La empresa Graña y Montero presentó una solicitud de arbitraje solicita arbitraje contra el Estado peruano ante la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en su condición de acreedor.

“A la fecha, estamos esperando que la Secretaria General nos comunique si registrará o no la solicitud, de esta manera el proceso de arbitraje se iniciaría con el registro”.

Según la interpretación de la empresa, ésta considera que se ha visto afectado dado que no se llevó a cabo la subasta para la ejecución del proyecto.

Por su parte, la posición del Estado peruanos ha sido -tal como se ha dado en el caso de Enagás – que los socios no pueden solicitar ninguna compensación dado que no se realizó el cierre financiero y el proyecto se llevó a todo riesgo de los socios del consorcio.

Este arbitraje se suma al interpuesto por la empresa española Enagás, que solicita US$ 1980 millones.

La pretensión de la firma es que el Estado peruano pague dicha suma por haber rescindido el contrato de la obra.

El consorcio Gasoducto Sur Peruano (CGSP) estaba dividido de modo que Odebrecht asumía el 55%, mientras que Enagás solo el 25% y Graña y Montero el 20%.