Desde sus orígenes, la prensa libre ha sido una enemiga formidable para la tiranía, el populismo y, en general, para todos aquellos que han procurado socavar las libertades individuales de la ciudadanía. Por esta razón, no es coincidencia que el periodismo y quienes lo ejercen suelen ser los principales objetivos de los dictadores, como lo demuestra nítidamente la experiencia venezolana. Asimismo, tampoco es gratuito que en la actualidad muchos políticos se luzcan empeñados en desacreditar a quienes se dedican a informar a la gente de sus acciones, como ha demostrado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su hostilidad hacia algunos medios de comunicación y como lo hicieron algunos excongresistas calificando de “mermeleros” a quienes reportan sobre sus actividades.

En épocas donde empiezan a aflorar tensiones entre las sociedades y sus líderes, es indudable que el periodismo tiene frente a sí una serie de retos especialmente sensibles. No solo se trata de ofrecer la información más veraz posible, que permita diferenciar la verdad de las falsedades que se propagan de manera malintencionada en las redes sociales: involucra también hacerle frente a quienes se esfuerzan, a través de mecanismos legales, por silenciar las voces de los reporteros, como las denuncias por difamación, calumnia o injuria.

En el Perú no somos ajenos a esta realidad. De hecho, desde esta página nos hemos referido con anterioridad a uno de sus ejemplos más críticos: el de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz y las consecuencias que han tenido que enfrentar por su exhaustiva investigación a los abusos perpetrados en el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC). Como se recuerda, en abril de este año, el primero fue sentenciado a un año de prisión suspendida por supuestamente haber difamado al arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren (miembro del SVC), y la segunda ha sido denunciada en más de una ocasión por motivos similares. Ambos casos, dado el remezón que han supuesto para la institución involucrada, se saborean como represalias tristemente avaladas por la legislación vigente.

Otro ejemplo grave de intimidación a la prensa en nuestro país tuvo que ver con el Caso ‘Eteco’. Esta vez los involucrados fueron los periodistas Edmundo Cruz y Óscar Castilla, contra quienes el Poder Judicial ordenó un embargo a propósito de las denuncias por difamación presentadas por Miguel Arévalo Ramírez, a quien el trabajo de los mencionados reporteros vincularía con el crimen organizado. Este hecho incluso suscitó la preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Lo más lamentable de los casos reseñados es que todos se han dado con el auspicio de las leyes peruanas que, en buena cuenta, han hecho de los llamados crímenes contra el honor un mecanismo de fácil empleo para quienes buscan incapacitar a quienes los investigan. No decimos, claro, que estos crímenes, cuando son comprobados, no merecen consecuencias para los perpetradores, pero la gravedad de las sanciones, sumada a la imprecisión con la que se regulan estos delitos, los convierten en herramientas tentadoras para quienes se hallan en el ojo de la tormenta.

Frente a esto, iniciativas como el anteproyecto de ley propuesto por la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico, que ofrece una salida que protege los derechos a la libertad de expresión e información mientras se mantiene la defensa del honor y la reputación de las personas, resultan positivas. Esta propuesta, por ejemplo, apunta a que la sanción por estos delitos no desemboque en una pena privativa de la libertad, sino en el pago de una multa y en la reparación de los agraviados, disminuyendo la posibilidad de que las denuncias tengan como objetivo amedrentar a los hombres y mujeres de prensa.

Así las cosas, ante el agitado panorama político en el Perú y el mundo, el país tiene que renovar su compromiso con la prensa libre e independiente. La misma que, en los últimos años, ha demostrado ser la primera línea de defensa contra la corrupción enquistada en todos los poderes del Estado. Y es que, al fin y al cabo, cuando los medios pueden informar sin temer represalias, los beneficiados son los ciudadanos y la calidad de las decisiones que toman.