Fernando Vivas

En la crónica “Sabíamos casi todo y no hicimos nada”, publicada el lunes pasado, se informó que en el 2008, el Congreso nombró una Comisión Investigadora de la Interoceánica Sur. Los elevados costos de la carretera, cuyo precio inicial de $850 millones ya llegaba a $1 350 millones (al final llegó a los $2 mil millones) y leyes especiales que Alejandro Toledo promovió para saltarse trabas y controles; despertaban muchas sospechas.

La comisión tenía, por lo tanto, mucha carne donde hincar el diente. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Los sobrecostos se justificaron así en el informe final de la comisión: “El estimado inicial [los $850 millones] parte de un estudio de factibilidad (proyecto referencial), elaborado fundamentalmente en gabinete, que no cuantificó adecuadamente las cantidades a ejecutar” (página 24).

El argumento central de la comisión perdonavidas fue el mismo de la ministra de Transportes de aquel entonces, Verónica Zavala, cuando la invitaron: que el estudio de factibilidad era una mala referencia y los PID (proyectos de ingeniería de detalle), encontraron otros metrados, accidentes y texturas de suelo, que justificaban los nuevos precios.

Se descartó, entonces, que hubiera una sobrevaloración deliberada. Eso hubiera llevado necesariamente a recomendar parar la obra y denunciar a los responsables. Por eso, el informe y la ministra hablan de “sinceramiento de costos”. Y, luego, confirmando que los congresistas que firman el informe – Aurelio Pastor, Juan Carlos Eguren y Juvenal Silva– querían que Odebrecht y las otras empresas de los consorcios que construían los tramos 2, 3 y 4, siguieran adelante a todo costo. Y,para eso, tuvieron ayuda de la academia.

—Si la academia lo dice—

El informe de la comisión investigadora refiere un estudio del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), “Estimación de los beneficios económicos de la carretera interoceánica”, de coautoría de José Luis Bonifaz, Roberto Urrunaga y Carmen Ostorne, hecho en el 2006 y actualizado en el 2008. La publicación es el número 81 de la serie Documento de Trabajo y hace proyecciones del incremento de tráfico y comercio que, a ojos de los invitados a la comisión y de los congresistas, justificaban seguir adelante con la obra encarecida.

No es inusual que académicos y centros de investigación hagan estudios con fines prácticos. Lo que sí llama la atención es que la comisión investigadora refiere que dos de los autores de esa publicación, Bonifaz y Urrunaga, hicieron luego otro informe con cifras actualizadas, “preparado para uso exclusivo de Concesionaria Interoceánica Sur- Tramo 2” (pág. 31). La mencionada concesionaria es el consorcio en el que Odebrecht llevaba la mayor parte y también integraban Graña y Montero, Iccgsa y JJC Contratistas. Bonifaz es actualmente director de la Escuela de Gestión Pública de la UP y Urrunaga es decano de la facultad de economía de la misma universidad.

—¡Qué tal exhorto!—

La comisión investigadora fue presidida por Margarita Sucari, militante de Unión Por el Perú (UPP), que entró en la lista de Humala y ya, en ese entonces, se había alejado del nacionalismo. No firmó el informe final porque la comisión de Ética la sancionó por 60 días tras una denuncia periodística que reveló que le había cercenado el sueldo a personal de su despacho.

En una breve conversación telefónica con Sucari, esta indicó que tenía serios cuestionamientos a la obra. O sea, no hubiera avalado el informe. Y dio a entender que Odebrecht estuvo detrás de la denuncia que la sacó temporalmente de su curul. Más allá de que la denuncia fue real y la sanción pertinente, le cayó de perilla a los brasileños.

En ausencia de Sucari, Renzo Reggiardo, vicepresidente de la comisión, pasó a presidirla. Al conversar con él para la crónica del lunes pasado, contó que sintió que sus colegas querían expedir, “un certificado de buena conducta” a Odebrecht. Sin más tiempo para investigar y poder hacer un informe en minoría, prefirió renunciar. También refirió que en su bancada, que era entonces la fujimorista y la dirigía Keiko Fujimori, le dijeron “no te metas, no investigues”.

También hablamos con Pastor y Eguren, quienes justificaron la benevolencia del informe con estas razones: El primero dijo que confió en los argumentos de los invitados de la comisión, en especial de la ministra Zavala; y el segundo, además de argumentar en forma parecida, agregó que como congresista por Arequipa, le hubiera sido muy difícil, sino imposible, votar contra un proyecto querido por su región.

Al momento de hablar con los congresistas no conocía el audio de la sexta sesión de la comisión en la que su aún presidenta Sucari, da cuenta que ha enviado un oficio a la ministra Zavala, a pedido de Silva y Pastor, con este tenor: “Tenemos la preocupación de que se puedan paralizar estas obras y por ello es necesario exhortar al Poder Ejecutivo para que disponga del presupuesto necesario para que se puedan culminar estas obras”. Vaya comisión que en lugar de investigar el costo, lo exhorta.

La masiva votación a favor del benévolo informe sugiere que Odebrecht habría realizado un eficaz lobby entre las bancadas. El gobierno de García asumió la carretera con todos sus sobrecostos y dio pase a muchas adendas. Por lo tanto los congresistas apristas votaron a favor (Mulder estuvo ausente). Los solidarios de Castañeda y los pepecistas, que entonces incluían a Alcorta y Galarreta también fueron de la partida. Los nacionalistas dividieron sus votos. Igual pasó con los fujimoristas. Por ejemplo, Keiko, como líder de la bancada, votó a favor del informe, lo que podría indicar que el lobby pro IIRSA la convenció. No así a su tío Santiago y otros de sus correligionarios. Su liderazgo de ‘bankada’ no era tan sólido como hoy.

Los sobrevaluada IIRSA Sur tuvo comprensibles obstáculos que vencer ante el Ejecutivo. Y lo hizo, ahora lo sabemos, apelando a la corrupción. Se debe investigar si hizo algo parecido en el Legislativo, pues el informe del 2008, presentado fuera de plazo y a pesar de la renuncia de Reggiardo; rebosa de avemarías y justificaciones.