Rafa de Miguel

Se trataba de escoger el peor de dos males y Theresa May ha decidido renunciar a su principal arma negociadora frente a Bruselas (la inevitabilidad de un Brexit sin acuerdo llegado el 29 de marzo) para evitar una crisis de Gobierno que habría acabado con cualquier resto de su autoridad. La primera ministra ha anunciado este martes en la Cámara de los Comunes que, si su plan de salida de la UE vuelve a ser rechazado el próximo 12 de marzo, está dispuesta a solicitar a Bruselas una prórroga de la fecha de salida. Lo que técnicamente se denomina una extensión del artículo 50 del Tratado de Roma, la cláusula que activó Reino Unido para comenzar el proceso de desenganche de las instituciones comunitarias.

“Si el Gobierno no logra respaldo a su plan el próximo 12 de marzo, presentaremos al día siguiente una nueva moción preguntando a los diputados si están dispuestos a salir de la UE sin un acuerdo. Si rechazan esta posibilidad, presentaremos el día 14 una nueva moción para preguntar a la Cámara si debemos solicitar una extensión breve y limitada del artículo 50”, ha dicho May.

La primera ministra no ha disimulado su contrariedad ante una decisión forzada por las circunstancias que revienta la estrategia del Gobierno. May ha dejado claro que no está de acuerdo con la posible extensión del artículo 50 y ha advertido a los diputados de que cualquier prórroga que fuera más allá de finales de junio obligaría a Reino Unido a participar en las elecciones europeas. “¿Qué tipo de mensaje estaríamos enviando a los votantes?”, se ha preguntado.

Tres de los principales miembros de su Gobierno habían amenazado este fin de semana a May a través de una carta abierta con romper la disciplina de voto si no cedía en su intención de llevar al país al precipicio. David Gauke, ministro de Justicia; Amber Rudd, ministra de Trabajo y Pensiones; y Greg Clark, ministro de Negocios, han anunciado su intención de respaldar este miércoles la moción conjunta presentada por una diputada laborista y dos conservadores, por la que el Parlamento aprobaría un mandato vinculante para extender el plazo del artículo 50, si el plan de May volviera a ser rechazado, y se descartaría absolutamente la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. De cumplir su amenaza, se produciría una ruptura de la “disciplina colectiva del Gobierno”, la regla no escrita por la que los miembros del Gabinete deben una lealtad a las iniciativas de la primera ministra muy superior a la de los diputados que no ocupan cargos en el Ejecutivo. La consecuencia directa sería el cese o la dimisión de los rebeldes. Su decisión, probablemente, sería respaldada por al menos una decena más de frontbenchers (diputados que forman parte del Gobierno). Ante tamaña crisis, May debía decidir entre sostener el principio constitucional por el cual la iniciativa parlamentaria reside en manos del Ejecutivo o evitar una nueva catástrofe que la situaría definitivamente al pie de los caballos. Y la primera ministra, maestra en el arte de defender una cosa y la contraria, ha acabado por colocarse a favor del viento en un nuevo intento por ganar tiempo.