I. ¿POR QUÉ LA NECESIDAD DE ESTA AGENDA?

La cultura comprende todo el complejo de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad o grupo social. Incluye no solo las artes y las letras, sino también los estilos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valor, las tradiciones y las creencias. Es la expresión privilegiada de la identidad y creatividad humana en toda su diversidad, y constituye un patrimonio inalienable para el conjunto de la humanidad. Esta diversidad a que nos referimos, está fundada en una multiplicidad de características que aseguran su riqueza y desarrollo. La diversidad cultural es la pluralidad de culturas que coexisten en el mundo; implica, por un lado, la preservación y la continuidad de las culturas existentes y, por el otro, el respeto hacia las otras culturas.

Para algunos, la diversidad cultural integra las diferentes y múltiples formas de manifestaciones culturales, puesto que la vitalidad de las comunidades se hace evidente a través de su producción y reproducción de sentido e identidad cultural, ya que si son condenadas al silencio sólo pueden marchitarse y desaparecer.

Otros definen a la diversidad cultural en un sentido más amplio, englobando no sólo las diferentes manifestaciones de las comunidades culturales existentes y sus expresiones propias, sino también un pluralismo de puntos de vista e ideas.

Lo cierto es que la diversidad cultural se ha constituido, de hecho, en un derecho fundamental de la humanidad.

En la actualidad, la vitalidad de las expresiones culturales está consustancialmente ligada a los recursos de los Estados. La aceleración de la mundialización y de los intercambios comerciales, dado que coloca frente a frente Estados y empresas con recursos desiguales, obstaculiza la difusión y la proyección de las culturas, y restringe el acceso a la diversidad cultural para todos.

La mundialización es, ante todo, un proceso económico, pero por sus efectos es también un proceso cultural. Al propagar una nueva forma de economía basada en la competencia que tiende a imponer un modelo comercial, induce nuevas formas de organización social que confrontan y cuestionan las tradiciones y valores existentes.

Ambos procesos, el de una economía global y el cultural, no evolucionan de manera concomitante, por el contrario, el primero se lleva a cabo en detrimento del segundo.

El problema de la globalización en lo que se refiere a las culturas nacionales, es conocer si los cambios que conlleva en los valores, las formas de ser y de actuar afectan la posibilidad de promover y mantener un espacio público plural, a través del cual los ciudadanos puedan acceder a la vida cultural y participar en la misma, es decir: constituirse en sujetos activos y críticos en el desarrollo cultural de su nación, lo que es esencial para las democracias modernas.

Existen entonces, al menos tres posibles problemas en relación con el efecto de la mundialización.

El primero es el que plantea la penetración masiva de productos culturales extranjeros (películas, discos, libros) que de alguna manera lleguen a sofocar la producción cultural nacional, creando una confrontación crítica entre valores nacionales y extranjeros.

El segundo sería la concentración de la producción y la comercialización de los productos culturales por cuenta de los grandes consorcios, así como la homogeneización resultante de las expresiones culturales realizadas al impulso de imperativos esencialmente comerciales.

El tercero sería la exclusión del espacio cultural internacional, tal cual se construye en el presente con las nuevas tecnologías de la información (internet, por ejemplo.). A pesar de que esas nuevas tecnologías ofrecen importantes posibilidades para la manifestación de la diversidad de culturas, existe el riesgo de que se profundice la brecha entre los países con acceso a nuevas tecnologías y los países sin acceso a ellas.

Nuestro país tiene una tradición milenaria en sus creaciones culturales y en la actualidad esta fuerza creativa y de reproducción de sentido social se refleja, entre otros, en sus compositores, escritores, pintores, escultores, escenográfos, coreógrafos y, en general, en el sector ahora conocido como trabajadores de la cultura, además del indudable peso económico que se obtienen de las actividades, las industrias y los espacios culturales en cuanto a generación de empleos y/o de divisas, sólo por citar dos elementos; paralelamente este andamiaje cultural contribuye en México, de manera esencial, a crear y recrear nuestra identidad individual y colectiva, a socializar nuestro entorno y a promover la convivencia ciudadana. Es por ello que México debe asegurar la salvaguarda y promoción de su diversidad cultural y por ende de sus manifestaciones.

