María Rosa Villalobos

El sueldo mínimo y el stock mínimo de medicamentos genéricos en farmacias fueron dos de los temas que el gobierno decidió viabilizar vía decretos de urgencia.La idea de institucionalizar el proceso para determinar cuánto y cuándo se deberá hacer un reajuste del sueldo mínimo no es poco ambiciosa. En el papel –que todo lo aguanta–, se establecería la fórmula para el alza, ya definida en el 2007, y la periodicidad del aumento. En palabras del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, la medida aislará “los ajustes de las negociaciones políticas”, pues se usarán criterios técnicos.

No obstante, no es la meta sino el camino hacia ella lo que ha generado idas y venidas sobre este planteamiento. El reto está lejos del papel y bastante más cercano a un diálogo que se ha visto más de una vez frustrado en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Las centrales sindicales, los gremios y el Estado no han sido capaces de llegar a un acuerdo. En julio de este año los sindicatos se retiraron del CNT, lo que podría significar que el decreto de urgencia que se apruebe sobre esta materia encontrará en ellos a sus primeros críticos. La discusión, no obstante, se centra en la periodicidad del aumento, que según el Ejecutivo, podría hacerse cada dos años. ¿Por qué? Habrá que analizar el sustento técnico de dicha previsión cuando se publique la norma.

Considerando, además, que el gobierno busca promover un aumento durante el primer trimestre del 2020, resulta fundamental saber que solo el 3,6% de la población es beneficiaria formal con un salario igual o menor a S/930 (según cálculos del IPE).

Por otro lado, el decreto de urgencia que establece el stock mínimo de medicamentos se publicó el jueves, e incluyó también el seguro universal de salud. Para asegurar que los productos lleguen hasta los establecimientos de salud de todo el país, el Ejecutivo deberá respaldar el prolijo desempeño del operador logístico, a pesar de su poco expertise. Y, para comenzar con la implementación gradual del seguro universal, será necesaria una inversión de S/900 mlls. y una enorme capacidad logística para reorganizar o reordenar el sistema público, compuesto por Essalud –cuya deuda por aportaciones de instituciones públicas y privadas asciende a S/4.168 mlls. a octubre– y el Seguro Integral de Salud –que atiende a más de 17 mlls. de peruanos que no necesariamente se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema–.

Aunque se esperan más decretos, los ya publicados y anunciados dan pie a pensar que será inevitable que el Ejecutivo realice cambios en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020. Para Zeballos hay dos caminos: ratificar el proyecto original presentado en agosto, o realizar una revisión de su contenido, escuchando la opinión de todos los sectores. Pareciera ser que la segunda opción toma cada vez más fuerza. Y, de ser así, la ley de presupuesto se convertirá en la nueva foto de las intenciones del Ejecutivo.