La verdad es simple y sin artificios, aunque Gonzalo Ortiz de Zevallos no parece entenderlo así. El domingo, el autodenominado magistrado del Tribunal Constitucional (TC) admitió que no consignó en el currículum vítae que presentó al Congreso que representaba intereses privados de algunos clientes en el momento en el que pasaba por el proceso de selección para el TC.“Se me imputa haber ocultado información, que el Código de Ética me prohíbe revelar por tratarse de información que les pertenece a terceras personas, esto es, a mis ahora exclientes”, aseveró Ortiz en WillaxTV.

Rechazo tajantemente la inaceptable imputación de falta de ética que se formula con el insostenible argumento de que he ocultado información que, de un lado, se encuentra a disposición del público en las distintas fuentes y, de otro, que he ocultado información que el Código de Ética me prohíbe revelar. No acepto que se pretenda exigirme la violación de ética de los abogados”, leyó.

El 10 de octubre, Perú21 reveló que Ortiz de Zevallos no incluyó en su hoja de vida el dato que ahora reconoce diciendo que, de hacerlo, hubiera chocado con la confidencialidad de sus clientes. ¿Y dónde queda la ética que le debía al Congreso y al TC? El interés público está por encima de cualquier interés privado cuando se trata de un aspirante a la más alta magistratura constitucional. En las instituciones, la transparencia es un requisito fundamental.

SER Y PARECER UN JUEZ

En declaraciones a este diario, el expresidente del TC Víctor García Toma señaló que habiendo sido formalmente reconocido por el Congreso y habiendo presentado su solicitud al TC para ser admitido como nuevo miembro, Ortiz de Zevallos debió informar sobre sus asesorías a privados.

“(Los aspirantes a magistrados) deben transparentar todas las actuaciones de carácter profesional y personal que pudieran tener incidencia en los asuntos en los que les correspondería actuar. En esas circunstancias, no cabe ninguna reserva profesional ni tampoco ampararse en la existencia de una regulación laxa del Código de Ética”, dijo a este diario.

“Uno de los principios que regulan la actuación de magistrados en general es la prevista en el 139 de la Constitución y que habla del principio de imparcialidad. Esto es, los jueces no solo deben ser independientes, sino deben serlo y parecerlo”, acotó.

César Landa, también expresidente del TC, se pronunció en el mismo sentido. “El juez, para parecer una persona parcial y ética, tiene que informar de todas las defensas que ha hecho de grupos empresariales y personas naturales que pudieran señalar una suerte de conflicto de intereses (…) ¿Cómo va a ser juez de una causa que tiene o ha tenido un interés patrimonial y personal? Pone en evidencia que no tiene la calificación suficiente para ser un juez que tiene como fin la imparcialidad y neutralidad”, aseveró.

Úrsula Indacochea, abogada especialista en independencia judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), explicó que la información que Ortiz de Zevallos no quiso consignar en su CV no podría ser ocultada por un candidato a la Corte Suprema de EE.UU. alegando el secreto profesional. “Está claro que el interés público en conocerla es mucho más intenso que cualquier interés privado que pueda estar en juego”, expresó.

Asimismo, el exmiembro del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lima, Walter Ayala, precisó que el Código de Ética prohíbe revelar información sobre el trámite del proceso. “Existen intereses que podría ver como magistrado del TC. Por ello, tiene que informar todo de forma obligatoria. No hacerlo es antiético”, manifestó.