A las instituciones públicas corresponde preservar y enriquecer el patrimonio cultural, honrar el talento, las tradiciones y el saber que se contiene en todas sus manifestaciones culturales y artísticas, garantizando su expresión libre y plural. Por este motivo la cultura no puede ni debe circunscribirse a una visión monetarista o mercantil.

Nuestro país debe respaldar la creación artística y cultural mediante políticas de estado y afirmar el carácter excepcional, inalienable de los bienes y espacios culturales, que no sólo son mercancías y cuya especificidad y significado social debe respetarse. Deberá, también, oponerse a todo ofrecimiento de liberalización de intercambios comerciales de bienes y servicios dentro de los ámbitos de la cultura, y comprometerse en una ambiciosa política de apoyo al desarrollo cultural de la nación, así como promover una circulación equilibrada de toda creación artística e intelectual.

II. PROPUESTA DE UNA AGENDA LEGISLATIVA EN MATERIA DE CULTURA

Con base en las anteriores consideraciones, es que se propone la presente Agenda, la cual cuenta con el aval de diversas sociedades autorales, cámaras industriales, sindicatos de trabajadores de la cultura, organizaciones no gubernamentales, así como otros organismos de carácter gremial y civil.

Esta agenda ha sido elaborada a partir de que los hacedores de la cultura somos diversos grupos dedicados a nuestras actividades, por lo que no constituimos un grupo político, sino que representamos diversas ideologías y afinidades políticas, y nos hemos unido con propuestas derivadas no de una intención partidista, sino de nuestras necesidades.

Estas necesidades, consideramos, deben de ser atendidas por los legisladores y generar, en el Poder Legislativo, los foros y espacios donde se concrete y se coadyuve a una legislación cultural de este nuevo siglo, no podemos seguir esperando que transcurra el tiempo cuando nuestro patrimonio cultural se va adelgazando.

1. Perfeccionamiento de la ley federal del derecho de autor

En las modificaciones aprobadas el pasado 30 de abril del año en curso a este ordenamiento, lamentablemente quedaron fuera dos rubros muy importantes para fortalecer la protección a las obras de los autores mexicanos y la gestión colectiva: los denominados “copia privada” y “dominio público pagante”. Es necesario elaborar los estudios correspondientes para que con profundidad se analicen esos temas y algunos más de la Legislación del Derecho de Autor para fortalecer la actividad de las sociedades de gestión colectiva, así como la congruencia que debe existir entre ésta Ley y el Código Penal para encausar adecuadamente el combate a la piratería y proponer las iniciativas que correspondan.

2. Modificaciones a la Ley General de Bienes Nacionales

Es sumamente importante que se corrijan las inconsistencias y omisiones del dictamen que fue emitido en la Cámara de Diputados el pasado 24 de abril, con motivo de una Iniciativa de Ley General de Bienes Nacionales, tomando en cuenta para ello, la opinión de especialistas e instituciones competentes en la materia.

Nos parece grave que en este dictamen exista la posibilidad del uso lucrativo de particulares de las zonas arqueológicas, vía la concesión-privatización de las mismas.

Tal posibilidad que significaría, en los hechos, el fin del uso común y del dominio público de tales espacios, patrimonio hoy de todos los mexicanos.

3. Tratamiento fiscal específico para la cultura

Desde diciembre de 2001, ha quedado de manifiesto que se hace impostergable diseñar todo un tratamiento fiscal que englobe la especificidad del desarrollo cultural de México. No se trata de otorgar privilegios a nadie, sino de apoyar, dentro de nuestro estado de derecho, una de las actividades que más representan a nuestro país en el mundo.

4. Exención fiscal para los autores

Este es un imperativo constitucional. En este renglón destaca la revisión a fondo del programa “pago en especie”, elevado ahora a rango de ley como parte de la ley del SAT y que contiene varias sinrazones tanto jurídicas como fiscales.

5. Apoyos para la industria cinematográfica nacional

Con un dinamismo notable en los últimos años, que incluye reconocimientos internacionales, hay que reafirmar la presencia de los productores nacionales en términos competitivos a nivel internacional. Para ello, habrá que adecuar diversos ordenamientos: Ley del ISR, Ley del IVA, Ley de Aduanas y otras.

