Por Karem Barboza Quiroz

La detención en España del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi activó ayer las alertas del sistema de justicia en nuestro país.

La situación generó idas y venidas en el Ministerio Público. Estas concluyeron anoche con la solicitud de inicio del proceso de extradición y el pedido de prisión preventiva por 36 meses para el ex alto funcionario ante el Poder Judicial.

El primer paso para lograr que España entregue a Hinostroza fue la formalización de la investigación preparatoria, realizada por el titular de la Primera Fiscalía Suprema Penal, Pablo Sánchez. Su decisión fue comunicada al juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez.

Este paso era necesario para que se iniciara el proceso judicial contra el ex magistrado supremo, luego de que el Congreso aprobara su acusación constitucional el 4 de octubre.

A Hinostroza se le imputan los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. El ex juez es señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

También se formalizó investigación preparatoria para los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila e Iván Noguera, por presunto delito de patrocinio ilegal; y Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez, por presunto delito de cohecho pasivo específico.

El fiscal Sánchez presentó la formalización ante la inhibición del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Entre las diligencias, se estableció la programación de las declaraciones de todos los requeridos por la justicia.

El pedido fue recibido por el juez Núñez, quien emitió una resolución que aprobaba la investigación preparatoria.

¿Extradición en curso?

La decisión judicial fue notificada al fiscal supremo encargado de los procesos judiciales por corrupción cometidos por altos funcionarios. En este caso, al fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón, a cargo de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Con la formalización de la investigación, y tras conocerse que la justicia de España ordenó la prisión provisional de Hinostroza, a la espera de que se inicie el proceso de extradición, el fiscal Fernández presentó dos pedidos ante el juez Núñez: prisión preventiva por 36 meses y la solicitud de extradición activa hacia España.

En este caso, corresponde la extradición activa debido a que el Perú es el país que requiere al detenido.

Fuentes fiscales indicaron que están a la espera de que el juez Núñez fije la fecha para la audiencia en la que se definirá si procede la prisión preventiva para Hinostroza y complementar el cuadernillo de extradición, a fin de que pueda seguir el canal regular y pueda ser enviado a España en el más breve plazo.

Cabe indicar que Hinostroza ha solicitado asilo político en España. Su admisibilidad corre en paralelo con el proceso de extradición.

¿Tiempo?

Según el penalista Mario Amoretti, un proceso de extradición podría demorar, como mínimo, entre un año y un año y medio.

¿Lo que más le conviene al país es la expulsión. Como ejemplos de extradición tenemos los de Alejandro Toledo [aún en proceso] y Alberto Fujimori. Hay que recordar el tiempo que demoró para extraditarlo [a Fujimori]?, señaló.

Para el abogado Luciano López, el tratado de extradición entre el Perú y España prevé, como máximo, 60 días calendarios para presentar una solicitud de extradición.

¿El Perú tiene un plazo de 60 días para presentar la extradición ante España. Es decir, tiene hasta el 19 de diciembre del 2018. Si no lo hacemos, Hinostroza quedará en libertad?, indicó.

En España

No procede

Según el tratado de extradición con España, no procede la extradición cuando ¿la persona entregada pueda ser juzgada, condenada o sometida a cualquier restricción de su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los que hubieren motivado su extradición?.

Procede

Una de las razones por las que procede una extradición es cuando ¿los hechos sancionados, según las leyes de ambas partes, tengan una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad, cuya duración máxima no sea inferior a un año?.