Jorge Basadre Ayulo**

I. INTRODUCCIÓN

Como inicio de este tema, intentemos efectuar una clasificación de los juristas peruanos más destacados de la época republicana, entre los años 1821 hasta fines del siglo XX con el fin de mencionar a los hombres de leyes más relevantes, bajo los mismos patrones y moldes de una posible división de los juristas del derecho indiano en el Virreinato del Perú.

Resulta de importancia para la historia del derecho peruano ensayar un breve bosquejo acerca de los juristas del siglo XIX peruano que le sirva al alumno de la asignatura para tomar conocimiento de los estudios jurídicos realizados en el Perú en estos primeros ochenta años que inician la vida republicana. A tal efecto, daremos una visión general de los estudios jurídicos realizados en ese período histórico con mayor incidencia en la figura de Francisco García Calderón Landa, postergando para una próxima oportunidad un análisis sobre otras personalidades como así fueron Manuel Lorenzo de Vidaurre, Toribio Pacheco, Manuel Atanasio Fuentes, Mariano Santos Quirós, Juan Oviedo, Bartolomé Herrera, entre otros.

II. LA CULTURA JURÍDICA EN LOS AÑOS INICIALES DE LA REPÚBLICA

La cultura jurídica en el Perú, como en las demás repúblicas que se comenzaron a eregir en América a partir de 1810, era un producto de las universidades las mismas que habían surgido en Europa a principios del siglo XVIII como agrupaciones conjuntas de profesores y alumnos que se reunían para la enseñanza y el cultivo de las ciencias, recibiendo privilegios del Papa, del Emperador o de los reyes quienes aprobaban sus reglamentos y permitieron el otorgamiento de los títulos universitarios respectivos. En España fueron fundadas las universidades de Salamanca, Valladolid, Alcalá de Henares y Sevilla en donde los alumnos estudiaban Teología, Filosofía y Derecho. En 1551, Carlos V había ordenado establecer la Universidad de San Marcos dotada de las normas privilegiadas para la Universidad de Salamanca, y, en el siglo XVII quedó erigida la Universidad del Cusco que fueron las que formaron a los abogados en el inicio de la república peruana. Más tarde, el libertador Simón Bolívar estableció la Universidad de Ayacucho en el siglo XIX.

El tiempo, la historia, la memoria de los abuelos, nos libera del tiempo abstracto, nos permite zafarnos de tiempos que tiranizan las leyes enterradas pero que fueron vivas.

La enseñanza del Derecho a fines del siglo XVIII fue predominantemente romanista y canónica cuya ciencia quedó volcada a los abogados que aparecen en el inicio de la república peruana, con el añadido del Derecho Civil de Castilla que era entonces el Derecho nacional vigente. Había calado hondo en los profesores universitarios la doctrina de las célebres escuelas de Grocio, de Pufendorf y otros juristas representantes del ius naturalismo escolástico. Las clases eran dictadas en latín y los alumnos estudiaban las glosas escritas por Gregorio López, Palacios Rubio, Antonio Gómez, así como la producción jurídica de otros juristas entonces en boga.

Los abogados y los jueces invocaban el Derecho Común y las causas eran juzgadas de acuerdo a éste. En las Indias Occidentales y Orientales existía la distinción entre el Derecho Privado, sujeto a bases romanistas, canónicas, y el Derecho Público el que quedó apartado de estas influencias. El Derecho Indiano estuvo ubicado en un lugar intermedio como un sistema especial sui generis, ajeno a esos sistemas clásicos, con bases casuistas, dictado especialmente para las Indias.

A fines del siglo XVIII empezaron a ser establecidas en las universidades las cátedras de Derecho Natural y de Gentes con el fin de difundir el pensamiento de Grocio y Pufendorf, dejándose de lado el iusnaturalismo. Estas cátedras fueron suprimidas por el emperador Carlos IV por considerarse que encerraban principios revolucionarios, pero esta suspensión no llegó a eliminar el interés por tales estudios. Los principios jurídicos enseñados en las Indias marcaban el compás de España con un atraso en grado extremo ya que en pleno siglo XVIII eran utilizados los textos de los comentaristas del siglo XVI y el sistema de glosas para analizar los textos legales vigentes. En el año 1804, en Francia era introducido el Código civil de Napoleón Bonaparte, que marcaba un nuevo rumbo en el Derecho, mientras que en España un año después seguía vigente el viejo régimen jurídico recopilatorio conforme al texto de la Novísima Recopilación de 1805 preparada con el mismo molde de la Nueva Recopilación, sin insertar en este texto grandes novedades en muchas disciplinas y materias.

III. LA ABOGACÍA EN EL SIGLO XIX

Las leyes antiguas procuraban rodear de consideración y de respeto a la noble profesión de abogado, porque -como decía una norma de las Partidas- «La sciencia de las Leyes es como fuente de justicia, e aprouechasse della el mundo, mas que de otra sciencia». Y por ello, la misma ley eximía a los abogados de pagar impuestos y realizar cargas públicas. «La sabiduría de los Derechos -decían también las Partidas- es otra manera de Caualleria, que se quebrantan los atreuimientos, e se enderecan los tuertos». Pero al mismo tiempo que les conferían honras, las leyes les imponían múltiples deberes para que ejercieran leal y moralmente sus funciones.

En este sentido, los abogados debían prestar juramento de «que no ayudarán en causas injustas, ni acusarán injustamente» y estaban obligados a defender «a las partes fielmente, y con mucha diligencia», sin revelar sus secretos ni aconsejar a ambos litigantes simultánea o sucesivamente. Tampoco podían abandonar los pleitos antes de que concluyeran. Debían, además, patrocinar gratuitamente a los pobres y desvalidos cuando no hubiera defensores oficiales. Con respecto a los honorarios, se les prohibía expresamente convenir el cobro de una parte dineraria o en especies de lo que estaba en litigio o un precio por el éxito en la causa, porque entonces atenderían más al triunfo en el pleito que al de la justicia. Y por último, eran responsables a las partes de «los daños, que hubieren recibido, o recibieren por su malicia, culpa, negligencia o impericia, que se pueda colegir de los autos del proceso». Estas normas, todas ellas, están destinadas a dignificar el ejercicio de la profesión de abogado y la administración de justicia, imponiendo penas severas a las transgresiones de carácter ético.

