La demanda de amparo contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry fue interpuesta por los abogados de la sede de Canchis del Colegio de Abogados del Cusco. En el documento explican que es “por la constante hostilización contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, miembros del equipo especial Lava Jato”.

Pero la demanda además alcanza al jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, Luis Alberto Germana Matta, quien junto a Chávarry -sostienen los abogados- obstaculizan la labor de los fiscales especializados “mediante la apertura de procesos disciplinarios en su contra”.

José Rubén Aparicio Alarcón es el abogado que -en representación de la orden profesional- ingresó la demanda, el último 26 de diciembre, al Juzgado Mixto de la provincia de Canchis, en Cusco. Aparicio explicó que los procedimientos disciplinarios y requerimientos constantes de información afectan la persecución penal de los delitos contra la administración pública, lavado de activos y criminalidad organizada de los casos Lava Jato, Lava Juez, entre otros.

Advierte que todo este hostigamiento lesiona de parte de Chávarry y Germana lesiona la garantía de independencia sobre la función de los fiscales. También sostiene que José Domingo Pérez y Rafael Vela deberían tener garantizada su labor sin sufrir de interferencias internas o externas.

De acuerdo a la demanda, existe una evidente intromisión de parte de Pedro Chávarry en las investigaciones contra el expresidente Alan García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; así como una amenaza constante de remoción de sus cargos contra Domingo Pérez y Vela.

No conforme con ello, en el documento le recuerdan a Pedro Chávarry que está comprometido en las investigaciones de corrupción de “Los cuellos blancos del puerto”.

DERECHOS VULNERADOS

De acuerdo al denunciante, la demanda contra Pedro Chávarry y Luis Germana se justifica porque se vulneran una serie de derechos y bienes jurídicos.

Destacan la vulneración a la autonomía de jueces y fiscales, afectación al mandato de no avocamiento en procesos en trámite ni interferencia en el ejercicio de su función jurisdiccional, así como el bien jurídico difuso de lucha contra la corrupción, entre otros.