Lea y descargue la resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Nuñez Julca, que declaró fundado el pedido de no aplicación del indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori. Resolución ordena ubicación y captura del expresidente.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Nuñez Julca, declaró sin efectos jurídicos la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS, que concedió el indulto humanitario a Alberto Fujimori.

Así lo resolvió al declarar fundado el pedido de Control de Convencionalidad N° 00006-2001-4-5001-SU-PE-01. En su parte resolutiva, el fallo declaró fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto por razones humanitarias a favor del expresidente, y además declaró infundadas las observaciones efectuadas por su defensa técnica.

Igualmente, el magistrado supremo ordenó que se continúe con la ejecución de sentencia que condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad, en los términos que fue impuesta y en todos sus extremos. Y, como consecuencia de ello, dispuso que se giren las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Fujimori, a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que corresponda.

Entre las razones que se exponen en la resolución para revocar el indulto, se manifiesta que “el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena se erige como una forma de impunidad, más aún si tenemos en consideración que tenemos al frente una sentencia condenatoria por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”. Siendo así las cosas, el magistrado supremo afirma en su fallo que “El indulto otorgado a Alberto Fujimori resulta incompatible con las obligaciones internacionales que ligan indefectiblemente al Estado peruano”.

Asimismo, se señala que “el indulto otorgado al condenado Alberto Fujimori Fujimori constituye una resolución que debería tener carácter de cosa juzgada (…). De igual forma, la sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la República que lo condenó a veinticinco años de pena privativa de libertad por la comisión de crímenes contra la humanidad”.

Sin embargo, prosigue el fallo, “por las consideraciones antes mencionadas (…) acerca de la irregularidad del procedimiento, las infracciones al debido procedimiento, el otorgamiento de tal beneficio como parte de una negociación política, así como la inobservancia de parte de uno de los organismos del Estado peruano de la obligación de investigar, juzgar y sancionar, dispuesta en la Convención Americana de Derechos Humanos, produce que esta judicatura mantenga la vigencia de la sentencia condenatoria y deje sin efecto legal la resolución suprema que otorgó el indulto por razones humanitarias”.

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