Ser abogado era de por sí un título que conllevaba a la consideración social. Debían ser personas de buena fama, es decir, no tener o haber incurrido en ninguna de las causales que producían infamia, como su nacimiento ilegítimo, las condenas por ciertos delitos, el ejercicio de algunas profesiones, etc. Aunque esta norma jurídica no siempre fue cabalmente cumplida en América, en el año 1701 la Universidad de Córdoba resolvió no otorgar grados «a persona alguna, que no fuere legítima» y, en el año de 1784 dispuso también que «el que tenga contra sí la nota de mulato, o alguna otra de aquellas, que tiene contraída alguna infamia, no será admitido a los Grados».

Para ejercer la profesión de leyes en el vasto virreinato del Perú era necesario presentar, ante la Audiencia correspondiente, los certificados de estudios y de la práctica realizada en la Academia o en el bufete de otro abogado. El tribunal de la Audiencia inscribía al pretendiente y podía, incluso, examinarlo en acto público. Los sacerdotes no podían ser abogados ni litigar ante los tribunales seculares, excepto en causas propias, o de sus conventos o en defensa de personas menesterosas y conocidas como miserables.

IV. DIVISIÓN METODOLÓGICA DE LOS FURISTAS PERUANOS DEL SIGLO XIX

Podemos intentar esbozar una clasificación de los juristas peruanos del siglo XIX republicano, de acuerdo a criterios análogos a la que corresponde realizarlo en relación a los juristas del Derecho Indiano, y así lo elaboraba el doctor Jorge Basadre Grohmann en su cátedra sanmarquina, que dictara en los años treinta, cuarenta y cincuenta del siglo terminado.

a) Tenemos en primer lugar a los enciclopedistas que abarcaron el Derecho como una totalidad o integridad de conceptos. Es en este casillero que colocamos a don Francisco García Calderón Rey pudiendo completar esta egregia figura con la obra prolífica de Manuel Atanasio Fuentes1, Miguel Antonio de la Lama2 y en los inicios del siglo XX la importante figura de Germán Leguía y Martínez3 .

b) Después de este carácter total, ubicamos en un cuadro especial a quienes han tratado el Derecho Político.

La fuente inicial de este aspecto político de la producción jurídica en su evolución histórica está inserta en los debates con los que resulta aperturada la era republicana, entre republicanos y monarquistas y entre federalistas, descentralistas y centralistas. La literatura jurídica es abundante en este aspecto sobre todo con folletería trashumante que los autores de los trabajos hacían imprimir para su divulgación.

En derecho público la persona más importante del siglo XIX resulta ser Bartolomé Herrera, pero quien no produjo obra escrita.

En seguida, debemos mencionar a los internacionalistas quienes pueden dividirse en varios grupos: i) los que desde la cátedra universitaria expusieron las normas del Derecho Internacional Público, como fueron José Silva Santisteban4 y después Camille Pradier-Fodéré5 y luego Carlos Wiesse; ii) los que realizaron estudios internacionales en relación con problemas concretos, como constituyeron por ejemplo, el peligro europeo sobre América en el siglo XVIII, los Congresos internacionales de Lima, la ayuda romántica prestada por el Perú a la independencia de Cuba, o a la integridad territorial del Paraguay o la solidaridad del Perú con México cuando este país fue invadido por Francia que pretendió entronizar al archiduque Maximiliano de Austria, y, en la controversia arbitral del rey de España con Ecuador, conforme al tratado del 1 de agosto de 1887, como fueron Luis Felipe Villarán y Ramón Ribeyro, y, c) los estudiosos del Derecho Internacional Privado en que estos juristas estudiaron los conflictos de leyes internacionales, los derechos que confiere la nacionalidad y la situación de los extranjeros como fue el del sanmarquino Vicente Morote6.

Los autores del Derecho Civil peruano del siglo XIX merecen, a continuación, un lugar muy especial, así como los penalistas, y sucesivamente los autores en las distintas ramas del Derecho.

Desde el punto de vista del contenido mismo de las obras jurídicas en general, podemos distinguir a los juristas peruanos:

a) Los que realizaron una exposición crítica de la doctrina y la legislación vigentes que vienen a ser el grado más alto de los juristas peruanos de la república: José Vitervo Arias7;

b) Los que son simplemente autores de textos de estudios básicos para los alumnos de las Facultades de Derecho: Ricardo Ortiz de Zevallos y Vidaurre8 y José Silva Santisteban9;

c) Los recopiladores y anotadores de la legislación entonces vigente10;

d) Los dictámenes fiscales sobre asuntos litigiosos11;

e) Los autores de libros de polémica, sobre todo relacionados con el matrimonio religioso12;

f) Los abogados con la inserción de informes judiciales y con la oratoria forense que fue desarrollada enormemente en el Perú en el siglo XIX, entre la que destaca el verbo fluido de Luciano Benjamín Cisneros, a quien el Colegio de Abogados de Lima acordó denominar el «príncipe de la oratoria forense», colocando su retrato en el lugar de las sesiones de esta institución13; y

g) Tenemos a los juristas parlamentarios que hicieron célebres sus intervenciones en las cámaras legislativas.

De toda esta nomenclatura de juristas vamos a destacar la actuación de unos cuantos de ellos y procederemos a estudiar con más detalle a un jurista tipo del siglo XIX: Francisco García Calderón Landa quien asume la categoría del enciclopedista y además interviene en los extremos a), c), e) y g).

