Por su impacto negativo en el acceso o en la permanencia de los agentes económicos en el mercado, vulnerando los criterios de  legalidad y razonabilidad, el Indecopi declaró como barreras burocráticas a diversas disposiciones  de orden municipal.

Al respecto, el gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Víctor Zavala Lozano, lamentó que sigan proliferando las barreras burocráticas ilegales municipales, que afectan a los ciudadanos y a los agentes económicos que desean formalizarse y hacen empresa en nuestro país.

En efecto, la Sala Especializada del Indecopi, que resuelve en segunda y ultima instancia las resoluciones que emite la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) de esta institución, publicó resoluciones que proscriben disposiciones referidas a los anuncios y avisos publicitarios, así como para la vigencia y exigencias en el servicio de transporte público, entre otros.

Decisiones

Así, este colegiado declaró ilegal la imposición de un plazo de vigencia de las autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios al exterior de unidades móviles contenidas en el artículo 22 de la Ordenanza Nº 1094, expedida por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

También calificó de barreras burocráticas ilegales a otras 10 exigencias y prohibiciones contenidas en la Ordenanza Nº 273 de la comuna de San Martín de Porres, referidas a la instalación de elementos de publicidad exterior y/o anuncios, por contravenir la Ley de Municipalidades y la Ordenanza Nº 1094 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Respecto a los avisos publicitarios, la Sala del Indecopi declaró barrera burocrática ilegal la Ordenanza Nº 448 de la Municipalidad de Barranco, que prohíbe exhibir fuera de las instalaciones educativas, en un perímetro de 100 metros, avisos publicitarios que promuevan el consumo de alimentos altos en azucares, grasas y sal.

Para este colegiado, la citada prohibición contraviene la Ordenanza Nº 1094, emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que regula los anuncios y avisos publicitarios, la cual es de obligatorio cumplimiento para todos los distritos de la provincia de Lima. Esta, además, no contempla la prohibición impuesta por la Municipalidad de Barranco.

En cuanto al servicio de transporte público, el tribunal del Indecopi declaró como barreras burocráticas ilegales diversas disposiciones de la Ordenanza 387 de la Municipalidad de Villa El Salvador, como la exigencia de aprobar la constatación de las características vehiculares para prestar el servicio de transporte público de pasajeros y carga en vehículos menores motorizados y no motorizados; la exigencia de que no menos del 20% de los referidos vehículos –que integran la flota vehicular– desapruebe la constatación de las características vehiculares para la renovación de la licencia de operaciones. También el pedido de que no menos del 20% de los conductores de los vehículos asista al curso de educación y seguridad vial; y la obligación de presentar el estudio de impacto vial y estudio de mercado.

Para la institución, estas exigencias habrían excedido la Ordenanza Nº 1693 de la Municipalidad de Lima.

Por último, se consideró barreras burocráticas impuestas por la comuna Huancayo a la exigencia de presentar copia de la tarjeta de propiedad vehicular de la flota de vehículos; presentar la declaración jurada de contar con patrimonio mínimo establecido; consignar la dirección y ubicación de los terminales y certificados de habilitación técnica; consignar la dirección de los talleres de mantenimiento, adjuntando copia del contrato respectivo, entre otros, por exceder al reglamento nacional de transportes y la Ley de Municipalidades.

Colegio de Abogados

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (SEL) del Tribunal Indecopi confirmó la decisión de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) que declaró barreras burocráticas ilegales los cobros exigidos por el Colegio de Abogados de Ica para incorporar a profesionales a su orden.

Mediante Resolución N° 0368-2019/SEL-Indecopi, la SEL determinó que ese foro, por medio de su TUPA, exigía el pago de 1,000 y 1,500 soles para la colegiatura en las modalidades grupal e individual, respectivamente.El pronunciamiento de este colegiado tiene como sustento lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley del Colegio de Abogados (Nº 1367), el cual señala que los montos por cobrar por derecho de incorporación deben ser fijados en el Estatuto de la referida entidad, regla que no se cumplió en este caso.

Por último, la resolución de la SEL es pública y puede revisarse en este enlace:

https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/8ff8a8f7-8377-4e25-8c93-1c74849fb1d1.