El martes, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la ley aprobada en el Congreso que suspendía el cobro de peajes durante el estado de emergencia por la COVID-19. Sin embargo, la sentencia también refleja los parámetros que el Poder Legislativo debe respetar al momento de sesionar de manera virtual. El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña responde en la siguiente entrevista al respecto.

¿Se puede interpretar la sentencia del Tribunal Constitucional como un pedido de mayor transparencia al Congreso?

En realidad, el Tribunal no ha hecho una solicitud. Lo que ha hecho es un control de regularidad constitucional. Para que el procedimiento virtual no viole parámetros constitucionales como el de la representación, el debate abierto y la transparencia, (el Congreso) de aquí en adelante tiene que seguir estas pautas: participación abierta, presencia efectiva de todos los congresistas en el debate y sin delegación de votos. El sentido de la representación se pierde si es que delegamos (los votos) a nueve portavoces. Eso se le ha dicho al Congreso, que tome los recaudos suficientes…

Como en otros países.

Efectivamente, no es difícil. En otros Congresos de América Latina se está haciendo para que todos puedan participar en los debates, aunque sean virtuales.

Es de obligatorio cumplimiento, ¿cierto?

Claro

Para que la gente entienda, lo que va a tener que ocurrir a partir de ahora es que se tendrá que escuchar de la boca de los 130 congresistas cómo vota cada uno.

Así es. La idea es que en estos temas no puede haber delegación, porque al congresista se le ha elegido para debatir y decidir. La idea de una Junta de Portavoces siempre ha sido más bien para adoptar decisiones administrativas o político-institucionales. No para reemplazar al resto de legisladores en su labor. Tienen que estar los 130 debatiendo.

Por eso le decía, es un pedido de mayor transparencia.

Es un pedido conforme a la Constitución, que reclama de todos los poderes públicos una actuación más transparente. Nosotros en el Tribunal predicamos con el ejemplo, con audiencias y discusiones públicas. Esa debe ser la práctica de quienes toman decisiones, para que la gente conozca las motivaciones de aquellas.

¿Los congresistas no podrían alegar que lo que dice su vocero es real? Quiero decir, hasta ahora no recuerdo a nadie que haya desmentido el sentido de un voto anunciado en las sesiones virtuales.

El congresista es elegido por los ciudadanos para que discuta los problemas más importantes del país, no para que, en una reunión interna, muy respetable, delegue en algún portavoz la voz que ellos tienen que expresar. Además, cuando el debate incluye a todos, es mejor, salen cosas nuevas desde diferentes perspectivas. No es lo mismo discutir entre 9 que entre 130.

Entonces, no es solo que se escuche el voto de los 130, sino que debatan los 130.

Exactamente, con un proceso abierto, transparente y con la deliberación de todos. Cada congresista debe asumir su función de debatir y sostener las posiciones que correspondan y materializarlas en su voto y no delegarlo.

Usted se preguntó el martes si es que las sesiones de madrugada ayudaban a la transparencia o no. Este punto no está incluido en la sentencia. ¿Debería el Congreso modificar esa conducta?

Lo que yo hice fue un fundamento de voto. Es decir, estoy de acuerdo con la conclusión a la que se llegó pero tengo elementos de juicio que explican el sentido de mi decisión. Por eso, voy más allá y sostengo que como consecuencia lógica de la transparencia que el Tribunal plantea, hay ciertas cosas que deben revisarse, y una de ellas es esta: ¿de qué transparencia hablamos cuando hay discusiones en el Congreso que terminan a las 3 de la mañana? ¿De qué transparencia hablamos cuando nos enteramos de las cosas porque alguien nos las cuenta, pero no hemos tenido la posibilidad real de ver qué pasó? No hay problema de que un Congreso pueda terminar el debate a una hora razonable y reanudarlo al día siguiente, ¿no?

Sí se recogió en la sentencia el tema de la exoneración del debate en comisiones.

Porque no está bien que se use de manera abusiva ese mecanismo de la exoneración. El Congreso está dividido en comisiones y la regla, en principio, es que los proyectos van a una o varias, donde sus miembros dan su opinión conocedora -supuestamente- y enriquecen a los demás con sus dictámenes. Cuando el presidente Vizcarra observó la ley de los peajes, lo que se debió hacer fue enviar el proyecto a las comisiones respectivas. No fue así: el Congreso obvió ese trámite para asegurar la insistencia en el Pleno. Ahí se perdió la oportunidad para matizar algunas cosas que, posiblemente, hubieran impedido la declaración de inconstitucionalidad a la que hemos llegado. A nosotros no nos gusta declarar que una ley es inconstitucional. Nos gusta que todo camine de acuerdo a la ley.

Lo de las comisiones es clave, sobre todo en un Congreso unicameral, ¿cierto?

Cierto, este punto está recogido en la sentencia de ayer (martes) y en pronunciamientos previos del Tribunal, porque no es primera vez que esto se genera como un problema.

Eso significa que no les han estado haciendo caso.

Bueno, eso quiere decir que hay que hay que insistir. Hay que plantear con claridad -como se ha hecho en esta caso- que estas prácticas no se deben dar y si se dan deben ser la excepción, no la regla. Hay situaciones de suma urgencia en las que no se puede esperar, sin embargo son casos particulares. Sobre todo, como usted ha dicho, porque no tenemos un Senado y no hay confrontación de posiciones. La única confrontación posible es la comisión frente al Pleno.

¿Cómo cree que el Congreso reciba la sentencia?

He escuchado de algunos congresistas que no están satisfechos con la sentencia pero que la van a cumplir, como corresponde en un Estado constitucional. Una sentencia no es para decorar una pared sino para hacerse efectiva. Y esto no es una interferencia en las funciones del Parlamento. Lo que ocurre es que la competencia del Tribunal es asegurar que todos ejerzamos nuestras funciones de acuerdo con los parámetros constitucionales.

¿La renovación del Tribunal debe verla este Congreso o el que viene, que tendrá cinco años de mandato?

No me corresponde decidir el momento de nuestro reemplazo. Nosotros hemos puesto nuestros cargos a disposición. Seguimos en ellos porque la ley orgánica del Tribunal nos lleva a eso. Independientemente de cuándo sea la renovación, lo que se debe asegurar es un proceso de elección transparente y objetivo. Va a ser clave cuando la comisión respectiva arme su reglamento y deba hacer precisiones importantes.

¿Cuáles precisiones?

Por ejemplo, definir el perfil de los aspirantes. Segundo, definir el tipo de examen que se realizará. ¿Debe ser solo de conocimientos, o se debe tomar en cuenta que es un cargo sometido a presión? Es decir, ¿se debería incluir un examen psicológico? Además, ¿habrá entrevistas? ¿Habrá posibilidades de tachas y hasta cuándo? En fin. Hay que pensar al detalle todo esto, porque es muy probable que la cantidad de postulantes sea muy alta.

Seguro se presentará una demanda de inconstitucionalidad por lo de la ONP.

Yo creo que van a llegar dos demandas. Una, la que usted menciona y otra, por la ley en la que el Congreso le dice a EsSalud que los trabajadores CAS pasen al régimen 728.