Procederemos a hacer el estudio de este autor no solamente desde el punto de vista de las ideas fundamentales que expresaron, sino en relación con su personalidad, sin riesgo que esta actitud escape o evada el contenido estricto de la Historia del Derecho peruano.

Debemos expresar que no constituye una violación o el desconocimieno de esa doctrina exclusivista del Derecho realizar el estudio de la vida de algunos juristas. Antes bien, esta actitud ha sido postulada por grandes maestros y técnicos del Derecho, como fue Gustavo Radbruch quien en las páginas de su célebre libro titulado Introducción a la Ciencia del Derecho, aconseja a sus lectores que para familiarizar espiritualmente a los jóvenes juristas con su conciencia, nada resulta más conveniente que la lectura de las biografías de grandes jurisconsultos lo cual constituye una fuente importante de educación ética-profesional, muy poco utilizada en la actual enseñanza académica. Ello está de acuerdo con la misión histórica de los juristas influidos preponderantemente por sentimientos de libertad cual es el de contrarrestar la tendencia a la imitación, a la reglamentación, y a la racionalización, desde el juez que caracteriza las violaciones del poder reglamentario policíaco como tales, hasta el defensor que protege el interés privado entre los litigantes. Estos eminentes juristas son los centinelas avanzados del contemporáneo «estado de derecho» contra nuestra tendencia innata hacia el «estado de policía». Pero «estado de derecho» no constituye un concepto político solitario, sino también es cultural. Significa la defensa de la libertad contra el desorden, de la vida contra la razón fría, de la casualidad contra la regla, de la plenitud contra el esquematismo, o dicho en breves palabras: la defensa de aquello es un valor y un fin, frente a aquello que no es más que un medio que vale sólo en cuanto sirve a aquél.

V. BIOGRAFÍA DE FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN LANDA

La biografía de Francisco García Calderón Landa es la vida que empieza con el caso de un joven inquieto y provinciano que a los 25 años de edad arriba a Lima, procedente de Arequipa, con un libro bajo el brazo. Había nacido el 2 de abril en el año 1834 en Arequipa, hijo del magistrado Eduardo García Calderón y la señora Ventura Landa. Había desempeñado la cátedra del curso de Derecho Civil en Arequipa a los 18 años costeándose sus estudios con peculio propio, y enseñó además los cursos de Derecho Natural, Derecho Canónico y Derecho Internacional en ese centro universitario.

En aquella época, a mediados del siglo XIX, existía una gran abundancia y desconocimiento de las leyes en la república. En los años cincuenta del siglo XIX el gobierno empezó a promulgar los Códigos Civil, Penal, los procesales y el de Comercio. La vida republicana fue caracterizada por una serie de disposiciones jurídicas, muchas veces contradictorias entre ellas14.

Juan Francisco Oviedo, cumpliendo con una comisión oficial, procuró reunir esta legislación desde el punto de vista formal hasta el año de 186015. Lamentablemente, después del esfuerzo titánico y enredado de Oviedo, no existió un intento serio y orgánico por reunir la totalidad de la legislación peruana. El Anuario de la Legislación peruana, y las colecciones legales de cada legislatura que editaran los señores Ricardo R. Ríos, Ricardo Aranda y Paulino Fuentes Castro constituyen a este respecto la bibliografía esencial en la que debemos hurgar y bucear en el material legislativo del siglo XIX peruano. Regresando al tema de García Calderón Landa, la enseñanza universitaria no sólo en Arequipa sino en Lima, era muy deficiente en los años vividos por el joven maestro. No era dictada ni la Economía Política, ni el Derecho Constitucional ni otras ramas del Derecho aplicado al Perú. Los profesores universitarios tenían mayores conocimientos de los sistemas jurídicos europeos, como el francés y el español, por la sencilla razón de que éstos podían ser estudiados en bibliografía fácil de conseguir en la capital y en la biblioteca de la Universidad de San Marcos y, en cambio para la enseñanza del derecho nacional había que recuperar las fuentes directas, a veces hasta en los periódicos como lo fue «El Comercio» de Lima sobre los debates parlamentarios. Había que realizar entonces una labor de preparación que resultaba muy difícil y cuidadosa que técnicamente fue denominada la heurística o el estudio de las fuentes.

En estas condiciones, García Calderón Landa empezó a enseñar, y como profesor iba tomando fichas y notas escritas, ocultando en un inicio su proyecto al público, comienza a surgir en su mente la necesidad de reunir en un diccionario todo el cuerpo de la desordenada legislación patria siguiendo la huella del Diccionario de Legislación y Jurisprudencia de Joaquín Escriche16. Transcurre el tiempo. Sus papeletas con apuntes van en notorio aumento. Sabe que es necesario en el siglo XIX peruano reunir, recopilar o comentar las leyes nacionales. Es entonces cuando empieza su obra. La modestia de García Calderón Landa es de naturaleza tal que varias veces rehace los originales del libro. No contento con su propia crítica solicita la de dos juristas estimados por él: Benito Lazo y José Gregorio Paz Soldán17.

Esta fue la juventud de García Calderón Landa, de renacimiento y de abstención, de una constante y precoz madurez. Muy temprano empieza a tener el sentido ecuánime de la vida y de las cosas, sin llegar a la indiferencia y a la frialdad. Como escritor revela una cierta tendencia a la definición y un afán de dar a las cosas un concepto preciso con el menor número de palabras y en el espacio más breve posible.

VI. EL DICCIONARIO DE LA LEGISLACIÓN PERUANA

Este sentido del método, esta trabazón lógica de su pensamiento, esta austeridad verbal, esta dialéctica, vienen a ser las claves y las piedras de toque que perfilan sus cualidades de abogado insigne.