Es de suma importancia, asimismo, llevar a cabo una reforma o adición a la Ley Federal de Cinematografía y al Reglamento para definir las responsabilidades en que incurran las empresas encargadas tanto de la distribución como de la exhibición de las películas, en relación al estreno de las mismas, teniendo en cuenta los requisitos marcados por la Ley y el Reglamento; esto es: es necesario mejorar la exhibición y comercialización del cine nacional, así como especificar las sanciones correspondientes a cada infracción en la llamada “garantía de estreno”.

6. Participación de la iniciativa privada

Crear incentivos fiscales que permitan la participación de la Iniciativa Privada a favor de la preservación del patrimonio cultural de nuestro país, bajo los lineamientos sancionados por el Poder Legislativo y sin demérito de la rectoría de las Instituciones de Cultura.

7. Apoyos para la industria editorial mexicana

Que la industria editorial privada participe más activamente en los planes editoriales del Estado. Concretamente nos referimos a la edición de los libros de texto para la enseñanza primaria que representan las dos terceras partes de lo que se produce en materia editorial a nivel nacional. La fortaleza de cualquier industria editorial en otros países se basa en esta producción.

También al sector de publicaciones periódicas (revistas) dentro de la Tasa Cero en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al igual que otorgarle este mismo tratamiento al sector de Librerías.

Con relación al impuesto sobre la renta (ISR), tratar de rescatar por lo menos el 50% que se tenía por ley hasta el 31 de diciembre del 2001, pero con el compromiso de reinvertirlo dentro de Territorio Nacional y en la Industria Editorial Mexicana.

También, en este sector, es preciso retomar la Ley de Fomento del Libro y la Lectura publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio del año 2000 y que a la fecha es letra muerta ya que nunca salió publicado el Reglamento ni tampoco se conformó el Consejo que se menciona en el cuerpo del articulado. Lo deseable es que fuese tomado en cuenta el proyecto que elaboró la Cámara Nacional de la Industria Editorial el cual contemplaba apoyos a toda la cadena productiva, incluyendo autores y libreros.

8. Presupuesto específico para la cultura

Promover que en la Ley de Egresos de la Federación se prevea y provea a las instituciones y dependencias de cultura el presupuesto suficiente y diferenciado del que se destina a la educación, a fin de atender los compromisos sociales del Estado ante todos los mexicanos. Específicamente es importante que se atienda la recomendación de la UNESCO en materia de Cultura que supone el destinar el 1% del PIB para tal fin.

9. Protección social para creadores de arte

Con más de tres mil años de historia, la creación artística es un rasgo distintivo de México. Sin embargo, los autores mexicanos se encuentran en el más absoluto desamparo en cuanto a protección social se refiere. Desde el marco legal de los servicios de seguridad social, Ley del IMSS en específico, habrá que crear mecanismos para que nuestros creadores puedan acceder a los llamados “mínimos de bienestar social”.

10. Protección jurídica para organizaciones culturales de la sociedad civil

En México existen diversas organizaciones que, al no ser sociedades autorales, no cuentan con un ordenamiento jurídico específico que las proteja. Ello las obliga a recurrir a figuras genéricas que en ocasiones sólo dificultan su sobrevivencia. La propuesta es crear una figura jurídica que, por ley, les facilite la realización del trabajo cultural. El ejemplo a seguir sería la Ley del Seminario de Cultura Mexicana.

11. Uso de suelo de los inmuebles destinados a la cultura

Por ley, se debe impedir el cambio de uso de suelo de los espacios culturales: museos, teatros, cines, etcétera; esto, incluso podría servir como un paliativo al crecimiento de asfalto y cemento que ahoga a las principales ciudades de la República mexicana y por supuesto al Distrito Federal.

12. Realizar las reservas en cultura en el marco del TLC y de la OMC

Siguiendo el ejemplo de Canadá, de Francia, de España y de otros países, México debe proteger su patrimonio cultural, identidad e industrias culturales, dejando fuera de los tratados comerciales todo lo referente al desarrollo cultural del país.

13. Mejorar la protección al patrimonio cultural

A raíz de la destrucción del Casino de la Selva en la ciudad de Cuernavaca y de la enajenación a manos extranjeras de la colección de arte de Fomento Cultural Banamex como resultado de una transacción bancaria, entre otros casos, se ha hecho evidente la necesidad de actualizar, robustecer y ampliar el marco jurídico que otorga protección al patrimonio cultural de nuestro país.

