Jon Martín Cullell

Más de dos décadas de servicio público para el Estado mexicano terminaron de forma abrupta el 30 de enero. Fue el día en que a R. P. le comunicaron su baja, efectiva a la mañana siguiente. No le dieron razones, solo el tiempo justo para empacar sus cosas. “Todo fue verbal; no hubo papeles y me fui sin nada”, recuerda este funcionario de 49 años, que prefiere no revelar su nombre para no entorpecer el proceso judicial. En mayo, él y otros 150 compañeros del mismo organismo público presentaron una demanda colectiva por despido injustificado, un camino que han emprendido cientos de funcionarios y que coloca al Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador ante la perspectiva de tener que pagar indemnizaciones millonarias.

El Gobierno mexicano, de signo progresista, ha recortado miles de puestos de trabajo en el sector público como parte de la polémica política de austeridad –una reducción de más de 20.000 plazas desde enero, según información de una solicitud de transparencia publicada por el diario El Universal–. El objetivo es adelgazar una burocracia que las nuevas autoridades consideran plagada de duplicidades y excesos. “El funcionario debe ser siervo de la nación y tendrá que acostumbrarse a vivir en la justa medianía”, advirtió López Obrador en su discurso del 1 de julio en el Zócalo de la capital.

Pero esta política se ha topado con complicaciones. Tan solo tres despachos de abogados, uno de Monterrey y dos de Ciudad de México, aseguran representar a más de 300 funcionarios de diversas dependencias federales, descontentos con la indemnización ofrecida, en muchos casos inexistente. Los expertos legales consultados estiman que hay miles de demandas similares.

Un portavoz de la Secretaría de la Función Pública ha señalado a este diario que es normal que se produzcan bajas tras un cambio de Gobierno y que los funcionarios están en su derecho de demandar. Pero, según varios abogados consultados, el inicio de este sexenio ha generado una cantidad inédita de casos debido al elevado número de despidos. Una fiscal de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, la unidad encargada de defender a los empleados en conflictos laborales con la Administración, confirma que en lo que va de año ha habido un incremento de consultas por parte de funcionarios de carrera preocupados por su indemnización.

Los juicios se alargan generalmente entre dos y cuatro años, pero la recompensa puede ser jugosa. Unos tres millones de pesos por caso –alrededor de 150.000 dólares– según el abogado laboralista Gerardo Cuéllar, gracias al pago de los sueldos que habría recibido el trabajador durante el tiempo del proceso judicial. “Es una bola de nieve”, sostiene el experto en derecho laboral de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alfredo Sánchez-Castañeda. “Supone un ahorro a corto plazo, pero el Gobierno no está viendo el incremento del costo a medio y largo plazo”.

La Ley mexicana establece que solo pueden ser cesados por “justa causa”, pero varios funcionarios aseguran que no se les notificó o que no se dio una justificación basada en la ley. A María G., funcionaria de carrera desde hace más de 10 años, le comunicaron escuetamente un día antes que la daban de baja “por órdenes de nuestro H. Presidente de la República”.

Más allá de las causas, la mayoría de quejas está relacionada con la indemnización. A veces no hubo oferta y otras estuvo por debajo de lo que marca la ley. “A mí me dijeron que por falta de presupuesto no me podían indemnizar en su totalidad”, explica Adalberto Santamaría, funcionario de 33 años de la Procuraduría Federal del Consumidor. De igual manera, a María G. le ofrecieron tres meses de sueldo y 20 días por año trabajado, pero lo segundo se aplicó solo a los últimos diez años, pese a haber trabajado 16. Una posición que no tiene una base legal ni en la jurisprudencia, según reconoce la fiscal y afirman varios juristas.

La Administración ha argumentado que la mayoría de despedidos es personal de confianza, como se conoce a los funcionarios que desempeñan tareas de dirección y que componen alrededor del 9% de la burocracia, unos 113.000 de un total de 1.320.175 según datos oficiales. Al tratarse de personal directivo, el Gobierno sostiene que no tienen la misma protección que el resto.

Frente a esta postura, la estrategia legal de los demandantes pasa por demostrar que los despedidos no eran altos cargos sino que realizaban tareas operativas. Gerardo Cuéllar se muestra confiado del éxito de las demandas: “La Administración ha hecho un mal uso del término”, asegura. “El 80% de este tipo de casos se ganan en el juicio porque se demuestra que la naturaleza del trabajo no era de dirección”.

Ganar el juicio no tiene por qué traducirse en un pago inmediato de la indemnización, que puede tardar varios años en materializarse. La mayoría de Secretarías arrastra deudas por despidos de sexenios anteriores, por lo que las terminaciones recientes pueden agravar esa situación, según Sánchez-Castañón, de la UNAM. “Los funcionarios quizás ganen el juicio”, dice el jurista, “pero el problema puede pasarse al próximo Gobierno”.

Renuncia voluntaria, la otra vía

Como alternativa al despido, la Administración ofreció a parte de los trabajadores renunciar voluntariamente. Es una práctica común cuando hay cambio de Gobierno pero cuestionable, según Evelin Carbellido, de IFC Abogados. “Si el despedido firma el acuerdo va a recibir una cantidad menor a la que le corresponde. Si se niega a firmar, la dependencia trata de buscar alguna causa de cese, como faltas injustificadas”, explica la abogada. En el peor de los casos, ha habido denuncias de coacción.

Mientras cientos de empleados han rechazado la renuncia y han preferido recurrir a los tribunales, otros miles han aceptado las condiciones por miedo a quedarse sin nada. María G. se resignó a aceptar la oferta tras considerar la opción legal. “Es mucho desgaste y quedarte sin sustento es muy duro”, explica. El día de su despido le pusieron sobre la mesa un documento, al que ha tenido acceso este diario, por el que la firmante manifestaba su intención de dejar su puesto “por así convenir a sus intereses” y renunciaba a plantear una demanda laboral en el futuro. A cambio, recibía un finiquito.

Al principio, María G. se negó a firmar porque el documento decía que no había tenido un accidente laboral durante sus años de servicio. No era el caso de P.G. “Yo le dije al director que eso no era correcto y que no podía firmarlo porque en el año 2012 yo tuve accidente de trabajo”, recuerda la funcionaria, quien enseñó a este diario el documento que reconoce el accidente. “Él mismo me dijo: A caray, tengo que consultarlo con jurídico”. Pero el documento no cambió y ella tiró la toalla y acabó firmando.