El Diccionario de la Legislación peruana de García Calderón Landa está ordenado en orden alfabético de palabras y contiene las normas entonces vigentes sobre Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal Civil, Derecho Constitucional, el Reglamento de Tribunales, el Código de Comercio, las Ordenanzas de Minería, los tratados internacionales vigentes del Perú, todos los reglamentos y resoluciones que ofrecen interés cardinal para el conocimiento de la vida jurídica peruana; las ordenanzas del Ejército y de la Armada, y existen también alusiones a las recopilaciones del Derecho de Indias, al célebre Catálogo de Matraya sobre la realidad peruana y a las recopilaciones españolas, en lo que ofrecían utilidad al lector, o sea, en lo que regían entonces, porque el deseo de García Calderón Landa es el de no ser un simple historiador, como expresa en el prólogo de su obra.

El célebre Diccionario de la Legislación peruana18 contiene los principios generales de las distintas ramas de Derecho y luego las aplicaciones de estos principios a la realidad nacional. Muchas veces el autor transcribe el texto literal de las disposiciones vigentes haciendo inmediatamente un comentario o una alusión a un artículo que en su forma oficial puede ser incompleto. El autor descubre teorías nuevas. Aborda problemas ya planteados, aplica los principios y ofrece las soluciones a cada caso.

Podemos hacer un resumen de los términos legales utilizados en esta obra:

Derecho privado 980
Derecho civil 780
Derecho comercial 200
Derecho público 1077
Derecho constitucional 78
Derecho administrativo 206
Derecho penal 215
Derecho procesal 460
Derecho Tributario y Aduanero 91
Derecho internacional público 57
Terminologías mixtas 303
Derecho canónico y eclesiástico 157
Historia del derecho peruano indiano y republicano 505

 

De este modo, el Diccionario de la Legislación peruana de García Calderón Landa no constituye una especulación abstracta ni un simple enunciado de texto. Es una obra completa que contiene y resume las ideas, las costumbres, el procedimiento y en general la ciencia jurídica de la época. Y ahí puede verse la cultura de este hombre representativo de los juristas peruanos de a mediados del siglo XIX en las distintas ramas del Derecho, la Sociología, la Economía Política, etc.

Este célebre libro en sus dos ediciones, es un catálogo de definiciones, una síntesis de las leyes peruanas al año 1864 con adiciones de los puntos de vista personales del autor en todo aquello que atañe a las cuestiones del país. No es una obra que se queda a medio hacer, trunco o un proyecto utópico. En García Calderón Landa no encontramos la dispersión ni la discontinuidad ni la incoherencia que han caracterizado muchas veces la mentalidad nacional de un siglo mediocre como fue el diecinueve.

VII. COMENTARIO DEL DICCIONARIO

Cuando resultaba pertinente evocar a los juristas romanos, Savigny afirmó una vez que éstos tenían una personalidad fungible, porque en realidad no hacían sino expresar las normas objetivas de la ciencia jurídica ya dada en que el valor del individuo desaparecía. La afirmación de que todo tratadista del Derecho constituye una personalidad fungible, resulta una afirmación excesiva. Puede darse el caso de hombres que por un lado encarnan la técnica, la sistemática o la dogmática del sistema jurídico que corresponde a un ciclo cultural determinado; pero estos mismos hombres, en problemas concretos, pueden expresar diversos puntos de vista que revelen la existencia de una personalidad determinada.

Este último, resulta el caso de García Calderón Landa. No obstante el carácter de diccionario enciclopédico de su obra y la finalidad de divulgación que este libro tenía, encontramos por su lectura, un conjunto de puntos de vista que corresponden al sujeto, al individuo, a la persona que se llamó Francisco García Calderón Landa.

Este pensamiento personal de García Calderón Landa podría caracterizarse sumariamente, sosteniendo que corresponde a un liberalismo templado, con firme actitud que tenía un valor cívico en aquella época, porque representaba por un lado la defensa del poder civil frente a los privilegios tradicionales de la Iglesia en la vida constitucional, civil o penal, y, por otro lado, la defensa de la Constitución Política, de las leyes, de los principios de libertad e igualdad frente a los desbordes del caudillaje y del militarismo imperantes en el Perú del siglo XIX.

El caudillaje, el pretorianismo militar que es una terminología actual, y el clericalismo habían sido las notas dominantes del siglo XIX peruano y en una reacción serena frente a ellas aparece el claro pensamiento jurídico de García Calderón Landa.

De este modo, constatamos que García Calderón Landa defiende la intervención del Estado en la postulación de beneficios eclesiásticos. Sostiene que el matrimonio debe ser considerado simultáneamente como un contrato civil y un sacramento de la Iglesia Católica. Contradice así las posiciones de Vidaurre y de Mariátegui. Aboga por la necesidad de promulgar una ley especial que establezca el matrimonio civil obligatorio en la república, tanto para los católicos como para los ateos. Critica a continuación la situación anómala de los extranjeros no católicos en relación con el matrimonio tridentino establecido por el Código civil peruano de 1852.

García Calderón Landa no realiza la ostentación de una antirreligiosidad notoria ni absoluta. Este jurista es ferviente católico pero no es un sectario fanático ni masón de alto grado. De manera diferente y propia asume una ruta distinta a la tomada por las normas del Código civil de 1852, influido en sus antecedentes que constituyeron una reacción conservadora contra el radicalismo de Manuel Lorenzo de Vidaurre, y después a la de Francisco Javier Mariategui y sus seguidores instalados en la primera comisión codificadora del Código civil de 1852 y, finalmente por el reaccionismo conservador de los codificadores Pérez de Tudela y López Lisson.

