En los procesos judiciales de desalojo por ocupación precaria, la sola relación familiar, por sí misma,  de la persona demandada no constituye título que justifique la posesión u ocupación de un inmueble.

Así lo acordaron, por mayoría, los jueces superiores civiles de las 34 cortes del país y de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) durante el reciente Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil, organizado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Lineamientos

Según este acuerdo plenario, para obtener la posesión el demandado en un proceso de desalojo por posesión precaria deberá ostentar un título de “carácter negocial o legal” que le permita poseer el bien.

El pleno de magistrados acordó por mayoría que la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, interpuesta para que se declare nula una sentencia ejecutable, puede ser formulada después de que esta decisión judicial haya adquirido la calidad de cosa juzgada.

A su vez, estableció por mayoría que el órgano jurisdiccional competente para conocer la oposición interpuesta contra la medida cautelar concedida por el tribunal superior es aquel órgano jurisdiccional que actúa como primera instancia.

También aprobó por mayoría que no procederá la consulta cuando la parte perdedora está representada por un curador procesal y este no interpone recurso de apelación contra la decisión final.

Esto último debido a que el artículo 408 del Código Procesal Civil, modificado por el D. Leg. 1384, no regula dentro de los supuestos de procedencia la decisión final recaída en un proceso, adversa a una de las partes que estuvo representada por un curador procesal y este no apeló.

Los jueces analizaron temas como la precariedad en las relaciones familiares, la oposición a la medida cautelar concedida por el órgano superior, y la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta cuando la sentencia que se pretende anular es ejecutable , entre otros.

Definición

Los plenos jurisdiccionales constituyen foros que propician el debate de los principales problemas relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional. Por tanto, son cónclaves judiciales mediante los cuales se promueve la reflexión de los jueces respecto a los temas que son materia de debate, en los cuales los participantes para su deliberación y fundamentación de criterios han escuchado la exposición de los expertos en el tema por examinar.

Así, esta actividad conduce al perfeccionamiento

del ejercicio de la función jurisdiccional, a la predictibilidad, así como al fortalecimiento del sistema jurídico y de la organización judicial.

Normativa

La realización de los plenos jurisdiccionales se sustenta en lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.