Padres de familia no pueden reemplazar atribuciones del Estado.

El enfoque de igualdad de género contenido en el currículo nacional de educación básica no tiene como finalidad promover la enseñanza de otros géneros distintos al masculino y femenino, sino desaparecer esas brechas que aún persisten entre varón y mujer en la sociedad y dar paso a una educación progresista basada en criterios de igualdad, tolerancia y no discriminación.

Así lo estableció la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que con el voto dirimente del juez Omar Toledo declaró infundada en todos sus extremos la demanda de acción popular interpuesta por el colectivo Padres en Acción contra aquel enfoque.

Lineamientos

En ese contexto, se considera que el currículo nacional de educación básica tiene como objetivo principal incentivar a que los alumnos (mujeres y varones) desde pequeños aprendan que la mujer no es inferior al varón, así como ir desterrando esa concepción de que solo los varones pueden salir a trabajar y las mujeres deben quedarse haciendo los quehaceres del hogar y cuidando a los hijos, entre otras.

El enfoque de igualdad de género en la educación no significa sino la plasmación de los principios básicos del Estado constitucional de derecho, esto es, el respeto por la dignidad humana y el rechazo de toda forma de discriminación, resultando vital que los ciudadanos del mañana sean educados bajo esas concepciones, detalla la resolución del supremo tribunal correspondiente a la Acción Popular Expediente N° 23822-2017 Lima.

Se señala, además, que la educación es un derecho y un servicio público fundamental para cualquier persona, que debe ser disponible, accesible, aceptable y adaptable con el objetivo de alcanzar el pleno desarrollo de los educandos.

Por ende, de la educación en sentido estricto se desprende el derecho de los padres a intervenir en el proceso educativo de sus hijos, precisa la resolución.

Sin embargo, esta prerrogativa de ninguna forma implica que los padres de familia tengan la potestad de reemplazar las atribuciones reservadas por mandato constitucional y/o legal al Estado, antes bien, deben encauzar su contribución mediante organizaciones colectivas que tengan legítima representatividad, agrega.

Aspecto relevante

Con el voto dirimente del juez Toledo se concluye que sexo y género no guardan el mismo significado. Toda vez que el primero se relaciona más con todo lo anatómico, es decir, con la configuración del cuerpo humano; mientras que el segundo se orienta en mejor medida a lo social y cultural, esto es, a regular las

conductas y vínculos entre varones y mujeres. En esas relaciones interpersonales salta a la vista la sensación de superioridad de lo masculino sobre lo femenino, señala la decisión judicial publicada.