Alex Nowrasteh es analista de políticas de inmigración del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.


La victoria de Donald Trump en la elección presidencial es una tremenda sorpresa política. El asunto más importante resaltado por Trump fue la inmigración —y no titubeó al expresar su postura restrictiva. Aunque los datos de las encuestas no muestran un respaldo a la postura de Trump y aunque el resultado de la elección no fue una paliza, dependiendo de si ganó o no el voto popular (algo que no queda claro al momento de escribir este texto) él y otros Republicanos de postura restrictiva interpretarán este resultado como un mandato para cumplir sus promesas en cuanto a la inmigración.

Las arengas de campañas de Trump fueron superficiales pero el documento en el que explica su posición frente a la inmigración fue detallado y específico. Simplemente, hace un llamado a una reducción de entre un 20 y un 60 por ciento a las “green cards” (permisos de residencia) y a un aumento gigantesco en el gasto para el cumplimiento de las leyes migratorias. Aquí analizo detalles de su documento acerca de la inmigración:

  • El muro en la frontera. Terminar de construir un muro o al menos mil millas de este (hay alrededor de 700 millas de muros y barreras actualmente). Este muro podría ser virtual pero él lo vendió como una barrera física. Su muro fronterizo se supone que debe abordar los flujos entrantes de ilegales a través de la frontera que empezaron a disminuir hace una década y que ahora se encuentran cercanos a los niveles históricamente bajos posteriores a la década de 1970. Hay una percepción de caos en la frontera que no refleja la realidad, pero la percepción es todo lo que importa en la política. La mejor manera de reducir todavía más la inmigración ilegal sería crear un programa de visados para trabajadores invitados con poca calificación o expandir las visas existentes, pero el documento de Trump excluye dicha alternativa.
  • Expandir a nivel nacional el programa E-Verify. El uso obligatorio a nivel nacional de E-Verify para todos los empleados nuevos en EE.UU. como una manera de excluir a los inmigrantes ilegales de ser empleados. E-Verify es un programa electrónico que verifica la elegibilidad para empleo revisando la información de identidad del empleado nuevo y comparándola con aquella que se encuentra en las bases de datos del gobierno para aprobar o negar su empleo. Mi colega Jim Harper y yo publicamos un estudio el año pasado detallando todos los problemas que este sistema posee desde un punto de vista económico, respecto de la privacidad, las libertades civiles, y en cuanto a su efectividad. E-Verify sumará tiempo a las más de 13,48 horas-hombre que destinan los empleadores anualmente a lidiar con el formulario I-9, de esa forma negando y retardando el empleo legal a muchos trabajadores estadounidenses debido a imprecisiones, fomentará un mercado negro para los documentos de identidad, y costará miles de millones a los contribuyentes para ser implementado. E-Verify también no se cumple y no es efectivo para disminuir el atractivo de los salarios en aquellos estados donde ya es de uso obligatorio. E-Verify no logrará satisfacer las expectativas y será seguido de llamados a una tarjeta nacional biométrica de identidad para sellar las brechas en el sistema.
  • Acabar con el derecho de nacimiento a la ciudadanía. Eso muy probablemente requeriría de una enmienda constitucional aunque el Juez Richard Posner, destacado académico legal, considera que puede ser cambiado mediante un estatuto. El derecho de nacimiento a la ciudadanía es mucho más antiguo que la Enmienda No. 14 y ha ayudado con la asimilación de generaciones de inmigrantes, a diferencia de las experiencias de asimilación en naciones europeas que no tienen el derecho de nacimiento a la ciudadanía. Si fuese implementada, jus sanguinis (la ciudadanía mediante las relaciones de sangre) reemplazarían a jus soli como la ley de ciudadanía más importante del territorio —una adopción de valores cartagineses por sobre los romanos.
  • Acabar con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). La acción ejecutiva del Presidente Barack Obama para los inmigrantes ilegales traídos aquí como niños le dio permisos temporales de trabajo y resguardo de una potencial deportación (no un camino legal hacia la ciudadanía) a alrededor de 665.000 personas. La continuación de este programa depende de las acciones del presidente. Aunque esto no está deletreado en su documento acerca de la inmigración, es probable que Trump se niegue a continuar con este programa deteniendo las renovaciones periódicas que son requeridas por la ley, exponiendo así a esta población a ser deportada. La administración de Trump también tendrá ahora acceso a las identidades de todos los beneficiarios de DACA, quienes habían enviado su información personal para beneficiarse. Esta sería una fuente de información que podría ser utilizada para deportarlos de manera más eficiente. Esto tiene el potencial de convertirse en un conmovedor desastre humanitario para los beneficiarios de DACA, sus familias, y aquellos de nosotros que consideramos a algunos de ellos como nuestros amigos.