García Calderón Landa tiene el concepto de que el derecho es un fenómeno dinámico y por consiguiente rechaza los principios de la Escuela Histórica alemana -la que conoce muy de cerca- la misma que sostiene que el Derecho es un producto del alma del pueblo, como el lenguaje, el folclore, el resultado de un estado social, cuyo exponente máximo es la costumbre, escuela que había negado las virtudes a los méritos de la codificación santificando el principio de la costumbre con el alma del pueblo a través del tiempo. Pero la Escuela Histórica asumía así una posición netamente conservadora.

García Calderón Landa polemizó así a lo lejos con los precursores de la «Escuela alemana» de Savigny sosteniendo que el Derecho no sólo era un componente de hechos pasados, que otorgar importancia exclusiva a la costumbre resulta desconocer los principios progresivos y perfectibles de un pueblo, porque el Derecho puede recibir impulsos hacia adelante por una serie de normas, ideas o doctrinas que precisamente en muchos casos no siguen a la costumbre sino van en contra de ella.

El Derecho también puede recibir considerables variaciones en el porvenir. Por consiguiente, no podría ser completa una teoría del Derecho que se fundara únicamente en la costumbre. Existe una incógnita: el elemento del porvenir. Es por esto que, con las palabras de un jurista alemán, podríamos hablar de la eterna juventud del Derecho, al comentar el pensamiento jurídico de García Calderón Landa.

Otra nota importante en la cual vemos definido el pensamiento de García Calderón Landa es la primacía que otorga al interés público frente al simple interés privado. Así, este jurista niega la confusión entre lo que resulta justo y de otro lado lo útil para las personas. En el texto del Diccionario de la legislación peruana encontramos cierta tendencia a la ampliación de las funciones del Estado, sin desmedro de la materia esencial, inserta en el individuo y sin salirse el autor del ambiente al cual perteneció su trágica generación.

De la libertad, sostiene que ella constituye la facultad que el hombre tiene de vivir conforme al régimen de las leyes sin que ninguna fuerza material o moral le obligue a ella.

En relación con el derecho de propiedad, García Calderón Landa concibe esta institución en su sentido clásico, pero cuando está justificada. Tratándose de la servidumbre, la prescripción, la expropiación forzosa y otros derechos reales justifica las restricciones esenciales de estos derechos reales.

Opina que la propiedad privada sobre las cosas existe en la práctica, pero elevando a tocar un objetivo adecuado, o sea, para satisfacer una necesidad evidente de las gentes, de acuerdo con una postura del Derecho peruano.

Además, García Calderón Landa, vigorosamente denuncia los males derivados de las vinculaciones o restricciones al derecho de propiedad, de origen indiano. Además, este jurista está claramente a favor del pequeño cultivo de la tierra y considera que la concesión de terrenos del Estado debe ser una de las formas de adquirir la propiedad mística.

En relación con los tributos, la posición jurídica de García Calderón Landa es clara. Sus opiniones son adversas al establecimiento de estancos, a los impuestos indirectos, a las alcabalas de enajenaciones, porque representan en realidad serios obstáculos al tráfico jurídico de los inmuebles y una carga gravosa para el pequeño capitalista. Este jurista que comentamos sólo aprobaba las contribuciones que gravaren las utilidades, o sea, aquellas que no tasaran el trabajo.

La posición tradicional de muchas gentes en el Perú del siglo XIX, era considerar que el país debía ser esencialmente minero. Esta actitud manifiesta muchas de las características sobre la economía colonial. García Calderón Landa describe la urgencia y la necesidad de que el Perú desarrollara su potencial agrícola. Por ello, defiende al crédito agrícola, pero esta posición no constituye una defensa de la oligarquía latifundista, sino la del pequeño labriego. Aboga por la creación de un banco de crédito hipotecario, de los billetes o papeles hipotecarios en relación con el crédito para que fueren libremente comercializados.

García Calderón Landa traza y dibuja los evidentes defectos del Código civil de 1852 sobre la transmisión de la propiedad inmueble y es el primer jurista peruano que ha defendido el principio del Registro de la Propiedad Inmueble, entonces desconocido hasta después de la Gran Guerra.

En relación con el derecho a las aguas, no concibe que exista un dominio privado sobre ellas sino un común aprovechamiento de los usuarios en función de sus necesidades.

Sobre el indígena, García Calderón Landa trazó la figura de su triste vida terrenal durante el período indiano y la continuación republicana. El cuadro del amerindio aparece afligido por las mitas y los tributos en la colonia y por el reclutamiento o enganche para las faenas agrícolas y mineras, así como el voto forzoso en los comicios electorales, en la época republicana. El indio era ciudadano únicamente para pagar tributos y para realizar trabajos forzosos.

Propuso García Calderón que la única medida en favor de ellos era la educación de los indios, política capaz de hacerlos abandonar sus antiguos hábitos. Cincuenta años de educación, pudieran haber transformado el espíritu nacional. Y refirió a la educación no sólo concebida como una auténtica escuela de muchos alumnos sino como un taller familiar, fuente de trabajo y de dignidad ciudadana.

Este cuadro negativo de la educación peruana en la vida republicana del siglo XIX fue pintada en los trabajos que aparecieron en la célebre «Revista de Lima» en el año 1861, sobre el curso desgraciado que el problema de la educación pública habíamos tenido en la patria tan vapuleada.

El libro enciclopédico titulado Diccionario de la Legislación peruana en sus dos ediciones, escrito tantas veces por García Calderón Landa, revisado, sometido a los comentarios, al juicio, a las sugerencias de los magistrados y de amigos como Lazo y Paz Soldán, llegó a ser publicado con la ayuda del presidente Ramón Castilla y ante la aparición de su primera edición, el Senado y la Cámara de Diputados, revelaron el homenaje nacional que era prestado de inmediato al hombre que venía a señalar un nuevo camino en la jurisprudencia nacional. Entonces, el Congreso pidió que García Calderón Landa fuera considerado para asumir un cargo público.

