de la Procuraduría Anticorrupción ubicados en la sede central en Lima y en las 37 sedes descentralizadas.

Según pudo conocer La República, los profesionales laboran bajo el régimen de “órdenes de servicio” que se renuevan periódicamente. La última venció en el 31 de marzo y desde entonces quedaron en el aire. La respuesta que han recibido del MINJUS es que no se trata de una contratación para preservar la vida, salud y salubridad de la población.Cuando solicitaron saber que pasaba con sus contratos, les respondieron que sus órdenes de servicio no serán renovadas por el MINJUS bajo el argumento de que no se trata de una contratación para preservar la vida, salud y salubridad de la población, por lo que se les volverá a convocar cuando pase la emergencia.

El procurador anticorrupción, Amado Enco, aseguró que esta decisión vulnera y pone en riesgo la operatividad de la Procuraduría Anticorrupción que solo en el contexto de esta emergencia sanitaria por el COVID-19 ha registrado unos 70 casos nuevos de corrupción de funcionarios en el país, en su mayoría, relacionadas a contrataciones de bienes y servicios, en el marco de la lucha contra el COVID-19.

La medida adoptada por el Minjus llama la atención en cuanto en la víspera el presidente de la República Martín Vizcarra afirmó que su gobierno se encuentra alerta ante cualquier acto de corrupción como los que se han advertido en el manejo de los equipos sanitarios y en el uso del dinero asignado para dar atención alimentaria a los más necesitados.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que se trata de plazas presupuestadas para la procuraduria anticorrupción por lo que los sueldos que se dejarían de pagar a los 120 trabajadores del Estado retornaría al tesoro público, salvo que el Ministerio de Justicia le de otro uso.