Ayer sábado, el pleno del Congreso se tomó nuevamente hasta poco antes de la medianoche para rechazar los dos dictámenes –uno en mayoría y otro en minoría– que buscaban reducir el hacinamiento en las cárceles del país. El argumento que repitieron casi todas las bancadas hacia el final del debate fue que la responsabilidad sobre el tema corresponde al gobierno.

“Tenemos que exigir que sea el Ejecutivo el que tome las riendas del asunto. ¿Por qué tenemos que permitir que nos soplen la pluma para acá? Hay toda una campaña para decir que este Congreso es igual que el anterior, ¿ustedes no se dan cuenta? Que asuma su responsabilidad, que para eso es gobierno”, sentenció el congresista del Frente Amplio Enrique Fernández Chacón para cerrar la noche.

La misma posición dio el vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti, al anunciar que votaría en contra del dictamen en minoría que su propia bancada había impulsado. Alegó que, si fuera por él, no saldría ningún preso de la cárcel y que su bancada respaldaba esa posición. “Si hemos presentado un dictamen en minoría era para evitar justamente que se apruebe el dictamen en mayoría”, afirmó.

Finalmente, ninguna norma sobre penales fue aprobada en la sesión continuada del pleno, que –en cambio– estuvo marcada por la interrupción constante entre parlamentarios que no apagaban sus micros. Desde “Daniel Contreras” [por Daniel Urresti] hasta un resignado “respeten el reglamento, por el amor de dios”, todo tipo de frases se escucharon en un audio plagado de intervenciones desordenadas.

Constantemente, los congresistas instaban a que los temas sean sometidos al voto, pero luego de las votaciones también se filtraban comentarios. Por ejemplo, el “hay que tener personalidad” que se escuchó luego de que Fuerza Popular anunciara su abstención sobre el dictamen en minoría. La expresión colmó la paciencia de la congresista Martha Chávez.

“Le agradeceré que exija a esos congresistas que se la dan de apuntadores o comentaristas que se abstengan de intervenir de la manera descomedida como lo están haciendo […] Esas personas no han entendido lo que significa estar en una institución como el Congreso de la República”, le pidió al presidente del Congreso, Manuel Merino, quien reclamó a sus colegas que se estuviera montando un “espectáculo”.

Ningún consenso

Por primera vez, en los dos meses que lleva instalado, el Congreso debatió el viernes y el sábado un dictamen de comisión. Hasta entonces, y a lo largo de cuatro sesiones de pleno, solo había aprobado normas exoneradas de dicho trámite. Pero pese al debate técnico previo, el dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia no alcanzó consenso entre los parlamentarios.

El viernes este texto había sido sustentado por la presidenta de la comisión, la accionpopulista Leslye Lazo, poco después de las 11 de la noche. Ante la catarata de observaciones de congresistas de diversas bancadas, sin embargo, se había decidido pasar a un cuarto intermedio y suspender la sesión. El acuerdo fue reanudar el debate el sábado a las 5 de la tarde.

Pero ayer a esa hora, Lazo continuaba “mejorando” el texto. Recién a las 6:30 se empezó a tomar lista a los congresistas. Tras pasar por una moción para “exhortar al gobierno” a que recibiera una delegación de médicos cubanos –cuando el gobierno ya había comunicado que lo haría–, se pasó a discutir el tema penitenciario.

El dictamen que Lazo volvió a sustentar el sábado establecía beneficios como el cese de la prisión preventiva o la remisión condicional de la pena para reos con sentencia. Para alcanzarlos, sin embargo, los reos debían cumplir ciertas condiciones, como ser población vulnerable al COVID-19, madre gestante o con hijos pequeños, o haber cumplido la mitad de la prisión preventiva o dos tercios de la pena efectiva.

Además, el texto establecía “delitos exceptuados” graves por los cuales los reos no podían acogerse a los beneficios. Entre ellos, había delitos de terrorismo, contra la vida el cuerpo y la salud, la libertad, el patrimonio, la administración pública, los poderes del Estado y el orden constitucional, la violencia contra las mujeres, el lavado de activos, entre otros.

Aún así, y bajo el argumento de que permitiría la salida de reos peligrosos, las bancadas decidieron no apoyar el texto sustitutorio. “No hemos venido acá a abrir las cárceles”, repitió durante todo el debate el vocero de Somos Perú, Rennan Espinoza.

El resultado de la primera votación fue de 16 votos a favor, 49 en contra y 59 abstenciones. Solo el Partido Morado votó en bloque apoyando el documento. En contra se manifestaron Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Somos Perú.

Pero el problema vino por las abstenciones. Fuerza Popular y el Frepap optaron en bloque por esta opción, y algunos parlamentarios de Unión por el Perú, el Frente Amplio y Acción Popular –bancadas que se dividieron– también se abstuvieron. Ello ocasionó que no hubiera suficientes votos a favor o en contra para tomar una decisión colegiada, según explicó Merino.

El presidente del Congreso dijo, entonces, que el asunto quedaría “sin resolver”, según estipulaba el reglamento del Congreso. Cuando ya el pleno había pasado a otro punto de agenda, Fuerza Popular presentó una moción para reconsiderar la primera votación. El objetivo era que el tema no quedase en el aire. La moción fue aceptada.

En la segunda votación, el Frepap y Fuerza Popular cambiaron sus abstenciones por votos en contra y el dictamen –que recogía los proyectos presentados por el Ejecutivo y el Poder Judicial– fue finalmente rechazado. El resultado final fue de 22 votos a favor, 83 en contra y 20 abstenciones.

El vocero del Partido Morado, Francisco Sagasti, criticó que un texto que había sido aprobado por mayoría en comisión “obtuviera tantos votos en contra”. Lo mismo dijo su colega de bancada Gino Costa. Sin embargo, para entonces la suerte ya estaba echada. Se pasó a discutir el dictamen en minoría.

¿Tema del Ejecutivo?

Lo que siguió fue un debate corto sobre la propuesta impulsada por Podemos Perú. Este dictamen en minoría disponía la salida solo de aquellos reos que estuvieran recluidos con prisión preventiva y no con sentencias firmes. Aunque la exjueza María Teresa Cabrera explicó el documento, el debate se centró desde entonces en decir que el tema era responsabilidad del gobierno.

“Hay una emergencia […] No busquemos cosas perfectas, porque no las vamos a lograr, pero hagamos algo. El dictamen en minoría no es perfecto, pero ayuda más que el dictamen en mayoría”, atinó a agregar Martha Chávez, aunque su bancada finalmente se abstuvo sobre el segundo texto. A raíz de ello fue que se filtró la frase sobre la supuesta ‘falta de personalidad’ del fujimorismo al votar.

La discusión quedó zanjada cuando Urresti, el vocero de Podemos Perú, intervino para aclarar que su bancada no quería que ningún preso dejara la cárcel. Aseguró que el Ejecutivo debió resolver el tema antes y que ellos no debían verlo ahora. Lo mismo dijo el vocero de Alianza para el Progreso, Fernando Meléndez. “Esto es responsabilidad del Ejecutivo”, aseguró.

En entrevista con El Comercio, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, se quejó hace cuatro días de que el Congreso rechazó su pedido de facultades para poder variar la situación jurídica de los presos. Detalló que hay 103 internos y 9 trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) muertos por COVID-19. Por ahora, el tema parece que se seguirá complicando.