Resultó que después de la aparición de la primera edición de este célebre tratado de carácter enciclopédico, un régimen de gobierno nuevo quedó instalado en el año de 1868, presidido por el coronel José Balta. Este gobierno baltista buscó una forma de adquirir prestigio y a tal efecto reunió a un conjunto de notables para instalarlos en el gabinete. Una de ellas, García Calderón Landa, asumió el Ministerio de Hacienda, con brillo y honradez. Fue la primera experiencia gubernativa de Francisco García Calderón Landa.

El paso de García Calderón Landa por el Ministerio de Hacienda fue muy breve en los años de Balta. Sin embargo, intentó ejecutar diversas reformas muy interesantes. Lo primero que le causó preocupación fue el alza de los sueldos para la consecución de un mejor servicio descentralizado. García Calderón Landa quiso dotar al Ministerio de Hacienda de una nueva y desconocida técnica con jefes de departamentos dotados de iniciativa plena, sin ataduras, y responsabilidad a quienes no se les podría llegar a deponer o expulsar por razones simplemente políticas, así como tampoco crear y colocar empleados por servicios prestados en las campañas electorales como recompensa a ellos.

Tuvo honda preocupación por las estadísticas en un país notoriamente atolondrado. Publicó oportuna y detalladamente la Cuenta General de la República, y fijó la reglamentación de la contabilidad. Cuidó el régimen de las aduanas del Estado y el cumplimiento de la ley del presupuesto de la república.

Desgraciadamente, su paso por el Ministerio de Hacienda que aceptó el 4 de agosto de 1868 fue muy breve. El país atravesaba por entonces de una honda crisis financiera que era el anuncio de la próxima catástrofe internacional a ocurrir años más tarde. Llegaron a tomarse medidas drásticas, que ejecutadas por otros hombres, trajeron una pasajera bonanza, para, dar paso más tarde a la tragedia más terrible del Perú en el siglo XIX.

Donde actuó García Calderón Landa de manera permanente e importante fue en el Parlamento. Allí empezó formando parte del Congreso Constituyente que promulgó la Constitución de 1860 que fue la más avanzada que el Perú había tenido en su vida republicana del siglo XIX.

También ejerció el decanato del Colegio de Abogados de Lima y ejerció el cargo por 3 años hasta antes de la Gran Guerra de 1879.

La autoridad jurídica de García Calderón Landa, a través de sus largos años en el Congreso fue aumentando. Fue una persona de consulta obligada. Intervino como presidente del Senado en la dación de la ley de descentralización fiscal de 1866; en la Ley de Municipalidades con la autonomía de ellas y el carácter propio de estas corporaciones venidas de Castilla. Cuando fue discutida la ley del impuesto sobre la renta del capital movible, sus opiniones representaron un gran interés especial. Presidió el gobierno peruano el año de 1881 y cuando ocupó la presidencia de la República se encuentra también, aunque no lo parezca a primera vista, dentro de su calidad de hombre de derecho. El hombre de derecho, el abogado o el magistrado, es un hombre de realidades. El carácter del abogado resulta diferenciado del de filósofo, del artista, del filólogo, del ideólogo o novelista. Para el abogado, la realidad concreta es el suelo que pisa. Puede haber y existe una filosofía jurídica. Ésta no consiste sino en el examen de las normas legales y en la razón de ser de esta realidad concreta19.

VIII. EL JURISTA

Existen derechos o reglas sobre qué es el derecho objetivo y en cuanto al derecho subjetivo responde concretamente a las preguntas: ¿quién? o ¿qué?

Todo derecho supone la existencia de una sociedad, una sociedad no cualquiera sino una determinada la que se relaciona siempre con el hombre. Con el ciudadano, tratándose con el derecho internacional, con el litigante tratándose del Derecho procesal, con los contratantes u otras personas en el Derecho civil; con el acusado en el Derecho penal, y, con el comerciante, en el Derecho comercial.

Pero esta variación de intereses concretos que el Derecho tiene invívito puede llevar al aprovechamiento, al lucro de esa realidad. Cuando a fines de la Edad Media aparecen los legistas o expertos en Derecho como fue García Calderón, que sirven de instrumento del poder absoluto en su lucha contra el feudalismo, y, el poder del clero; forman parte de la burocracia con la cual aparece el Estado monárquico. En teoría, las funciones desinteresadas vienen en su mayor parte de los legistas, pero, estos hombres que tienen grandes conocimientos del Derecho romano es caracterizada en muchos casos por su pedantería y por su indiferencia moral; personas susceptibles de patrocinar defensas en uno u otro sentido según los sentidos de la corona.

Este espíritu de indiferencia moral aparece en los primeros días de la conquista de América. Tenemos una famosa comunicación del gobernador Pánfilo Narváez quien solicita a la corona prohibir el ingreso de abogados a la lejana América, y, en efecto ella con fecha 21 de diciembre de 1596 prohibió el ingreso de abogados a América.

Más tarde, en el período independentista y en la república no se pierde ese afán de satisfacer intereses con la máscara de la ley; y de esta manera resulta aplicable a través de los tiempos la frase del historiador romano que dijo: «Ganaron dinero los abogados con las injusticias así como los médicos con las enfermedades». Redactando las leyes, los decretos, las resoluciones, las Constituciones políticas, las proclamas; muchas veces al servicio de tiranos y dictadores, los abogados se han hecho presente.

A otros abogados también se les ha caracterizado por su evidente sequedad en el alma. Se ha dicho de ellos que son capaces de tomar a Shakespeare por un tratadista de derecho ruso y a Homero por un juez alemán.

Pero, frente al abogado del aprovechamiento menguado de los conocimientos jurídicos, frente al abogado de alma seca y yerta, surge la figura del verdadero hombre de Derecho. Para estos hombres no es el derecho una técnica o una hermenéutica sino una evidencia. No sólo consiste en un conocimiento de leyes; es una actitud.

