Texto: Gabriel Mazzei y Karina Valencia

En paralelo. El proceso del aspirante a la colaboración eficaz -que sindicó al presidente Martín Vizcarra con el pago de un millón de soles cuando era gobernador de Moquegua por parte de la empresa Obrainsa a cambio de la buena pro de la obra Lomas de Ilo- y la investigación penal por estos hechos correrán en dos fiscalías de dos subsistemas distintos en el Ministerio Público.

El primer proceso seguirá a cargo del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, quien investiga el caso Club de la Construcción, el cártel de empresas brasileñas y nacionales que se habrían coludido para ganar la licitación de obras públicas convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En tanto, la investigación penal sobre el presunto pago de Obrainsa a Vizcarra ha sido delegada al fiscal provincial Elmer Chirre, por decisión del coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello Rosales.

Esta decisión obedece a la medida adoptada, el último viernes, por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien rechazó el pedido del coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, para que Juárez Atoche se haga  cargo de esta pesquisa contra el mandatario.

En comunicado, Ávalos explicó que, de acuerdo con las resoluciones Nº 5050-2016 y Nº  2683-2017 del Ministerio Público,  las competencias del Equipo Especial están delimitadas para investigar delitos presuntamente cometidos por empresas brasileñas, como Odebrecht, OAS,  Camargo y Correa, y otras.

Así, Zoraida Ávalos concluyó que los hechos que alcanzan al presidente, en su período como gobernador de Moquegua, corresponden ser investigados por el subsistema anticorrupción. “Y en los casos que los hechos ocurran en más de un distrito fiscal, la competencia es asumida por una fiscalía supraprovincial anticorrupción con sede en Lima”, dice el comunicado del Ministerio Público.

SIN PELIGRO. Fuentes del Equipo Especial Lava Jato aseguraron a Correo que el proceso de colaboración al que se sometió la empresa Obrainsa, con sus principales directivos, seguirá a cargo del fiscal Germán Juárez.

Como se sabe, uno de sus directivos, con clave 10-2018, reveló a Juárez sobre el presunto pago de un millón de soles al entonces gobernador Martín Vizcarra por parte del consorcio Obrainsa-Astaldi a cambio de brindarles “información privilegiada” sobre el monto que el consorcio debía ofrecer para ganar la licitación.

Este hecho ilícito habría ocurrido entre diciembre del 2013 y abril del 2014.

Dicho testimonio también reveló  que Vizcarra solicitó alquilar una aeronave para trasladar a un grupo de personas en la ruta Lima-Ilo, Ilo-Lima, con un costo de S/35, 985.64, según consta en el oficio dirigido por el fiscal a cargo del caso a la coordinación del Equipo Especial, el pasado 9 de octubre.

Además del caso Vizcarra, el aspirante a colaborador podrá seguir aportando información en otros tres casos adicionales: la participación de Obrainsa en el Club de la Construcción; los pagos ilícitos al exgobernador del Cusco Jorge Acurio Tito, por la obtención de concursos públicos en tres obras viales; y pagos al exgobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima Núñez, para la adjudicación de la carretera Toccto-Condorccocha-Vilcashuamán, por 138,7 millones de soles.

Vale mencionar que el fiscal Germán Juárez formalizó investigación preparatoria por el caso Club de la Construcción por el plazo de 36 meses, desde el 22 de enero del 2018.

Es decir, el 22 de enero del próximo año vencerá el plazo para que el representante del Equipo Especial tome una decisión: presentar la acusación contra los implicados o el sobreseimiento (archivamiento).

Son investigados, por ejemplo, Carlos García Alcázar, exasesor del MTC; Rodolfo Prialé; Félix Málaga, Humberto Prevoo y Guillermo Reynoso, entre otros.

DECISIÓN. Ante este panorama, la decisión de la fiscal de la Nación de rechazar la solicitud del Equipo Especial para abocarse a la investigación al presidente Vizcarra generó controversia en el Ministerio Público y abogados.

Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro dijo a Correo que el Ministerio Público actuó en el marco de la legalidad, al señalar que el Equipo Especial Lava Jato solo tiene competencias para investigar hechos presuntamente ilícitos de empresas brasileñas.

“En este caso, no se puede hablar de ningún apartamiento del Equipo Especial Lava Jato, porque este nunca fue competente para este caso, sino para hechos cometidos por empresas brasileñas”, explicó Caro.

Sobre el fiscal anticorrupción Elmer Chirre, a cargo del caso Vizcarra-Obrainsa, el abogado dijo que podría solicitar la declaración del mandatario.

Por su parte, el exfiscal Avelino Guillén manifestó su preocupación por la decisión de la fiscal de la Nación porque, a su juicio, podría afectar el proceso de la colaboración eficaz. “Todo lo que declare el aspirante a colaborador eficaz no será evaluado por el fiscal Juárez Atoche, quien conoce el caso Club de la Construcción hace dos años,  sino por otro fiscal”, anotó.

Guillén dijo que con el proceso de colaboración y la investigación penal -en forma simultánea y por los mismos hechos- podría ocurrir “una afectación a la investigación, incurriendo en una duplicidad de funciones”.

Por su parte, el letrado Julio Rodríguez subrayó que la decisión de la fiscal de la Nación no se ajusta al marco legal, ya que, a su juicio, ha debido inhibirse de tomar una decisión en este caso.

“Rescato que la Fiscalía señale que los hechos atribuidos al presidente son anteriores a su mandato y, por lo tanto, pueden ser investigados. Pero Zoraida Ávalos ha debido inhibirse de tomar alguna decisión al respecto, ya que tomó parte al anunciar una querella a una testigo del caso Swing”, criticó Rodríguez.

En ese sentido, dijo que las pruebas aportadas por el aspirante a colaborador eficaz podrían perderse, si son requeridas por la fiscalía anticorrupción.