Paul Herrera

Las empresas no pueden incurrir en prácticas anticompetitivas en el ámbito laboral en ningún momento ni para mitigar el impacto económico de la pandemia. La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi brinda orientación.

El diseño y aplicación de políticas empresariales que contravengan la libre competencia y afecten a los trabajadores, como mecanismos para reducir costos y soportar el impacto económico generado por el covid-19 están totalmente prohibidos.

Ante ello, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) elaboró una guía orientativa sobre la importancia de respetar la libre competencia en el ámbito laboral (https://bit.ly/3duAuww).

Se trata de una herramienta que los empleadores, concretamente las áreas de recursos humanos, pueden utilizar para evitar que caigan en la tentación de incurrir en prácticas anticompetitivas o adoptar acuerdos sobre políticas de contratación o remuneración de personal que pudiesen vulnerar las normas que protegen la libre competencia y los derechos laborales.

Lineamientos

En el documento se describe las peculiaridades de la libre competencia en los mercados laborales. Toda vez que así como las empresas compiten por ofrecer bienes o servicios, también compiten para contratar o retener trabajadores, sobre todo cuando estos tienen la capacitación o la experiencia requerida.

En esa línea y a tono con la normativa laboral, el órgano resolutivo del Indecopi reafirma en la guía que las empresas también deben observar las reglas contenidas en las leyes de libre competencia en el ámbito laboral.

Considera que la libre competencia genera múltiples beneficios a los trabajadores como permitirles gozar de mayores y mejores oportunidades de trabajo y condiciones laborales.

De hecho, la competencia en el mercado laboral puede inclusive generar que los trabajadores se vean motivados a realizar su labor de la mejor forma posible, beneficiando incluso a los propios consumidores, quienes podrían acceder a mejores servicios, precisa la mencionada comisión.

Así, se citan ejemplos y casos internacionales vinculados a determinados acuerdos anticompetitivos que restringen de manera sustancial la competencia en el mercado laboral, mediante la celebración de pactos entre empresas para evitar contratar trabajadores entre sí o por medio de la implementación de acuerdos para fijar remuneraciones u otros beneficios laborales.

Se detallan, a su vez, las multas y sanciones a las que se exponen las empresas, asociaciones o personas naturales que incurran en esas u otras prácticas anticompetitivas.

De igual modo, se exponen los mecanismos de denuncia y reporte con los que cuentan las personas para comunicar este tipo de infracciones al Indecopi.

El Indecopi advierte que mediante esta guía no se limitan las facultades de los empleadores para que individualmente determinen o desarrollen las políticas laborales que estimen pertinentes conforme a sus necesidades y según las leyes laborales aplicables.

Tampoco se regulan o desconocen las características especiales de la relación de trabajo ni los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, precisa la entidad.

Por el contrario, recalca, mediante su publicación se pretende alertar sobre los riesgos y sanciones a los que se exponen las empresas o empleadores que incurran en prácticas anticompetitivas laborales.

A criterio de los especialistas Carlos Beraún Mac-Long y Elmer Huamán Estrada, la guía resulta entonces de la mayor importancia en un contexto como el actual.

Consideran, por ejemplo, que no resulta tan lejano imaginar que las empresas más afectadas por la pandemia (servicios turísticos, aerolíneas, entre otras) se pongan de acuerdo, mediante una asociación, para reducir los salarios de sus trabajadores o evitar que sus trabajadores más valorados puedan ser captados por las otras empresas, explicaron los expertos en un reciente informe jurídico electrónico publicado en TIDA de UNMSM https://lnkd.in/eAA6Axb. Todo ello con el fin de reducir costos y sobrellevar el impacto en época de crisis.

Esto último, también atentaría contra la dignidad y el derecho de los trabajadores a poder negociar de manera libre con sus potenciales empleadores tanto su contratación como las condiciones salariales que regirían dichos acuerdos, indicaron.

Además, añadieron, esto se enmarca dentro de la protección del derecho fundamental a la libertad de contratar y del derecho a una remuneración justa y equitativa para los trabajadores. Derechos que no deben ser desprotegidos sobre todo en estos días en los que esta capacidad de negociar puede verse claramente mermada o hasta incluso anulada, precisaron los especialistas que se desempeñan como asociados sénior en Lazo & De Romaña.

Consecuencias

La guía no solo permite evidenciar las prácticas sancionables por la normativa de libre competencia, sino también las consecuencias negativas en caso de incurrir en las mismas, indicaron los expertos Beraún Mac-Long y Huamán Estrada. Entre las consecuencias negativas, advierten, figuran multas millonarias a las empresas, posibles acciones de los trabajadores afectados con la finalidad de obtener indemnizaciones, sanciones personales a los directivos de las empresas involucradas, entre otros sobrecostos. Al final, incumplir la norma puede conllevar a un mayor costo que aquel que se pretende evitar al implementar las referidas prácticas anticompetitivas, detallaron.