Esto produce una dignidad interior y surge este tipo de hombre de derecho que no es el apóstol pero tampoco el hombre tachable; es el varón justo. Eso fue García Calderón Landa. El no sólo tiene interés por el hecho de haber escrito una obra tan utilizada por los magistrados, abogados y estudiantes durante muchos años y no sólo porque contribuyó al mejor conocimiento del derecho sino por el sentido de su vivencia. Por ello explicamos su actuación en los años que vivió el Perú durante la guerra con Chile20.

También es de interés recordar que a propósito de los bancos hipotecarios propició la unificación de moneda entre el Perú, Bolivia y Chile.

Francisco García Calderón Landa fue rector de la Universidad de San Marcos en los períodos de 1887 a 1891; de 1895 a 1899; de 1899 a 1903 y de 1903 a 1907, habiendo fallecido cuando estaba a cargo de él en el año 1905. Defendió la autonomía, el principio tradicional en esta institución, trató el Colegio Universitario como un organismo preparatorio para ingresar a esa casa de estudios universitarios, creó una revista especial para la publicación de las investigaciones científicas, tesis y discursos; propició las becas para estudiantes escasos de recursos económicos y organizó la Biblioteca de la Universidad de San Marcos21.

Francisco García Calderón Landa falleció ejerciendo el rectorado de la Universidad de San Marcos en el año 1905, víctima de la diabetes, rodeado de sus hijos, su esposa y fiel acompañante de éste, doña Carmen Rey de García Calderón había fallecido años antes. La vida material de Francisco García Calderón Landa quedó atrás, reconociéndosele virtudes de eminente jurista enciclopédico del siglo XIX peruano, trabajador incansable por la vigencia del imperio del derecho a quien los Colegios de Abogados recuerdan su natalicio como «el día del abogado» en el Perú 22 23.

Francisco García Calderón Landa murió lúcido hasta los últimos momentos de su vida, disconforme con los destinos truncos y la tragedia de su país. Pero no falleció con amargura ni desesperanza, con una exigencia enérgica de inteligencia política, cultural, humana que dio cauce al potencial de cultura y progreso de su patria, no obstante los negros nubarrones que se cirnieron sobre el destino de la patria. En el fondo tuvo una visión latinoamericana, con esperanzas. Todos los abogados del Perú retendremos su efigie en nuestra memoria por haber sido hombre honesto y un jurista fértil de los caminos del Derecho peruano.


* Trabajo presentado en la I Jornada Chileno-Peruana de Historia del Derecho que organizó la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso y se celebró en Valparaíso los días 23 y 24 de noviembre de 2000.

** Catedrático de las Facultades de Derecho de las Universidades Particular San Martín de Porres, Nacional Federico Villarreal (Maestría en Derecho), Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Universidad de Lima, Universidad Particular de Piura y Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. Miembro de número de la Academia Peruana de Derecho.

1 Manuel Atanasio Fuentes – Miguel Antonio de la Lama, Diccionario de jurisprudencia y de legislación peruana. (Parte civil) (Lima, Imprenta del Estado, 1877), 2 volúmenes.         [ Links ]

2 Miguel Antonio de la Lama. Diccionario penal de jurisprudencia (Lima, Imprenta del Universo de Carlos Prince, 1889.), 865 pp.

3 Germán Leguía y Martínez, Nuevo diccionario de la legislación peruana (Lima, Tipografía El Lucero, 1914 – 1921), 2 volúmenes. Este libro fue elaborado a fines del siglo XIX.

4 José Silva Santisteban, Curso de Derecho Internacional ó de Gentes (Lima, 1858. Segunda edición A. Aubert y Comp., 1864), 214 pp.         [ Links ]

5 Camille Pradier-Fodéré, De los derechos y deberes de las naciones en tiempo de paz, en tiempo de guerra y en el estado de neutralidad (Lima, Imprenta del Estado, 1877), 240 pp.

6 Manuel V., Morote, Tratado de Derecho Internacional Privado (Lima, Editorial E. Moreno, 1896), 363 pp.

7 José Vitervo Arias, Exposición comentada y comparada del Código penal del Perú de 1863 (Lima, Librería e Imprenta Gil, 1898 – 1902), 3 volúmenes (Biblioteca de “El Diario Judicial”) (Volumen 1, 1900; volumen 2, 1898); El mismo, Exposición comentada del Código de procedimientos penales en el Perú (Lima, Biblioteca de “El Diario Judicial”, 1854.), 355 pp. Segunda edición, El mismo, José Viterbo Arias, Addenda a diversos comentarios de la segunda edición (Lima, Imprenta Torres Aguirre, 1899) 57 pp.

8 Ricardo Ortiz de Zevallos y Vidaurre, Tratado de derecho civil peruano teórico y práctico (Lima, Editorial Rosay, 1906), 635 pp.

9 José Silva Santisteban, Derecho peruano. Parte civil (Piura, Imprenta por Manuel Rubio, 1853), 176 pp.

10 Leyes y resoluciones expedidas por los Congresos de 1878 y 1879, con un apéndice … sobre bancos de emisión y moneda desde 1873 hasta 1886. Coleccionadas y anotadas por … Ricardo Aranda, redactor del “Diario de los Debates” de la H. Cámara de Diputados. Edición oficial (Lima, Carlos Prince, 1886), 190 pp.; Leyes y resoluciones de carácter general y local vigentes en la fecha expedidas por los congresos ordinarios y extraordinarios de 1878-1879 y de 1886-1887 coleccionadas y anotadas por Ricardo Aranda (Lima, Imprenta de Universo, 1893). Esta última fue declarada oficial el 15 de setiembre de 1893.

