Rocío La Rosa Vásquez

José Luis Lecaros quedó a cargo de la presidencia de la comisión especial para elegir a los miembros de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), colegiado que se encargará de nombrar, ratificar y destituir a fiscales y jueces, en reemplazo del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Le preocupa convocar a la mayor cantidad de abogados al concurso público donde se elegirá a siete titulares y siete suplentes. La inscripción vence este 9 de mayo.

— ¿Cuántos abogados se han inscrito hasta ahora para integrar la Junta Nacional de Justicia?
Hay 143 personas que han solicitado el password para inscribirse y ya se han inscrito 11. Ninguno de los miembros de la comisión tenemos por ahora conocimiento de la identidad de estas personas.

— No pueden integrar la junta los sentenciados por delito doloso. ¿Qué pasa en los casos de demandas por alimentos, denunciados por violencia familiar o investigados por corrupción?
No hay un impedimento legal [en esos casos] porque existe la presunción de inocencia. Pero por supuesto que todos estos aspectos tendrán que ser tomados en cuenta en la entrevista personal, y allí se calificará.

— ¿Hay mecanismos para detectar estas situaciones?
Así es, porque habrá un portal para que el público en general pueda presentar sus tachas o hacer las denuncias. Supongo que los afectados en estos procesos lo harán.

— ¿Cómo determinarán la solvencia e idoneidad moral de los candidatos?
Se va a someter a los postulantes a varias pruebas de confianza, entre ellas se verá su desbalance patrimonial, es decir, que los bienes que posean tanto él como su familia estén justificados, o se va a pedir –una vez que sea seleccionado– el levantamiento de su secreto bancario.

— Han surgido en las últimas semanas cuestionamientos a la prisión preventiva. ¿Es válido que en el Congreso se busque modificar esta figura legal?
Creo que sí podría modificarse, pero me parece que no es oportuno en este momento porque podría interpretarse como una interferencia en la administración de justicia. Más bien la Corte Suprema, mediante el pleno casatorio que está en proceso, tendrá que fijar criterios vinculantes: cuándo se deben dictar, cuáles son los requisitos, etc.

— ¿Qué aspectos puntuales necesitan aclaración?
Un punto principal en una prisión preventiva no es tanto la prueba ni la gravedad del delito, sino el peligro de fuga o de obstrucción a la justicia. Como lo ha dicho ya la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, este peligro de fuga no debe basarse en suposiciones sino en hechos concretos.

— ¿Esto no se ha tomado en cuenta en recientes casos?
Cada juez es autónomo en sus decisiones y, como este es un criterio un tanto subjetivo, lo que para unos puede ser indicios o pruebas de un intento de fuga, para otros no. Yo prefiero no pronunciarme en casos concretos.

— ¿Le incomodó o lo tomó como una intromisión que el presidente Vizcarra invocara a fiscales y jueces a reflexionar al respecto?
En realidad no, porque el presidente Vizcarra como cualquier ciudadano puede opinar o invocar. Allá los jueces que le hagan caso.

— Los fiscales del equipo especial Lava Jato han dicho que los recursos son insuficientes para realizar su labor. ¿En el caso del Poder Judicial ocurre lo mismo?
Sí. El Poder Judicial ha hecho ya un requerimiento al Poder Ejecutivo de una ampliación del presupuesto de 370 millones de soles y eso incluye, entre otros puntos, el fortalecimiento de órganos jurisdiccionales, las cortes superiores y, entre estas, las que ven casos de corrupción.

— ¿Su pedido ha sido atendido?
El presidente se ha comprometido expresamente en atender en lo posible estos requerimientos tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.

— Vizcarra ha planteado que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria por delitos comunes sea competencia de la Corte Suprema. ¿Está de acuerdo?
Totalmente, porque hemos tenido experiencias bastante desagradables. Yo presido la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema y durante seis años el 60% o 70% de los pedidos en el Congreso fueron rechazados con pretextos banales. No puede mantenerse esta competencia en manos del Congreso.

— ¿Y estaría de acuerdo en que el Congreso también revise la inmunidad de la que gozan los jueces supremos para que la justicia sea más rápida en casos como los de César Hinostroza?
Creo que la facultad de levantar la inmunidad, no solo de congresistas sino también de jueces y fiscales supremos, debe recaer en una sola entidad, y creo que el pleno de la Corte Suprema es la idónea para esa función.

— ¿Qué garantía habría de que un juez le levante la inmunidad a otro juez?
En alguien tenemos que confiar y creo que las personas más confiables en el país son los jueces de la Corte Suprema.

— Su afirmación podría no ser bien tomada por todo lo que hemos vivido y que nos lleva a tener que elegir ahora una JNJ.
Le puedo asegurar que el caso del señor César Hinostroza y los demás Cuellos Blancos del Callao es un caso aislado de corrupción en el Poder Judicial. La gran mayoría de jueces son honestos.

— En el Congreso se está cuestionando la diligencia de detención y allanamiento de la casa del ex presidente Alan García. ¿Ud. ve alguna irregularidad allí?
Bueno, una de las irregularidades que podrían detectarse es este video sin audio. Reflejaría que algo se quiere esconder, o también podría ser una falla técnica del aparato de filmación. Habría que estudiar las actas.

— ¿Percibe la intención de parte de algunos congresistas de responsabilizar de la muerte de García a la policía, al fiscal o al juez que autorizó la diligencia?
Sí, probablemente algunos congresistas estén interesados en sesgar los hechos, pero me parece que la decisión de quitarse la vida del presidente Alan García ya era una decisión firme que había tomado él, y no había forma de evitarlo.