14. Actualización de la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Como resultado de un análisis serio e incluyente de la opinión de los especialistas, será importante considerar la necesidad de actualizar la ley vigente en la materia a fin de garantizar que, conservando su finalidad social y de carácter público, se erija en una herramienta más eficaz en atención a la preservación del patrimonio cultural de y para, todos los mexicanos. Concretamente hacemos referencia a 3 aspectos: 1) La denominación de las secretarías de Estado participantes de este ordenamiento, dado que algunas de las mencionadas ya no existen, 2) Establecer un capítulo de sanciones que desaliente la inobservancia del mismo y, 3) Atender la jurisprudencia que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia.

15. Incorporar en la legislación de protección al patrimonio cultural de la nación el concepto de paisaje urbano

A fin de articular una mejor acción que salvaguarde los bienes que conforman el patrimonio nacional, tanto natural como cultural, es importante recuperar la noción de paisaje urbano, como condición irrepetible para la comprensión del pasado y la visión del futuro.

16. Respeto a las culturas indígenas y comunitarias.

En el marco de la globalización, el afianzamiento de las culturas que en México coexisten, se impone como uno de los rasgos distintivos de nuestra cultural. El Estado mexicano debe perfilar una política en la que se expresen las relaciones de los usos y costumbres indígenas y comunitarias con el resto de la nación de manera equitativa, para compartir los espacios públicos, culturales y educativos. Igualmente resulta indispensable considerar e integrar en una propuesta legislativa la participación directa de las comunidades y descendientes de los habitantes originarios en la defensa, preservación y usufructo del patrimonio cultural de todos los mexicanos.

16. Consolidación de radiodifusoras comunitarias

En apoyo a la libertad de expresión y a la diversidad cultural, y como consecuencia del anterior apartado, es importante pugnar porque las radiodifusoras comunitarias que ya existen dejen de operar en la clandestinidad. Desde la Ley de Radio, Televisión y Cinematografía, es muy posible proporcionarles un marco jurídico adecuado y fomentar el surgimiento de este tipo de instrumentos de comunicación.

17. Combate a la piratería

Uno de los mayores daños que se le puede causar a las industrias, a los autores y a la sociedad en general, es la piratería de productos artísticos y culturales. Deben mejorarse las disposiciones del código Penal para hacer efectivas las acciones para proteger a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión en la defensa de sus derechos, clarificando los criterios para perseguir la piratería y que la Procuraduría General de la República y los tribunales federales no apliquen criterios contradictorios.

18. Microempresas para el desarrollo cultural de México

Desde hace varios años existen en el país grupos artísticos que sólo sobreviven con base en el subsidio gubernamental. No tienen opciones empresariales porque los mecanismos financieros de los organismos públicos no contemplan esta actividad. Habrá que buscar la viabilidad financiera de estos grupos, su consolidación como microempresas, a partir de la creación de un marco jurídico específico o la adecuación de lo que ya existe (NAFINSA, por ejemplo)

19. Dinamizar la relación educación-cultura

Promover medidas normativas que coadyuven a fortalecer el vínculo educación-cultura, tanto a nivel de planes y programas de estudio escolarizado como de la actualización y especialización del personal docente, con la finalidad de propiciar en los educandos desde el nivel de educación básica y en sus propias aulas, el acercamiento a las distintas manifestaciones culturales.

20. Impulsar la homologación laboral y salarial de los trabajadores sindicalizados de la cultura

Reconociendo la complejidad y especialización en que consiste el desempeño cotidiano de los trabajadores de la cultura sindicalizados, resulta urgente que se promuevan, desde el legislativo, acciones que contribuyan a erradicar la diferencia de tratamiento que hoy se otorga a ellos, ya que, desarrollando igual trabajo en distintas dependencias- disfrutan de un tratamiento laboral y salarial diferenciado.

21. Derecho a la cultura

En el marco del desarrollo cultural, se hace necesario elevar a rango constitucional el derecho de la población a acceder a los bienes y espacios culturales bajo tutela del estado y a los servicios educativo-culturales que proporciona el gobierno. Esto es, ampliar el sentido del artículo tercero constitucional.

22. Marco jurídico para la cultura

Como consecuencia de lo anterior reviste importancia fundamental, para nuestro país, la creación de una Ley de Cultura que de cuerpo y mejore la legislación cultural existente, y aglutine toda la experiencia que se tiene en materia de la administración de bienes y servicios culturales, investigación, conservación, difusión y promoción de la cultura. Es sano anotar que existen dos visiones al interior del gremio cultural en torno al carácter que esta ley debe tener, señaladamente si es de orden general o federal.