11 Gaceta de los tribunales (Lima, Imprenta de J. Masías), 27 de junio de 1846. Año I, Número I; Gaceta de los tribunales (Lima, Imprenta de Justo Montoya), 15 de setiembre de 1855 – 29 de agosto de 1857. Año I, Números 1 – 31; La Gaceta judicial (Lima, 185? – 1859), Volumen 1 – 4; Diario de legislación y jurisprudencia (Lima, Imprenta del Estado, 7 de enero de 1874 – 30 de setiembre de 1876), Tomo I, Número 1 – Tomo 6, Número 73; Diario de doctrina, legislación, jurisprudencia y crónica. Órgano del ilustre Colegio de Abogados, Lima, 18 de marzo de 1891, Año 1, Número 1 – 1893, Año 2, Número 499; Anales de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima (Lima, 11 de enero de 1862 _ 1906), 32 volúmenes; El derecho.

Revista de jurisprudencia y legislación, Lima, 12 de diciembre de 1885. Año I, Número 1, diciembre de 1909, Año 19, Número 370. 14 volúmenes. El volumen 13 fue omitido y la publicación fue suspendida desde diciembre de 1889 hasta abril de 1894.

12 Francisco Javier Mariátegui, Vindicación que la mayoría de los vocales de la comisión de códigos presenta al público contra las imputaciones que se la hacen… en la nota con que pasó al ministerio el proyecto de código civil… (Lima, Imprenta de Eusebio Aranda, 1847), 74 pp.; Código civil de Perú (Lima, Imprenta del Gobierno por Eusebio Aranda, 1852), 328 pp. Otra edición, 352 pp.

13 También Francisco García Calderón intervino en debates públicos como los que son anunciados en esta nota: Francisco García Calderón y la Casa de Schutte y Compañía. Contestación al Sr. D. Geraldo Garland (Lima, Imprenta de “El Nacional” por P. Lira, 1875) 19 pp.; Fernando Palacios, Cuestión del Dr. D. Francisco García Calderón con la extinguida Casa de Schutte y Compañía (Lima, Imprenta de “El Nacional”, 1875), 31 pp.; Fernando Palacios, Informe verbal pronunciado por el Dr. D. Fernando Palacios, ante el supremo tribunal a la vista de la causa del Dr. D. Francisco García Calderón , con la Casa de Schutte y Compañía (Lima, Imprenta del Universo de Carlos Prince, 1876), 29 pp.; Francisco García Calderón, Diccionario de la legislación peruana (Lima, Imprenta del Estado, 1860 – 1862), 2 volúmenes; Francisco García Calderón, Suplemento que contiene la teoría del Derecho Penal, las leyes, decretos y resoluciones de 1862-1863 (Lima, 1864), 432 pp. ; Francisco García Calderón, Diccionario de la legislación peruana. Suplemento que contiene la teoría del Derecho Penal, las leyes, decretos y resoluciones de 1862-1863. Edición corregida y aumentada hasta 1877. (Lima, depósito del autor; París, Laroque), 2 volúmenes. La numeración es continua.

14 Sobre la biografía de Francisco García Calderón Landa puede ser consultado el libro titulado La obra de Francisco García Calderón en el primer centenario de su nacimiento (Lima, American Express. Ltd. 1934), 307 pp. Esta obra fue escrita por Luis Humberto Delgado, evidentemente con colaboración de Francisco García Calderón Rey con quien mantenía gran amistad.

15 Juan Francisco Oviedo, Índice de leyes y resoluciones legislativas… (Lima, Empresa Lipográfica Lártiga, 1916. Segunda edición corregida. Lima, La Opinión Nacional, 1919 – 1920).

16 Joaquín Escriche, Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia (París, Librería de Barnier Hermanos, s/f), 1787 pp.

17 Las opiniones de José Gregorio Paz Soldán entre los años 1840 y 1871 fueron insertadas en el libro de Alfredo Gastón, Compilación de las vistas fiscales que en materia judicial y administrativa se han expedido en el Perú, 1840 – 1871. (Lima, Imprenta del Estado, 1873 – 1875), 2 volúmenes.

18 Según el catedrático sanmarquino doctor Lino Cornejo, decano del Colegio de Abogados de Lima, este libro es la producción más importante del siglo XIX peruano. Lino Cornejo, Memoria del Decano del Colegio de Abogados de Lima, en La Revista del Foro (Lima, enero – abril, 1934), pp. 3 y ss.

19 Francisco García Calderón, Memorias del cautiverio (Lima, Librería Internacional del Perú S.A., 1949), 291 pp.

20 Francisco García Calderón, Mediación de los Estados Unidos de Norte América en la guerra del Pacífico, el señor don Carnelius A. Logan y el Dr. Don Francisco García Calderón (Buenos Aires, Imprenta y Librería de Mayo, 1884), 168 pp.; Mariano Felipe Paz Soldán, El presidente García Calderón y su gobierno de Magdalena. (Fragmento del libro titulado “Narración histórica de Chile contra el Perú y Bolivia) (Lima, Librería Internacional del Perú S.A., 1949), 5 – 25 pp.; Francisco García Calderón, Mensaje de S.E. el presidente provisorio de la República. Dr. D. Francisco García Calderón al Congreso Extraordinario de 1881 (Chorrillos, Edición oficial, 1881), 12 pp.; José Ramos Arnao, Los jueces durante la ocupación chilena, en La Prensa (Lima, 2 de julio de 1979), p. 6.

21 Francisco García Calderón, Anales de la Universidad Mayor de San Marcos (Lima, Imprenta del Gobierno, 1862.), T. 1 y ss.

22 Julio Luna G. P., A propósito de un monumento en Pueblo Libre, distrito de Lima, en El Comercio (Lima, 7 de diciembre de 1979), p. 2.

23 Pedro Irigoyen, Francisco García Calderón. Memorias inéditas, en El Comercio, 28 de julio de 1949.

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