  • La detención obligatoria. Detener a inmigrantes ilegales y aprehenderlos conforme ingresan a EE.UU. Esta política ya está parcialmente implementada pero podría ser considerablemente expandida. Requeriría de nuevas facilidades de detención, similares a aquellas utilizadas para detener a los niños extranjeros no autorizados provenientes de Centroamérica y tendría un considerable costo económico y humanitario.
    La moderación de la inmigración. El documento de Trump hace un llamado a una “pausa” en la emisión de nuevas “green cards” para trabajadores extranjeros de tal forma que “los empleadores tendrá que contratar de la fuente local de inmigrantes y nativos desempleados”. En 2014 se emitieron 151.596 “green cards” basadas en empleo. 86 por ciento de ellas fueron otorgadas a trabajadores que ya se encontraban en EE.UU. con otras visas. El otro 14 por ciento fueron otorgadas a trabajadores que se encontraban en el extranjero. El gobierno también emitió 645.560 “green cards” basadas en relaciones familiares en 2014, todas ellas permiten que los recipientes trabajen en EE.UU. 61 por ciento de estas “green cards” basadas en relaciones familiares fueron otorgadas a inmigrantes que no estaban en el país con otra visa. Dependiendo de cómo lo mire, esta provisión podría reducir entre 140.000 y 540.000 la emisión de “green cards” al año.
  • Aumentar el salario predominante para las visas H1-B. Esta propuesta de política reduciría el número de trabajadores migrantes legales, temporales y altamente calificados. En 2014 solo un poco más de 124.000 H1-Bs fueron aprobadas para empleo inicial en EE.UU., solamente 85.000 de ellas siendo para empleos en empresas y el resto para trabajar en instituciones de investigación sin fines de lucro. Estos trabajadores tienen un salario promedio de $75.000 así que no compiten con los trabajadores estadounidenses de poca calificación. Si el salario mínimo para las visas H1-B fuese elevado a $100.000 entonces el número de trabajadores con visa H1-B contratados por empresas privadas caería mientras que también caería el número de trabajadores contratados por instituciones de investigaciones. 75% de los trabajadores con visa H1-B tienen una compensación igual o menor a $81.000. Incluso incluyendo todas las peticiones por trabajadores de salarios altos que son rechazadas cada año, esta reforma reduciría significativamente el número de visas H1-B emitidas y tendría un costo económico enorme. El sistema H1-B también nutre las emisiones de “green cards” basadas en el empleo así que cualquier cambio con esta visa también podría alterar el flujo a futuro de las “green cards”, aún así no se realicen otros cambios adicionales.
  • El requisito de contratar trabajadores estadounidenses primero. Esta política incrementaría el costo regulatorio para las empresas estadounidenses de contratar trabajadores extranjeros altamente calificados en ocupaciones especializadas. El congreso consideró esta política para la visa H1-B en 1990 y la rechazó porque los costos regulatorios serían demasiado altos. Si Trump es el candidato anti-regulación que dice ser, entonces rechazará esta provisión.
  • Un programa de refugiados para los niños estadounidenses. Esta política elevaría los estándares para quienes buscan refugio y asilo y lo haría para supuestamente reducir el supuesto abuso y fraude. Asumiendo el peor escenario posible, la política propuesta por Trump disminuiría la inmigración humanitaria en un 70 por ciento si las estadísticas exageradas de fraude son creíbles. Esa política, si se hubiese implementado en 2016, hubiese reducido el número de refugiados en alrededor de 60.000, considerando el peor escenario posible.

El costo a los contribuyentes de hacer cumplir las leyes migratorias de EE.UU. hasta el punto de remover a todos los inmigrantes ilegales y detener los flujos futuros sería de entre $419 y 619 mil millones a lo largo de 20 años, según cálculos del American Action Forum. Estos cálculos no incluyen los efectos económicos negativos y la pérdida de recaudación tributaria de una economía consecuentemente más pequeña. El Bipartisan Policy Center estima que una contrición mediante una política de cumplimiento de la ley migratoria aumentaría los déficits proyectados en alrededor de $800 mil millones a lo largo de los próximos 20 años. Esos cálculos no incluyen los costos para la economía y las finanzas públicas de reducir marcadamente la inmigración legal.


catologo

LEAVE A REPLY