Este ordenamiento deberá consensuarse, en primera instancia con la comunidad que integra los gremios culturales, de la cual formamos parte los que suscribimos el presente documento, y varios de sus pilares fundamentales deberán ser: cubrir las necesidades presupuestales ya mencionadas, la necesaria vinculación entre educación y cultura y, desde luego, debe ser el soporte para resguardar la diversidad cultural de nuestro país. También deberá contemplar el establecimiento de un órgano competente para los asuntos culturales que coordine el quehacer cultural y la solución de sus problemas en el ámbito nacional.

Resulta factible desde ahora el observar que tal Iniciativa deberá prever la actualización y el robustecimiento de los ordenamientos vigentes en la materia, así como el fortalecimiento y ampliación de capacidad de acción -tanto a nivel normativo como ejecutivo- de las instituciones y dependencias culturales existentes.

RATIFICACIÓN POR PARTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SIGNADOS POR EL GOBIERNO MEXICANO EN BENEFICIO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Específicamente señalamos la importancia de que los acuerdos internacionales que existen y que han sido suscritos por el Gobierno Mexicano en materia de protección y conservación del patrimonio cultural de México, sean ratificados por el Senado de la República, a fin de que pasen a formar parte de los ordenamientos jurídicos vigentes en nuestro país. Tal es el caso de la “carta de Atenas” y la “carta de Venecia”.

SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO:

Sociedad General de Escritores de México. Licenciado Víctor Hugo Rascón Banda, presidente.

Sociedad de Autores y Compositores de música. Licenciado Roberto Cantoral Zucchi, coordinador de recaudacin y licencias.

Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas. Maestro Julio Carrasco Bretn, presidente.

Sociedad mexicana de autores de obras fotográficas y visuales. Maestra Grisel Vistrain, presidenta.

Sociedad Mexicana de Coreografos. Maestra Patricia Aulestia de Alba, presidenta.

Sociedad Mexicana de Caricaturstas. Licenciado José Luis Diego Hernández (trizas), presidente.

Sociedad Mexicana de Escenógrafos. Maestra Félida Medina, presidenta.

Sociedad Mexicana de Historietistas. Señor Arturo Said Díaz, presidente.

Sociedad Mexicana de Directores y Realizadores de Obras Audiovisuales. Maestro Gilberto Gazcón de Anda, presidente.

Asociación Nacional de Intérpretes. Señor Humberto Zurita, presidente.

Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Maestra Marcela Fernández Violante, secretaria general.

Asociación Mexicana de Productores Independientes. Señor FEderico González Compen, presidente.

Asociación de Libreros de México. Liceniciado Raúl Vargas, presidente.

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Licenciado Gonzalo Araico Montes de Oca, presidente.

Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas. Licenciado José Luis Zamora Contreras, presidente.

Red Internacional para la Diversidad Cultural. Sseñor Rafael Segovia, representante en México.

Asamblea para la Cultura y la Democracia. Maestro Jorge Pantoja, presidente.

Coalición Mexicana para la Diversidad Cultural. Licenciada Gabriel Larrea Richerand, coordinador.

Sindicato Nico de Trabajadores de la Música. Señor Filemón Arcos Suárez, secretario general.

Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cultura. Licenciado Sergio Boeta, vicepresidente.

Eje Ejecutantes. Señor Federico del Real, presidente.

Federación Mexicana de Cooperativas de Cine y Video. Señor Sergio Olhovich, presidente.

Sociedad de Exalumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Señor Fernando Montaño, presidente.

Organización de Consumidores de Cine. Maestra Mónica Beltrán Brozon, presidenta.

Organización de Consumidores de Cine y Televisión. Licenciada Camila Villegas, presidenta.

Secretaría de Organización sector cultura, sección XI, SNTE. Federico Orduña Pérez y Enrique Roura Pech.

Secretaría de Previsión Social, sector cultura, sección XI, SNTE. Adriana Salazar Jiménez, Martha Miranda Vences.

Comisionada Radio Educación. Sector cultura, Sección XI, SNTE. Lourdes Andrade.

Comisionada DGCPI . Sector cultura, sección XI, SNTE. Lourdes Garzón.

* Documento coordinado por Alejandro Sandoval Ávila.