Víctor Véliz Sumoso

Entrevista. . La titular de Justicia informó que preparan el decreto supremo del reglamento para que dicha instancia dependa de un procurador nacional y no de su portafolio. También expresó su confianza sobre la extradición de César Hinostroza.

¿Qué espera del nuevo Congreso respecto a las reformas que quedaron pendientes?

–Que prioricen los temas que viene planteando el Poder Judicial y el Ministerio Público para beneficiar al sistema nacional de administración de justicia. Como país hemos venido haciendo un Frankenstein con el Código Penal, aumentando penas, eliminando la posibilidad de la redención del delincuente, eliminando el 2×1 en la mayoría de delitos, eso no nos ayuda como sociedad.

Del nuevo Congreso esperamos que los temas que se presenten sean tomados en cuenta y aprobados sin sufrir modificaciones que los desnaturalizan.

¿Qué temas abordará su sector?

–Temas de prevención para poder reducir la prisión efectiva, y una de las cosas que estamos pensando y coordinando con el Poder Judicial es el apoyo para las medidas socioeducativas de quienes incurren en la delincuencia.

Desde el Ejecutivo trabajamos con el Banco Mundial para financiar la interoperabilidad del expediente electrónico y con el Banco Interamericano de Desarrollo el expediente penal, herramientas potentes que ayudarán a llevar un expediente más rápidamente.

Nos interesa trabajar los temas éticos que son el otro lado del espejo: por un lado, está la corrupción, y por el otro la ética.

–Tras la disolución constitucional del Congreso, el Gobierno tiene la facultad de legislar a través de decretos de urgencia, ¿desde su sector qué decretos podrían venir?

–Estamos tratando de limitar lo más posible para no incurrir en excesos, identificando casos que realmente ameritan, sacar lo que se pueda sacar y que sean de consenso amplio. Me parece importante, por ejemplo, el tema de la oralidad de los procesos civiles.

¿Qué privilegiará el presupuesto de su sector el 2020?

-El ministerio ha crecido mucho en áreas muy interesantes; por ejemplo, en la entrega de reparaciones a favor de las víctimas de la violencia, se dan también reparaciones para localidades. Son situaciones que ayudan a tender puentes para construir ciudadanía. Un problema que tenemos como país es que hemos estado fracturados. Tiene que haber reconciliación. En el cuartel Los Cabitos se construirá el Santuario de la Memoria La Hoyada.

–¿En el presupuesto se ve el tema procuradores?

–En ese tema nos gustaría sacar el reglamento para que la Procuraduría pase a ser un organismo técnico especializado. Ya existe el marco normativo, estamos por sacar el decreto supremo del reglamento. La idea es que salga del sector Justicia para que dependa de un procurador nacional.

–¿Qué se garantiza con ello?

–Se garantiza independencia, no es que no la haya habido, pero es mejor darle institucionalidad propia. El reglamento estará listo más pronto que tarde.

El Tribunal Constitucional tiene la palabra

–El TC analizará la demanda competencial de Pedro Olaechea, ¿qué se puede esperar de ello?

– El TC tiene la palabra, tenemos que esperar lo que respondan, no nos corresponde opinar sobre lo que puedan decir, debemos esperar a que resuelvan.

–Pero, ¿cuál es su concepto sobre la demanda?

–Olaechea interpuso la demanda, pero que la haya firmado como presidente del Congreso estuvo mal, pudo haberlo hecho como cualquier ciudadano, pero no como presidente del Congreso.

–¿Porque técnicamente no existe?

Está solo la Comisión Permanente y no está dentro de sus atribuciones. Pero la presentó y corresponde al TC determinar.

–¿Hay seguridad de que César Hinostroza venga al Perú?

–Todos los procesos de extradición dependen de los países en donde está la persona. Ni el Estado peruano y menos el Ejecutivo pueden pronunciarse, tenemos que respetar la soberanía de los países, así como ellos respetan la nuestra.

–¿Pero, ¿del lado peruano se hizo todo lo que se debía?

–Hemos cumplido con armar los expedientes de extradición y estamos a la espera de lo que decida la justicia española. Siempre para los procesos de extradición tenemos confianza, sino no hubiéramos hecho nuestra labor.

El otro lado

Ana Revilla es abogada, magíster en Investigación Jurídica y estudios concluidos en Derecho Constitucional. En octubre de 2017 asumió la jefatura de la Oficina General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fue presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, y antes se desempeñó como vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado entre otros cargos.

Previo a su designación, se desempeñó como jefa de la Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas de la Central de Compras Públicas – Perú Compras.