El estado de emergencia anunciado por el Gobierno significó un cambio de rumbo radical en la manera en que se llevaban a cabo la mayoría de las actividades a escala nacional. Si bien los ciudadanos se tuvieron que adaptar rápido a esta nueva realidad, la ley también se modificó para ser compatible con esta situación excepcional.

En este contexto, el 15 de este mes se publicó el Decreto de Urgencia N° 056-2020, que tiene por finalidad implementar una serie de medidas extraordinarias para adaptar ciertas actividades en materia económica y financiera a la coyuntura actual.

“Tenemos que tomar en cuenta que el Perú, al igual que muchos países del mundo, no estaba preparado para enfrentar de forma tan repentina esta situación de cuarentena”, sostuvo el líder de regulación financiera y FinTech de EY Law, Ljubica Vodanovic.

Flexibilización

Por ello, la implementación de estas normas en nuestro marco jurídico aspira a flexibilizar requisitos con el fin de poder llevar a cabo actividades económicas que son necesarias para enfrentar esta situación, comentó.

Precisó que las empresas del sistema financiero, incluido el Banco de la Nación, y las empresas emisoras de dinero electrónico podrán abrir cuentas a nombre de beneficiarios identificados por la entidad estatal o privada que instruye el pago sin la necesidad de la celebración previa de un contrato y la aceptación por parte del titular.

Vodanovic resaltó que la norma exceptúa el secreto bancario, este grupo de empresas podrán compartir con la entidad estatal o privada que instruye el pago información de identificación de las cuentas prexistentes de los beneficiarios.

Juntas de accionistas

Las entidades bajo competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores podrán convocar y celebrar juntas generales o especiales de accionistas de manera no presencial o virtual, mediante el uso de medios tecnológicos o telemáticos y de comunicaciones, incluso cuando sus estatutos únicamente regulen las juntas presenciales de accionistas.

Vodanovic destacó que la iniciativa permite el uso de firmas electrónicas.

Plazo

31 de diciembre es el plazo para que las entidades puedan abrir cuentas a nombre de beneficiarios.